Mientras la criminalización y la estigmatización de líderes sociales y de su legítimo derecho a la protesta partan del mismo Estado Colombiano y sus representantes, no habrá esquema de seguridad que frene la masacre y el desangre de las comunidades, líderes y lideresas que defienden la tierra y el territorio como condición para una paz estable y duradera.
Un Estado que niega la sistematicidad de los asesinatos, que deslegitima las causas denunciadas por organizaciones y líderes sociales, que profundiza la criminalización de la protesta social y que desconoce las demandas de la comunidad internacional para que honre el compromiso adquirido en la implementación de la agenda de paz, no es un Estado que protege a los líderes sociales.
Los ejemplos de discurso que promueven ese entorno adverso abundan. Aun sin posesionarse, el actual ministro de defensa afirma que hay que regular la protesta socia, que a los líderes los asesinan por líos de faldas, o personajes cercanos al gobierno afirman que algo debían, que tenían cuentas pendientes con el narcotráfico. El presidente Iván Duque afirma que se suma a la movilización de hoy por la defensa de la vida de los líderes, pero le incumplió a la minga del Cauca para acordar una agenda para la vida y la defensa del territorio en el Cauca, al igual que no honra la responsabilidad del Estado en la implementación de los acuerdos de paz, mientras firma la agenda de continuidad de la “Confianza inversionista” con las elites empresariales nacionales y globales.
Algunas de las causas han sido bien documentadas por líderes y lideresas, y es claro que ni líos de faldas, ni problemas personales son una explicación valida a la actual situación.
Como puede observarse, los departamentos que presentan mayor número de asesinatos después de la firma del acuerdo de paz son, en su orden: Cauca, con 111; Antioquia, con 84; y Nariño, con 59 asesinatos. En parte, pudiera explicarse porque son departamentos donde confluyen diferentes actores armados, que se disputan el control territorial, o porque estos hacen parte de algunos corredores estratégicos para el narcotráfico o existen bienes en disputa como el caso de la minería. Pero, ¿qué papel cumplen los grupos armados?, ¿están en algunos casos representado intereses estratégicos para la expansión del capital?
Francia Márquez, férrea defensora del medio ambiente y el territorio en el departamento del Cauca, y una de las lideresas sobreviviente de desplazamiento forzado e intentos de asesinatos, afirmó en entrevista concedida a Caracol radio el 16 de julio de 2019, que los han declarado objetivo militar porque supuestamente se oponen al desarrollo.
En múltiples entrevistas ha descrito cómo la defensa del territorio ante actores legales e ilegales que se disputan la riqueza minera del departamento es una causa explícita de la muerte, desplazamiento y amenaza de líderes sociales. Así lo planteó hace diez días:
Pregunta. ¿Cuál es la situación de ustedes hoy, de los líderes sociales en el Cauca? ¿la preocupación persiste?
Francia Márquez. Efectivamente la situación es bien complicada, esto de las reiteradas amenazas, yo creo que es una situación que el gobierno nacional tiene que asumir con responsabilidad. Sí, hoy la comunidad de La Toma [corregimiento de Suárez, Cauca] está muy preocupada por esta situación, los líderes y lideresas que hemos sido amenazados y que hoy, pues le colocan a los compañeros plazos para salir del territorio. Yo creo que eso no tiene razón de ser, eso viene pasando desde el 2009 que se entregaron títulos de explotación minera a empresas multinacionales en el marco del conflicto armado y violando el derecho fundamental a la consulta previa… A propósito de lo que ustedes están diciendo sobre los militares, sí, nosotros en La Toma hemos encontrado contratos de seguridad privada entre, por ejemplo, la Anglo Gold Ashanti del 2013 y la Tercera División del ejército, situación que a nosotros nos ha preocupado. Desde el 2009 nosotros venimos recibiendo amenazas de muerte por grupos paramilitares que nos declaran objetivo militar porque supuestamente nos oponemos al desarrollo.
Cuando le preguntaron si responsabiliza a la Anglo Gold Ashanti, Francia Márquez respondió: “a partir de que la comunidad dice “no vamos a salir del territorio” y empezamos a hacer las acciones necesarias para no salir del territorio desplazados forzosamente, ante un amparo administrativo que en ese entonces Ingeominas, hoy Agencia Nacional de Minería, había entregado, nos dicen: ustedes tienen que salir del territorio, y nos empiezan a amenazar actores armados, Águilas Negras, diciendo “los declaramos objetivo militar porque ustedes están obstaculizando el desarrollo en el departamento del Cauca y no permiten la entrada de las empresas multinacionales a sus territorios, ¿eso qué significa?”
Francia Márquez deja abierta la pregunta, y el Estado debe responder.
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