¿Quién protege a los líderes sociales?

Artículo de opinión elaborado por la abogada Johana Roldán Galeano.

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Foto: verdadabierta.com

Los homicidios selectivos de los líderes y lideresas sociales se han naturalizado, la sociedad pareciera no sentir dolor ni interrogarse sobre ello. ¿Por qué está pasando? ¿Quiénes están ordenando estos homicidios? Y, ¿qué pretenden con ello?

En el año 2018, según información del Cinep, fueron victimizados 98 líderes sociales. Pero la mayoría de los casos de homicidios fueron registrados como hurtos o venganzas por cobro de préstamos gota a gota. En esta misma línea, la plataforma Somos defensores ha señalado que en el año 2018 fueron asesinados 150 líderes y lideresas; y 800 más fueron víctimas de agresiones, tales como atentados, amenazas, hostigamientos y judicializaciones[1].

Estos hechos, si bien han ocurrido en lo largo del territorio nacional, tienen una concentración en territorios en disputa de actores armados legales e ilegales interesados en la biodiversidad, la tierra y la multiplicidad de economías legales e ilegales. Lugares donde, a su vez, se han movilizado las comunidades por la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y medioambientales que históricamente les han sido cercenados.

Carlos Guevara, analista del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, afirma que desde febrero de 2018 “se han emitido 67 alertas tempranas sobre los riesgos de líderes/as en el país”, que, al parecer, no han sido atendidas por el gobierno nacional pues, según este funcionario, no hay un presupuesto destinado a la protección colectiva de líderes sociales en el Plan Nacional de Desarrollo[2], recientemente aprobado en el Congreso de la República.

Precisamente, preocupa cómo la violencia selectiva contra líderes y lideresas se instaló y naturalizó; socialmente hay indiferencia a la crueldad de los daños y persecuciones que los líderes y lideresas deben soportar a diario en un contexto en el que el Estado tiene que protegerlos y no lo hace; justifica las violencias y teje hipótesis que van desde lo pasional hasta los presuntos hurtos o ajustes de cuentas.

Los homicidios de líderes y lideresas sociales en Colombia son selectivos, porque se elige, observa y planea de forma premeditada la forma de anular a esa persona considerada enemiga; porque pretende silenciar la voz de sus reclamos, anular a los opositores, a los campesinos, desarraigados y defensores que alzan su voz contra unas dinámicas de violencia que parecieran no detenerse.

De fondo, las amenazas y el exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales causan un daño individual, familiar, y van tejiendo un daño colectivo que busca extinguir todo proceso organizativo y de exigibilidad de los derechos humanos, cercenando las bases de la participación democrática.  Con los homicidios selectivos se crea un terror colectivo, una sociedad que sabe quiénes causan estas muertes pero que tempranamente aprende que quien se oponga o reclame correrá la misma suerte. Los determinadores de estas violencias, imponen un régimen de temor, control territorial, impunidad y permanencia del modelo hegemonizante, haciendo uso de un modelo de violencia sistemática que históricamente ha sido funcional a la instalación y sostenimiento de un modelo de control territorial y social, donde el Estado ha sido connivente e inoperante mientras los líderes y lideresas son discriminados y estigmatizados.

Esa permanencia del modelo se observa al analizar el primer trimestre de 2019 (enero-marzo), en el que se presentaron 245 agresiones, un incremento del 66% en comparación con el mismo periodo de 2018[3], tiempo en el cual entró en vigor la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto; desde 2016, más de 366 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados y 1.477 más, amenazados[4]

Es por ello que debemos preguntar al Estado, en todos sus niveles, por la eficacia simbólica y material de las políticas públicas de prevención, protección y garantías de no repetición de los hechos. En Colombia, según información de la UNP, 4500 líderes sociales cuentan con medidas de protección, pero no se han implementado planes colectivos de protección ni se aprobaron recursos idóneos para la protección a líderes y lideresas en el Plan Nacional de Desarrollo, reina la impunidad en la judicialización de los responsables incluyendo los determinadores; y la sociedad viene siendo polarizada a partir de la desinformación. Sin atisbos de predecir el futuro, podemos asegurar que las graves violaciones contra los derechos humanos de líderes y lideresas no van a cesar, la posición del gobierno nacional no va a cambiar, por lo que  la sociedad civil, de forma unánime debe rechazar las violencias a la vida e integridad física de los líderes/as y defensores de derechos humanos a la par que los organismos de control cumplen su labor.


[1]https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/evento-lideres-sociales-y-sus-propuestas-de-autoproteccion-en-la-feria-del-libro-articulo-857919

[2]https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-riesgo-contra-lideres-sociales-ya-lo-hemos-advertido-defensoria-del-pueblo-articulo-857947

[3]https://somosdefensores.org/2019/04/23/la-naranja-mecanica/

[4]Ibíd.

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