Detrás de la supuesta “oferta de seguridad” de los grupos criminales, que presionan a comerciantes y venteros ambulantes de Guayabal y el centro de Medellín a pagar cuotas por servicios de “vigilancia”, por el uso del espacio público o por créditos paga diario llamados “gota a gota”, se erige un circuito económico ilegal que le deja al crimen organizado un recaudo de 28 mil 727 millones de pesos anuales. Dinero que está siendo drenado del patrimonio o del diario vivir de los afectados.
El dato fue revelado el pasado 7 de junio durante la presentación de resultados de la investigación Coerción extorsiva en Medellín. Estudio en las comunas La Candelaria y Guayabal, realizada por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) en alianza con la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín.
La investigación indagó por el fenómeno de la extorsión en la Comuna 10 (Candelaria), centro de Medellín, y la Comuna 15 (Guayabal), suroccidente de la ciudad. En estas dos zonas, explicó Soledad Betancur, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), se les preguntó a los comerciantes y a los venteros ambulantes, si eran extorsionados y el valor del monto que debían pagar. El 50% de las personas consultadas respondieron que estaban siendo extorsionadas.
Durante las indagaciones el equipo logró establecer que en el comercio formal del centro de la ciudad, quienes pagan el menor valor son las microempresas que, en promedio, cancelan cuotas extorsivas de 40 mil pesos semanales, mientras las grandes empresas pagan 500 mil pesos a la semana. Por su lado, los vendedores ambulantes pagan en promedio 27 mil 500 pesos semanales, siendo 2 mil pesos la extorsión mínima.
En la zona de Guayabal, la cuota para las primeras también es de 40 mil pesos y para las segundas de 350 mil pesos en promedio. “En el caso de esta comuna no consideramos a los informales por asuntos de proporción”, aclaró la investigadora del IPC.
Teniendo estos datos, el siguiente paso del estudio fue establecer el valor total que podría estar recaudando el crimen organizado a través de la coerción extorsiva. Para eso, explicó Betancur, se cruzó la información con registros de la Cámara de Comercio de Medellín y la Gerencia del Centro, según los cuales en Guayabal hay en total 4.724 empresas y en el centro de la ciudad 20.735 empresas y 9.832 venteros ambulantes.
“Con base en la información recogida planteamos tres escenarios. El más conservador asume que el 50% de los comerciantes está siendo extorsionado, este es el dato mínimo que nos decía la gente. Y el escenario más alto se proyecta sobre el porcentaje que ha revelado Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), según el cual el 90% del comercio es extorsionado”, explicó Betancur.
Esto quiere decir que, si en efecto el 90% de los comerciantes son extorsionados, la suma que recauda al año el crimen organizado de Medellín por cobros de coerción extorsiva en las comunas 10 y 15, sería de 146 mil 530 millones de pesos.
Se ha naturalizado el pago extorsivo
Uno de los testimonios publicados en el libro corresponde a un habitante del centro de la ciudad que cuenta lo siguiente:
«Yo le pregunté a la vendedora de frutas del parque por qué ya no tenía la carreta tan surtida como antes, pues creía que le estaba yendo mal con el negocio; pero ella me respondió que no podía surtir mucho porque le veían el negocio con mucha mercancía y entonces le subían la cuota [de extorsión]».
El testimonio revela tres aspectos de la extorsión en la ciudad: la institucionalización de esa práctica coercitiva, la manera como las personas conviven día a día con el problema y las estrategias que implementan los afectados para tratar de evitar o reducir el valor del cobro extorsivo.
Según Jorge Coronel, otro de los investigadores del equipo del IPC, la extorsión es un fenómeno complejo de analizar porque hay un alto subregistro. En muchos casos no hay datos ni denuncias, y hasta ocurre que “la gente no asume que está siendo extorsionada, sino que está dando una cuota, una colaboración o contribuyendo a una rifa”.
Algo similar pasa con la modalidad del “gota a gota”, que para algunos no es asumida como extorsión sino como una forma de préstamo que incurre en usura, es decir que cobra más intereses de los permitidos. En esta práctica, la coerción comienza cuando la persona no puede pagar el dinero y sus intereses, explicó Juan Diego Posada, investigador de InSight Crime, quien participó en el conversatorio con el cual se socializó la investigación del IPC y la Secretaría de Seguridad en el Museo de Antioquia, centro de Medellín.
“A medida que usted no puede pagar entonces yo lo violento o empiezo a hacerme cargo de sus propiedades. Entonces [los delincuentes] empiezan a acceder a carros, a casas y a escrituras, y su plata queda legal”, anotó Posada.
La novedad y la rentabilidad de este préstamo paga diario es tal, que el modelo fue exportado por el crimen organizado colombiano a otras naciones de América Latina como Brasil, México y Chile. En sus investigaciones en esos países InSight Crime, encontró que “en todas las estructuras donde había ‘gota a gota’ siempre había un colombiano, o el que las empezó fue un colombiano, entonces nosotros empezamos a creer que básicamente este es el primer fenómeno de crimen organizado que está exportando Colombia a nivel internacional”.
En el caso de Medellín, manifiesta la investigadora del IPC, ésta y las demás prácticas extorsivas pudieron establecerse a través de los años porque los actores ilegales previamente instalaron el miedo a través de la muerte y la amenaza, para luego entrar a regular la vida social y económica de las comunidades. Por eso existe el temor entre las personas para resistirse a la extorsión, porque negarse a pagar podría acarrear castigos como el desplazamiento forzado o, incluso, el homicidio.
“Esto indica que la política de seguridad es insuficiente para resolver la problemática, es decir, que no basta con las capturas, el incremento de la policía y el aumento de cámaras de vigilancia, hay que conocer en el fondo por qué en la cultura de la ciudad se instala el miedo y prima más la capacidad de regulación de una estructura ilegal que de las instituciones del Estado”, concluye Betancur.
Justamente lo que buscan este tipo de estudios, explicó Juan José Moncada Carvajal, investigador del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín, es “traza un hilo conductor en materia de investigación cualitativa sobre una gran problemática de seguridad para la ciudad, donde en cada estudio también se presentan no solo resultados de análisis sino recomendaciones para los tomadores de decisiones”.
Por ello, con la investigación presentada por el IPC ya son tres los estudios sobre extorsión desarrollados en la ciudad en alianza con la Secretaría de Seguridad y Convivencia. El primero, titulado ¿Cómo comprender hoy la extorsión en Medellín?, fue realizado en 2016 por investigadores del Sisc y publicado en el boletín virtual N° 5 del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC. El segundo, titulado Extorsión en Medellín. ¿Qué es y cuáles son sus principales manifestaciones?, fue realizado por el Observatorio de Seguridad Humana, adscrito a la Universidad de Antioquia. Esta publicación, presentada en 2018, estudia los casos de las comunas 2 (Santa Cruz), 5 (Castilla), 15 (Guayabal) y 16 (Belén).
El propósito, anotó Moncada, “es ampliar las visiones sobre los problemas de seguridad en la ciudad, considerando que más que una práctica delictiva o una renta criminal, la extorsión es un fenómeno altamente complejo, además ligado a otras problemáticas de la criminalidad en la ciudad y el Valle de Aburrá, por lo tanto, requiere metodologías de intervención más allá de la clásica operatividad”.
Con estos estudios, agregó el funcionario, se está aportando información “novedosa, cualificada y rigurosa” para que los tomadores de decisiones de Medellín implementen mejores acciones en materia de seguridad. Por eso, los estudios no solo presentan hallazgos sino también recomendaciones sobre cómo enfrentar el fenómeno de la extorsión.
