¿A dónde van los desaparecidos?

Artículo de opinión elaborado por la abogada Johana Roldán Galeano.

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Foto: Gabriela Gil, Corporación Jurídica Libertad.

Del 27 al 31 de mayo se conmemoró la Semana del Detenido Desaparecido que, para el caso colombiano, según cifras del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) rondan las 82.998 víctimas.  La sociedad y las familias se movilizan en estas fechas, en una aspiración contundente por saber qué paso con sus familiares, dónde están, quiénes son los determinadores de las desapariciones. Ahora, la incertidumbre de saber qué pasó con sus seres queridos es la sensación que acompaña cada día a los familiares como víctimas indirectas.

La desaparición forzada busca eliminar al sujeto, no solo deshumanizándolo sino sacándolo de la esfera de control de la sociedad; hacerlo invisible bajo el ocultamiento previa retención.  Los impactos psicológicos, emocionales y morales a la vida en relación y al tejido social que deja este flagelo son indescriptibles para las familias y la sociedad. La desaparición forzada está intencionada al ocultamiento del individuo, a la par de la generación de zozobra en la sociedad como mecanismo de control hegemonizante.

Es por ello que el  día 30 de mayo, se congregaron en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra algunos de los familiares que hacen parte del Movice, Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (Asfaddes), la Mesa Departamental de Desaparición Forzada y otras organizaciones en un plantón donde podían verse algunas de las fotografías de los miles de desaparecidos de Antioquia, con el fin de recordar a sus seres queridos y solicitar al Estado el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales encaminados a la búsqueda.

¿Qué avances tienen hasta ahora?

Se trata de víctimas con procesos de largo aliento en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, con activación del mecanismo de búsqueda urgente; registro en el Sistema de Información Red de Desaparecidos Cadáveres (Sirdec) y en el Registro Único de Víctimas (RUV), pero aún sin respuestas. A medida que pasan los años la zozobra aumenta.

Precisamente, Luz Mery Velásquez de la Mesa Departamental de desaparición forzada considera fundamental avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas, la reparación y atención en salud mental de los familiares, quienes en su grueso son mujeres y madres.

“El Bloque Cacique Nutibara de las AUC reconoció la desaparición de 146 personas, las familias tienen otros datos para así construir un plan en consenso con las víctimas, con quienes conocen los lugares como son las Juntas de Acción Comunal (JAC), y entender que muchas familias no han declarado por temor, o por culpabilidad pues a las víctimas nos devuelven la culpa social e institucionalmente”, son las palabras de Marta Soto, secretaría técnica del Movice en Antioquia.

“Con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) hemos trabajado muchísimo y tenemos muchas expectativas con la oficina más cercana que ahora tendremos, que es la de Rionegro (…) Queremos hablar con la Unidad, coordinar metodológicamente para que a todos nos den razón de que al familiar sí lo han buscado, pues hasta ahora eso no lo hemos tenido”, agrega Soto.

El Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición

La Sección para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó un estudio de las medidas cautelares solicitadas por el Movice en el año 2018, para procurar el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares ubicados en el departamento de Antioquia, donde se presume la existencia de restos óseos de personas desaparecidas.  Tales lugares se hallan en los municipios de Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío

Ante la necesidad de llenar los vacíos de información existentes, el pasado 2 de febrero, mediante Auto 02, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP resolvió solicitarle a la directora del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), de la Fiscalía General de la Nación, lo siguiente:

A). Toda la información relacionada sobre las cifras y estadísticas de desaparición forzada relacionada con los 16 lugares que están bajo estudio en esta actuación; b). Toda la información acerca de la asesoría prestada por parte de la empresa Falcon High Tech, para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la ciudad de Medellín, especialmente en los lugares «La Escombrera» y en el Cementerio Universal, en lo referente a metodología utilizada, conceptos aplicados, cartografía, actas y conclusiones de lo encontrado; c).  Al Gobernador de Antioquia, a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la empresa Socya entregar información sobre búsqueda de personas desaparecidas en municipios aledaños al proyecto Hidroituango, entre otras que permitan documentar los casos puestos en conocimiento por las organizaciones de víctimas de desaparición forzada en Antioquia.

En concepto de Marta Soto, del Movice, “se tiene una expectativa con los 16 puntos que se solicitó a la JEP proteger con medidas cautelares. Para nosotros todos son muy importantes. En el actual contexto, el cañón del río Cauca nos preocupa muchísimo”, señala.

Precisamente en virtud de estas solicitudes y autos emanados de la JEP, aunado a la aplicación del enfoque diferencial, territorial, étnico y participativo, las organizaciones de víctimas ven una esperanza en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (particularmente a través de los mecanismos de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas) para el avance paulatino desde una búsqueda humanitaria. Esto sin dejar de lado otros procesos iniciados en contextos de justicia ordinaria y transicional previos.

Finalmente, los aspectos innegociables son la construcción de un plan de búsqueda consulto, es decir, con participación de las víctimas; medidas de atención psicosocial y recuperación emocional; y garantías para los derechos a la verdad, justicia, no repetición y reparación integral.

* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de la autora y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).

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