Entre ayer y hoy, una jueza de restitución de tierras de Quibdó realizó el procedimiento de devolución de los títulos de propiedad a campesinos despojados en la vereda Guacamayas. Fueron ocho familias beneficiarias, a las cuales les fueron restituidos doce predios que suman más de 600 hectáreas que se extienden entre los municipios de Turbo y Mutatá, ubicados en la región de Urabá.
De este modo, se le dio cumplimiento a la sentencia emitida el pasado 11 de diciembre por la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual ordenó “la restitución material y jurídica” de los predios Villa Fanny, Fabiola, Carmen Alicia, Santa María, Santa Fe, No hay como Dios, Deja que Digan, El Descanso, Fundación, Fundación I, Fundación II y La Candelaria.
Según la sentencia de la Corte, estas tierras pasaron por “un despojo ilícito producto de desplazamiento forzado porque si bien fueron realizadas negociaciones de compraventa sobre ellos, éstas fueron consecuencia del temor que originó la incursión violenta del grupo paramilitar comandado por Raúl Emilio Hasbún Mendoza, durante los años 1996 y 1997”.
A pesar de la presencia de los despojadores, los campesinos ya habían retornado sin acompañamiento institucional a las tierras, por lo cual fueron señalados como invasores e, inclusive, como falsos reclamantes. Aun así, la justicia les dio la razón después de más de diez años de litigio jurídico y acompañamiento por parte de organizaciones sociales, con lo cual su caso se convierte en un referente para los demás campesinos reclamantes.
Ahora, con los títulos de sus tierras, los campesinos les hacen un llamado a las instituciones del Estado para que les brinden garantías de seguridad, necesarias para la permanencia en su territorio y la protección de sus líderes y lideresas. Además, exigen que este proceso de restitución esté acompañado de proyectos productivos integrales, para garantizar su autonomía económica y soberanía alimentaria.
Esta diligencia de restitución se da en un momento de preocupación debido a que faltan tan solo dos años para que termine la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). Esto a pesar de que datos de la Fundación Forjando Futuros revelan que aún no se ha alcanzado ni siquiera el 5% de la meta en restitución en la región de Urabá. En efecto, de 6.824 solicitudes de restitución presentadas, tan solo 163 tienen sentencias dictadas por jueces.
