El próximo domingo, 28 de abril, se cumplirá un año de la emergencia desencadenada por Hidroituango. A lo largo de este tiempo, el megaproyecto ha sido responsable de momentos de aumento y reducción extremos del caudal del río Cauca, que han generado evacuación de comunidades ribereñas y múltiples afectaciones socioambientales.

Empresas Públicas de Medellín (EPM), como responsable de la construcción de la obra, ha tomado decisiones técnicas para afrontar la situación. De ahí que su gerente, Jorge Londoño, haya convocado el pasado martes a la presentación de un balance de las acciones que han adoptado y que, prevén, sumarán en el sobrecosto de 3 billones de pesos que se calcula para el megaproyecto.

Según datos de EPM, hasta ahora han destinado 103.000 millones de pesos para atención a las comunidades afectadas y cuidado del medio ambiente. En relación con las primeras, aseguraron que han invertido más de 20.000 millones en ayudas para 5.626 familias, integradas por 17.184 personas. Entre ellas, se hallan quienes habitaban 70 casas que fueron destruidas por el río y otras 162 que resultaron afectadas.

Casi la totalidad de ellos son pobladores del corregimiento Puerto Valdivia y otros poblados ribereños ubicados más abajo. En compensación por ello, Londoño aseguró que “la zona del Norte antioqueño y del Bajo Cauca van a recibir muchos beneficios, y estarán mucho mejor”. En ese sentido, precisó que EPM invertirá el 3% de los ingresos por ventas de energía de Hidroituango en los municipios afectados.

El gerente también indicó que, si bien “el riesgo se ha disminuido significativamente”, persiste la alerta roja para Puerto Valdivia. Por esa razón, 132 familias aún permanecen evacuadas y otras a la espera de soluciones de vivienda: “Hemos logrado 46 negociaciones para la restitución de condiciones de vida con igual número de familias (…), continúa el proceso con otras 33”.

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que articula a comunidades y organizaciones afectadas por el megaproyecto, tiene objeciones al respecto. Isabel Zuleta, vocera en el departamento, comentó que “la atención a las comunidades ubicadas aguas arriba del embalse, que fue una de las exigencias de los líderes, aún no inicia. Familias que perdieron sus medios de vida y subsistencia, sus herramientas y en algunos casos sus viviendas, no han recibido ningún tipo de reparación”.

Recordó que hay campesinos que continúan albergados en el Coliseo Jaidukamá de Ituango, lo que ha generado tensiones con otros habitantes del municipio que reclaman el espacio deportivo; así mismo, que quienes permanecían en las oficinas de EPM en Sabanalarga fueron desalojados el 28 de febrero por el Esmad, aprovechando que algunos habían viajado a Medellín para participar en una audiencia sobre Hidroituango.

Además aseguró que, mientras el nivel de riesgo no desaparezca por completo, van “a seguir exigiendo un estudio de viabilidad o inviabilidad independiente, serio y basado en la observación y el análisis físico directo de lo que implica evacuar las aguas del embalse; esto con el fin de recuperar la confianza y reconstruir el proyecto de vida y las condiciones económicas en la zona afectada”.

Han presentado propuestas

Desde antes de la emergencia, los directivos de EPM han repetido públicamente que están dispuestos a dialogar; y distintas dependencias de los gobiernos nacional y departamental, a acompañar. Pero en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia aseguran que ha habido predisposición para escucharles sus necesidades e intervenir en el conflicto con la empresa.

Por eso, Isabel Zuleta y otros líderes del Movimiento han insistido en la importancia de establecer escenarios de diálogo como paso inicial para llegar a tener participación real en las decisiones sobre el presente y futuro de Hidroituango. En ese sentido, le solicitaron al equipo del nivel nacional de la Procuraduría que les ayudara a interlocutar con EPM.

Aunque la respuesta fue afirmativa, Zuleta aseguró recientemente que “no nos han convocado a ningún diálogo, mientras todos los días hay gente sufriendo sin que se solucionen las problemáticas”. Y recordó que “ya existía un espacio de diálogo con la institucionalidad, promovido por la Procuraduría, pero desconocemos las razones por las cuales no se ha reactivado con el actual Gobierno”.

Otras organizaciones sociales también han propuesto que se les permita a las comunidades –e inclusive a delegados de las gobernaciones de otros departamentos afectados, como Bolívar, Córdoba y Sucre– participar en el Puesto de Mando Unificado desde el cual la empresa y las autoridades monitorean el estado del megaproyecto y los niveles de riesgo. Al parecer, esto tampoco se ha concretado.

Desde el sector político, la bancada alternativa en el Congreso de la República, la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín se han pronunciado en favor de las comunidades y el medio ambiente afectados por Hidroituango. Como parte de sus funciones, convocaron a una audiencia de seguimiento que se realizó el 18 de febrero en el polideportivo de Tarazá, municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Aproximadamente 1.200 personas asistieron a la Audiencia de seguimiento en Tarazá. Foto: Agencia de Prensa IPC.

Apoyándose en los líderes sociales, reforzaron la propuesta de construir un documento Conpes –que esté articulado al Plan Nacional de Desarrollo– para superar la crisis ocasionada por Hidroituango. A través de dicha política, se implementarían programas y proyectos que ofrezcan desarrollo económico y social para los municipios que no fueron reconocidos dentro de la zona de influencia de la hidroeléctrica.

Actuando en representación del Gobierno Nacional, Ricardo Lozano, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, aprobó a finales de febrero la construcción de dicho Conpes. Ahora, de su implementación podría depender parte de las acciones que permitirían reparar colectiva y territorialmente las afectaciones generadas por Hidroituango.

Avanzan las investigaciones

“Estamos persiguiendo que salga a flote la verdad completa (…), que se abran los libros, se hagan públicos los expedientes y que sepamos todos, de la manera más transparente, qué es lo que está sucediendo”. Así lo manifestó el procurador Fernando Carrillo el pasado 27 de febrero, durante la Audiencia de vigilancia a Hidroituango que se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia.

Para ese espacio, el Procurador convocó a directivos de EPM, expertos en ingeniería y académicos que han tomado decisiones en torno a la hidroeléctrica. Allí, junto a otras autoridades civiles, escuchó las explicaciones sobre el estado del megaproyecto y las acciones a seguir. Y, junto con otros, le exigió a EPM estudios de viabilidad y proyecciones, a partir de las decisiones adoptadas desde el inicio de la emergencia.

Allí mismo, el contralor Carlos Córdoba informó que la entidad que dirige estaba ejecutando una solicitud de control excepcional. Ello implicaba examinar cerca de 200 contratos, por cerca de 6 billones de pesos, que han sido suscritos por EPM entre los años 2011 y 2017. Su objetivo, revisar las fuentes de financiación y los recursos invertidos para determinar si ha habido irregularidades, como detrimento patrimonial.

Sobre esto Isabel Zuleta, que ha sido partícipe del proceso de veeduría a Hidroituango, expresó hace un par de semanas que ya hay avances: “Uno de ellos, la visita de un delegado para la participación, de la Contraloría General, que arrojó un primer informe presentado en Bogotá. Y sobre los contratos, también hay avances en las investigaciones”.

Adicionalmente, el fiscal Néstor Martínez anunció el mismo día de la Audiencia que, en la primera etapa de investigación, esa entidad “identificó presuntas inconsistencias desde el inicio del megaproyecto, como presuntas anomalías en la fase precontractual y supuestas deficiencias en la celebración de los contratos, los estudios de diseño y ejecución de la obra, así como en las adiciones autorizadas a la firma contratista”.

Debido a esto, anunció que en marzo convocaría a audiencia de imputación a Luis Guillermo Gómez Atehortúa y Luis Javier Vélez Duque, quienes para la época eran exgerentes de Hidroituango S.A. y EPM Ituango. A ellos, se les formularían cargos por realizar contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pues el ente considera que EPM no tenía ni la experiencia ni la capacidad para ejecutar la construcción de la obra.

Esta vez la citación de la Fiscalía a audiencia es para Jorge Londoño, actual gerente de EPM. El próximo 6 de mayo, deberá presentarse en los juzgados penales municipales de control de garantías de Bogotá. Pero la vocera de Ríos Vivos asegura que, más allá de eso, “desconocemos las investigaciones disciplinarias, que son de suma importancia para la necesidad de avanzar en la justicia que solicitamos las comunidades”.

Por otra parte, tanto Jorge Londoño como Federico Gutiérrez, presidente de la junta directiva de EPM, anunciaron durante la Audiencia que se presentaría un informe de causa-raíz física de la emergencia. La conclusión, presentada dos días después, fue que la contingencia pudo deberse a la erosión del suelo del túnel auxiliar, ocasionada por el flujo de agua a través del mismo.

El imprevisto, señala el informe, obedecería a una deficiencia de diseño durante la etapa de asesoría, contratada por EPM con el consorcio conformado por las firmas de ingeniería Integral y Soingral. Ahora, para identificar los daños al interior del megaproyecto, la empresa contrató un estudio con una firma canadiense que determinará el estado de la casa de máquinas.

Entre tanto, los impactos ambientales generado por el megaproyecto en el cañón del Cauca tienden a agravarse. De hecho, la Fiscalía solicitó en días pasados medidas cautelares por la gravedad del riesgo en que se hallan la fauna, la flora y la vida de los pobladores ribereños por las alteraciones físicas, químicas y biológicas que está experimentado el ecosistema del río Cauca.

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