En entrevista con la Agencia de Prensa IPC, el abogado Yesid Reyes Alvarado, director del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia, manifestó que en el país hay un movimiento orientado a deslegitimar e incluso acabar la Jurisdicción Especial para la Paz que hace parte el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de NO Repetición pactado en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la otrora guerrilla de las FARC.

De Acuerdo con el jurista los ataques contra la JEP se han centrado en cuestionar la competencia de ese tribunal especial para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado. En ese sentido, surgen “los intentos de hacer modificaciones que le permitan a la justicia ordinaria investigar muchos de esos casos. A eso estaban dirigidas la mayoría de las objeciones que el exfiscal, Néstor Humberto Martínez, le vendió al Gobierno nacional”.

El ataque más reciente lo encabeza un grupo de ciudadanos que, a través de una campaña liderada por víctimas de las FARC y de la Corporación Rosa Blanca, está recogiendo firmas para derogar la JEP por medio de un referendo.

Poco antes de que se conociera esta iniciativa, a principios de junio, el expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez, propuso públicamente “suprimir” la JEP y crear un tribunal de justicia transicional en la Corte Suprema de Justicia. Esto, luego de que el Congreso de la República hundiera las objeciones a la Jurisdicción presentadas por el Presidente, Iván Duque, decisión que fue ratificada por la Corte Constitucional.

A pesar del panorama, Reyes cree que la JEP ha soportado bien los diferentes ataques que ha recibido. Esto fue lo que dijo el abogado en Medellín, donde participó en el conversatorio Análisis de coyuntura: debates en torno a la justicia transicional y la democracia en Colombia, realizado el 11 de mayo por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia y el Instituto Popular de Capacitación (IPC). 

 

Participa en Medellín en un conversatorio sobre justicia transicional y democracia, ¿dónde ubica usted hoy los principales debates en este campo en Colombia?

Lo que estamos viendo en los últimos meses es una prolongación del debate que generó el plebiscito por la paz, entre los partidarios de implementar el Acuerdo de Paz tal como quedó convenido, y los partidarios de reformularlo porque no están de Acuerdo con sus principios fundamentales.

En el momento del plebiscito los partidarios del NO eran oposición al gobierno, y desde ese punto de vista actuaron y consiguieron un triunfo, estrecho pero un triunfo finalmente, y hoy en día cuando la mayoría de los que lideró el NO en el plebiscito están en el gobierno, pues están continuando con su trabajo de modificar en aspectos sustanciales el Acuerdo de paz, y eso responde a una visión específica de Estado y a una visión específica de gobierno. Eso es lo que tiende esos puentes hoy entre la paz y el Estado democrático de derecho.

Esas disputas que se dan en lo político, y en ocasiones trascienden a lo jurídico en las Cortes, ¿cómo impactan a las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de NO Repetición, en especial a la Justicia Especial para la Paz?

Impacta mucho a las instituciones del Sistema: Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por  Desaparecidos y JEP, porque los temas alrededor de los cuales está girando el debate son, primero, temas relacionados directamente con justicia, que es muy curioso porque ese no es el único punto que se acordó en La Habana. Pero, además, dentro del asunto de la justicia, la discusión se está centrando mucho en la competencia para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado, porque hay intentos de hacer modificaciones que le permitan a la justicia ordinaria investigar muchos de esos casos. A eso estaban dirigidas la mayoría de las objeciones que el exfiscal, Néstor Humberto Martínez, le vendió al Gobierno nacional.

Y un segundo punto, alrededor del cual también viene girando la polémica, es la posibilidad o imposibilidad de participación en política de los dirigentes de la FARC antes de que cumplan con la sanción [que deberá imponerles la JEP por los crímenes cometidos en desarrollo del conflicto].

Esos que parecen dos puntos pequeños y superficiales son, en el fondo, el núcleo central del Acuerdo. Si se afectan esos puntos del Acuerdo de Paz: la oportunidad de participar en política y la posibilidad de que los excombatientes de las FARC sean investigados, juzgados y eventualmente condenados por un tribunal especial [en la justicia ordinaria], pues se están socavando las bases del Acuerdo de Paz.

¿Cree usted que se está debilitando la legitimidad de la JEP con escándalos como el de Santrich, con las objeciones del Gobierno y con otras iniciativas similares?

Yo creo que sí hay una intención de debilitar la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene como propósito final la derogación misma de la JEP. Desde el partido de gobierno se ha dicho varias veces, incluso recientemente, que el propósito es limitar o disminuir los poderes de la Jurisdicción en favor de la justicia ordinaria, o, la propuesta más radical, derogar la Jurisdicción, darla por terminada, y entregarle la investigación y el juzgamiento de esos delitos ocurridos durante el conflicto armado a una sala especial que se crearía en una de las Cortes.

Entonces parece evidente que hay un movimiento importante orientado a deslegitimar la Jurisdicción Especial para la Paz y de ser posible a acabarla.

¿Qué tanto cree que se ha deslegitimado la JEP hasta ahora?

Yo creo que la Jurisdicción Especial para la Paz ha soportado muy bien estos embates. La última encuesta que vi, hace unas tres semanas, ponía a la JEP en un nivel de imagen positiva comparable al de la Corte Constitucional, a diferencia de la imagen negativa que tienen instituciones como la Fiscalía, del 62% de negatividad, o la misma rama judicial.

¿Y qué implica que se cree un escenario en la justicia ordinaria?

Pasar la investigación de los delitos a la justicia ordinaria supone incumplir, como decía, un aspecto central del Acuerdo de Paz. Si uno quisiera simplificar excesivamente el Acuerdo, uno diría que la guerrilla aceptó entregar las armas a cambio de ser investigada y sancionada por un organismo judicial independiente.

En junio de 2018 usted declinó a ser magistrado de la JEP y optó por seguir defendiendo el Acuerdo de paz desde la academia. ¿En retrospectiva cómo ve hoy esa decisión?

Estoy cada día más convencido de que tomé la decisión correcta. Estar al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz como magistrado impone muchísimas limitaciones; las limitaciones propias de tener la investidura de juez, es decir, pronunciarse únicamente a través de decisiones judiciales, y solo respecto de los problemas que un caso específico presenta.

En cambio, estando fuera de la JEP yo he tenido la oportunidad de seguir opinando públicamente sobre las controversias que han surgido alrededor del Acuerdo de Paz y de la Jurisdicción, participo en programas de opinión, he continuado escribiendo columnas y, por su puesto, desde la universidad hemos desarrollado instrumentos tendientes a difundir el Acuerdo y las instituciones que lo acompañan.

En la Universidad Externado estamos sacando, hace alrededor de un año, una serie de libros pequeños e ilustrativos sobre qué es la justicia transicional, qué es la responsabilidad por mando, qué son las amnistías o que es eso que el exprocurador, Alejandro Ordóñez, llamaba la ideología de género. Entonces, puedo hacer mucho más por defender el proceso de paz desde la academia que si me hubiera posicionado como magistrado de la JEP.

¿Cómo entender un proceso de transición que, de alguna manera, es atípico, es decir que se da en medio de la intensificación del conflicto en algunos territorios?

La gente tiende a identificar proceso de paz con dejación de armas y cese del conflicto armado y eso es un error. Eso, con todo lo que costó, es solamente el comienzo de la solución; haber logrado que la guerrilla dejara las armas y que la intensidad del conflicto disminuyera, lo que consigue realmente es abrir las posibilidades para un cambio profundo en temas de estructura social y económica del país que fueron considerados en la negociación como generadores de violencia.

Entonces, ¿qué es realmente el proceso de transición? El proceso de transición comienza con la dejación de las armas y la cesación del conflicto armado, pero tiene que estar orientado fundamentalmente a corregir las principales causas que dieron lugar al conflicto. Por eso es tan importante el tema de la reforma rural integral, insistir en una apertura cada vez más amplia a la participación política y trabajar en la solución al problema de las drogas en la dirección correcta.

Dicho de una manera más simple: el Estado tiene que llegar a todo el territorio nacional no solo para llenar el vacío que deja la guerrilla desmovilizada, sino para corregir los problemas estructurales que en esas regiones fueron determinantes para que surgiera o se prolongara la violencia en el país.

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