Su cuerpo tenía muchas moscas. Muchas. Y estaba descompuesto, es lo que dice Luis Fernando Vargas, el sepulturero. Era un muchacho de unos 15 años del que no sabe su nombre. Su tumba es una pared blanca como todas; sin nombre ni fecha, como pocas. Fue la última persona sin identificar que recibió en el cementerio de Rionegro, en el Oriente de Antioquia, hace más de un año.
A unas pocas bóvedas se lee una fecha: 21 de abril de 2003. Ese día, agrega Luis Fernando, al cementerio llegaron 15 cuerpos escoltados por soldados. Dos de ellos eran militares y fueron identificados; los demás, permanecen en lo más alto de la pared, a cuatro metros del suelo, solo visibles con el mismo mensaje: el día que los llevaron al cementerio. Están en lo más alto porque sus tumbas no se abrirán en mucho tiempo ni tienen familiares que les llore a su lado. Están de paso, en tránsito, esperando.
Luis Fernando suma 200 personas sin identificar, hombres en su mayoría que el Ejército traía de San Carlos, San Francisco, San Luis, Granada, Cocorná, Sonsón y demás pueblos lejanos de esa región de Antioquia. Hasta que un día el obispo se enojó y pidió que no llevaran los cuerpos al cementerio de Rionegro, que ya era suficiente.
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La carta no tiene firma y Benjamín la recibió en su correo. “Soy una mujer común y corriente, soy hija, soy mamá, soy hermana, soy tía. Crecí en un hogar humilde lleno de muchas necesidades, las que me llevaron a la guerra buscando una mejor vida.” La remitente no escribió la carta a Benjamín y su esposa Beatriz, aunque fueron los intermediarios, sino a un grupo de familias de Argelia que perdió sus hijos en la guerra.
“Sé que cometí errores. Sé que permití que muchos de sus hijos se vincularan a la organización. Sé que atenté contra los valores y principios de la dignidad humana. Eso lo he admitido públicamente y lo he confesado en los estrados judiciales desde mi desmovilización. Una vez más les pido perdón.” Eso escribió Elda Neyis Mosquera el 3 de diciembre de 2018, cuando aún estaba recluida en Carepa y no estaba autorizada para viajar a reunirse con las víctimas en Argelia. Elda Neyis, o Karina como se conocía en la guerra, fue una de los excombatientes que se comprometió con Benjamín Cardona y su esposa Beatriz Montoya a apoyar la búsqueda de desaparecidos en los 23 municipios del Oriente, en donde, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, del Centro Nacional de Memoria Histórica, hay 2.815 personas desaparecidas, el 3.5% de las víctimas del país.
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Benjamín, líder social, fundador de Conciudadanía, una ong defensora de los Derechos Humanos, y Beatriz, fundadora de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño –Amor- decidieron en 2017 crear un proyecto de apoyo comunitario a la búsqueda de desaparecidos y por la reconciliación. “La única justicia es la verdad”, dice Benjamín. Hicieron encuentros con víctimas y un día les preguntaron quiénes eran los responsables de lo que había sucedido y si querían escribirles. Lo hicieron, entonces Beatriz y Benjamín buscaron a varios personajes de la guerra como Bayron (ELN), Plotter (Farc), MacGyver (Acmm) y Karina (Farc). Les explicaron que su intención era crear unos Diálogos de verdad por la reconciliación. Diálogos, insiste Benjamín: “el diálogo es algo más formal, no es un debate, no es quién gana. Es que cada uno diga lo que piensa y busque salidas colectivas.”
Estos antiguos personajes de la guerra les dijeron que sí, que querían participar del proceso, de los diálogos, y por eso Elda Neyis Mosquera escribió su carta a las mujeres de Argelia. “Cuando miro atrás no hubiese querido hacer parte del dolor que ustedes están pasando, pero desafortunadamente hice parte directa del conflicto en las cuales ustedes salieron involucrados llevándose la peor parte.”
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Luz Marina Monzón habla por teléfono desde Cali. A mediados de junio viajó a Medellín y anunció que en Antioquia la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) tendría dos sedes territoriales: Apartado y Rionegro.
“La razón [de tener una sede en Rionegro] es porque había un proceso organizativo de víctimas en el Oriente antioqueño. Cuando estuvimos preparando nuestra entrada al territorio, lo que nos dijeron es que ojalá la unidad no hiciera lo de siempre, que se ubicaban en Bogotá o Medellín, pero no en la periferia de las grandes ciudades”, dice Luz Marina, la directora de la Unidad.
Entonces la oficina de Apartadó se encargará de los casos del Urabá antioqueño y chocoano, y la oficina de Rionegro del resto de Antioquia, excepto el Bajo Cauca, que le corresponderá a la sede de Montería. Serán 17 oficinas territoriales en el país, pero por ahora funcionan 10.
El universo de víctimas varía con las instituciones, pero el dato más aproximado es el del Observatorio de Memoria y Conflicto: 80.472 personas desaparecidas entre 1965 y mediados de 2018. Es el número de personas que cabría en un estadio como el Santiago Bernabéu, en Madrid.
Para encontrar esa cantidad de personas, dice Luz Marina, su unidad debe transitar por varias fases, definir un plan a seguir en las próximas dos décadas. Habrá ajustes, seguro, pero lo primero es la etapa de información, “estamos accediendo, identificando las fuentes de información, oficiales y no oficiales”, incluso las medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de proteger 16 lugares del país donde estarían los cuerpos de muchas víctimas del conflicto, como en la Comuna 13 de Medellín o en el área de Hidroituango, hacen parte de este ejercicio. “Somos asesores de la JEP pero al mismo tiempo estamos aproximándonos a unas fuentes de información que son esos lugares, cómo es la metodología de búsqueda que haría la Unidad en esos lugares”, dice.
Y luego hay una seguidilla de problemas, como que no tienen la información suficiente sobre los cementerios en el país y que para acceder a ella deben suscribir un convenio de confidencialidad con el Ministerio del Interior. Pero de esto van meses y no se concreta. “El Ministerio del Interior no nos ha entregado la información sobre los cementerios. Estuvimos tratando de emprender un diálogo para firmar un convenio que nos permitiera el acceso a la información, pero no hemos avanzado, porque supongo que es una cuestión de ir madurando la idea institucional para que haya esa apertura”.
En los cementerios hay mucha información sobre este drama que es Colombia. Luis Fernando Vargas, el sepulturero de Rionegro, lo sabe. En ese municipio hay registrados 92 desaparecidos, mientras que los que más tienen en la región son San Carlos (371), Sonsón (283), Granada (271), San Luis (256) y Argelia (226). Tantas familias esperando y una institucionalidad demasiado lenta en darles respuesta. Lustros, décadas.
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En 2018, Benjamín Cardona se reunió en Medellín con Luis Eduardo Zuluaga, un hombre que estudió derecho en la cárcel y que aún debe ir a audiencias para responder por lo que fue su vida en la guerra. Luis Eduardo es su nombre, aunque pasa que reconocemos a los personajes del conflicto por su apodo. MacGyver fue uno de los comandantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) y le dijo a Benjamín que quería apoyar la búsqueda de personas desaparecidas en el Oriente. Que él podría hablar con sus hombres, pero que primero había que pedirle autorización a la Fiscalía, que se mantiene en su posición de que no autorizan los diálogos con las víctimas, pues esto podría revictimizarlas. Son pocas las sentencias, Luis Eduardo salió de la cárcel pero aún no escucha su condena y no puede acompañar el proceso que se idearon Benjamín y Beatriz.
A la par que hacían diálogos con víctimas, excombatientes e institucionalidad, Benjamín y Beatriz impulsaron una comisión para la búsqueda de desaparecidos en el Oriente, en la que hacen parte la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad que preside Luz Marina Monzón, la Procuraduría, la Gobernación de Antioquia, Pacto por la Paz, el Consejo Provincial de Paz del Oriente, Amor y la Asociación Provincial de Víctimas. Se reúnen cada dos meses y entre sus fines está elaborar un plan integral para la búsqueda de desaparecidos.
En ese espacio, Benjamín y Beatriz han insistido en que se organicen los diálogos por la verdad y la reconciliación, en donde estén todos los actores necesarios, que inicie con un encuentro general, otros regionales y unos municipales, incluso más focalizados. El primer evento sería a finales de 2019, porque no quieren que este compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas y por la reconciliación de la región se vea empañada por las campañas políticas.
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Luz Marina Monzón continuará intentando que este país llore por última vez a los ausentes; Benjamín Cardona y Beatriz Montoya seguirán insistiendo en que la verdad, más que la justicia, es lo que esperan las víctimas, y que se deben hacer diálogos para reconciliar a un país peleado consigo mismo; y Luis Fernando Vargas, el sepulturero de Rionegro, seguirá esperando el día en el que sepa los nombres de las personas no identificadas que permanecen en el cementerio. Que los nombren, que los lleven a casa, con los suyos.
La sede de Rionegro de la UBPD sería trasladada
Luz Marina Monzón dice que fueron las organizaciones sociales del Oriente de Antioquia las que incidieron en que en Rionegro se ubicara una de sus sedes territoriales. Benjamín Cardona y Beatriz Montoya son protagonistas de esta historia, pero es posible que la sede sea trasladada a Medellín.
“Creo que tocará cambiar”, dice Luz Marina. “Todo el proceso de articulación, que es uno de nuestros objetivos de nuestra presencia territorial, tiene lugar en Medellín. Entonces no hay reuniones, no hay autoridades, no hay proceso de sociedad civil que no tenga lugar en Medellín”, agrega. La dinámica del territorio cambia. No es una decisión tomada, pero se trata de una “realidad” más que de una “necesidad”.