Comisión de la Verdad documentará “el problema de la tierra” en Urabá

Colombia tiene más de 8,8 millones de víctimas del conflicto armado interno registradas oficialmente. De ellas, al menos 1.013.711, equivalentes al 17%, reportaron como lugar de ubicación algún municipio de Antioquia. Y en Urabá, su subregión más extensa, se hallan aproximadamente 316.438 víctimas, que corresponden al 31,2% del total de registros en el departamento.  ( Mira el cuadro al final sobre hechos victimizantes )

Por razones como esa, el equipo de la Macrorregión Antioquia y Eje Cafetero de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) priorizó a Urabá para iniciar su despliegue territorial. Producto de ello, se inauguró en el municipio de Apartadó una Casa de la Verdad. En ese espacio, las víctimas –y otros actores– pueden entregar sus testimonios para contribuir al reconocimiento de lo ocurrido y la construcción del informe final de la Comisión.

Desde la perspectiva de Max Yuri Gil, coordinador de la Macrorregión, una de las victimizaciones más recurrentes ocasionadas por la violencia armada en Urabá está relacionada con “el problema de la tierra”. Este se ha evidenciado en el despojo y abandono forzado de predios rurales, como estrategia de un conjunto de actores legales e ilegales para favorecer la concentración de la tierra con fines de agroindustria y proyectos de infraestructura.

Según cifras de la Fundación Forjando Futuros, desde 2011 –cuando arrancó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras– hasta abril de 2019 habían sido restituidas 5.364 hectáreas en Urabá, que corresponden tan solo al 4% de los predios que reclaman los campesinos de esa subregión. En el 82% de los casos de despojo y abandono registrados, los victimarios fueron grupos paramilitares; en el resto, guerrillas (10%), grupos armados no identificados (3%) y el Estado (1%).

Precisamente algunas víctimas de ese despojo: campesinos organizados en la Asociación Tierra y Paz y la Asociación Campesina de La Teca, se reunieron durante la tercera semana de mayo en la vereda La Teca, de Apartadó. Hasta allí también llegaron sus vecinos de California y Nueva Unión, ambas del corregimiento de Nueva Colonia, para acordar con delegados de la Comisión cómo aportar al esclarecimiento de la verdad en su territorio. Asimismo, participaron dos organizaciones sociales que los acompañan en sus procesos de reclamación: Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Aunque ya se habían reunido en febrero, el objetivo de esta segunda visita a La Teca fue definir conjuntamente cómo documentar la problemática en torno a la disputa por la tierra, en la que se han visto involucrados campesinos, grupos armados, empresarios, entre otros. Justamente para avanzar en ese proceso, que finalizará a mediados de 2020, acordaron recolectar documentos y testimonios, y recorrer el territorio.

Verdad por restitución

Desde hace aproximadamente 40 años, los campesinos empezaron a colonizar terrenos baldíos y a luchar por la propiedad de los predios. Sin embargo, durante la década de 1990 fueron despojados de gran parte de los terrenos que, actualmente, están en poder de empresarios y particulares. Quienes aún permanecen en su territorio dicen: “Nosotros hicimos estas veredas y hoy somos los que tenemos miedo de estar aquí”

Ese temor se debe a que continúan siendo agredidos por distintos actores, con el fin de que abandonen sus tierras. Y a pesar de sus denuncias, no se ha logrado esclarecer el origen último de las agresiones, que conducen a su vez a la estigmatización. “Según los testimonios de los campesinos, en mucha parte de la región todavía esto tiene ‘puntos’ por todo el territorio: eso es una estructura todavía de corte paramilitar; o sea que tienen sus armas, sus radios, sus medios de comunicación, sus motocicletas, y están en todas las veredas”, aseguró Martha Peña, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Además de eso, los campesinos acusan a los empresarios que se apropiaron de parte de sus tierras de implementar estrategias para terminar de desplazarlos “disimuladamente” de su territorio. Una de ellas ha sido obstruirles los caños que desaguan en el mar, para provocar la inundación de los predios. Como resultado, se pierden los cultivos y la tierra deja de ser rentable para su subsistencia.

En ese sentido, a los campesinos les preocupa el que algunas de las tierras que reclaman ya están ocupadas por obras de infraestructura como Puerto Antioquia. Este tipo de proyectos “traen pobreza porque el valor del catastro va a incrementar por hectárea. Y si ahora no nos da para sostenernos, después vamos a ser desplazados”, comentó uno de ellos, que considera que “a este paso ya las tierras van a ser industrias”.

En palabras de Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, “los campesinos están viviendo un nuevo momento, que es Puerto versus propiedad de la gente. ¿Cómo lo están haciendo? A través de procesos judiciales, taponando los caños, impidiendo que la gente pueda producir. Con la cercanía al mar y al Puerto, estas tierras les interesan mucho –a los empresarios–; es de las tierras más caras en el tema bananero”.

Esas condiciones generan escepticismo entre los campesinos, quienes expresan: “A nosotros todo el mundo nos pregunta por la verdad; les decimos la verdad. ¿Y a nosotros quién nos dice la verdad? Nadie”. Aun así, confían en que esclarecer la verdad podría conllevar a que la justicia avance en los procesos de restitución de tierras. Con esa disposición, se comprometieron a crear un comité para interlocutar con la Comisión.

Al final, los campesinos de Nueva Unión, California y La Teca, así como los de otros municipios de Urabá, esperan que el trabajo de la Comisión no se reduzca a una publicación académica. Buscan evidenciar, más allá de eso, los cambios de propiedad y uso del suelo producto de la violencia, y que los empresarios los reconozcan como los legítimos dueños de las tierras que les fueron despojadas.

Por todo lo anterior, “es importante que la Comisión conozca de primera mano la versión y la historia del despojo de tierras en Urabá, que continúa generando dificultades para que los campesinos tengan tierra y la conserven, y por lo cual las agresiones no han terminado pese a todas las negociaciones de paz», comentó Martha Peña. Y agregó que, «tarde o temprano el Estado y la sociedad deben afrontar que unos pocos tienen la tierra y que obstaculizan su distribución, y que detrás de la concentración de la tierra hay mucha sangre y violencia”.

Fuente: Construcción propia con datos de la Red Nacional de Información, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.