“La contentura es que nos devuelvan las tierras”

Campesinos de Urabá le contaron a la Jurisdicción Especial para la Paz cómo fueron desplazados y despojados de sus tierras desde mediados de los años noventa. Esta audiencia fue la ampliación del informe “Van por nuestras tierras a sangre y fuego” que varias organizaciones presentaron en 2018.

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Panorámica desde una vereda de Apartadó. Foto: Instituto Popular de Capacitacion (IPC).

Ya eran muchos años de ir de un lado a otro, se decía Luis. No más pensaba que en 1975 su familia se había ido de Arboletes, en Urabá, a buscar otras tierras. Llegaron a un lugar sin nombre al que luego dieron por llamar vereda Guacamayas. Pero dos décadas después se tuvieron que ir desplazados.

Una noche de 1996, paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) llegaron a su casa y se quedaron hasta la medianoche. Dos días después le preguntaron a su papá si vendía la finca. Y le nombraron esa frase que no era negocio: si usted no vende, la viuda vende más barato.

Había un precio: doscientos mil pesos por hectárea. En total, una cuenta inexacta: seis millones de pesos por 36 hectáreas de tierra, algo así como una fila de 36 canchas de fútbol.

Por eso Luis se decía que ya eran muchos años de estar fuera de su tierra, de sobrevivir con la única hectárea que su papá pudo comprar en otro pueblo del Urabá. Un día de 2012, tres lustros después de la huida, se fue con su papá y un amigo, de regreso a la vereda Guacamayas, y construyeron una casa de palma. Lo que vieron era un potrero gigante colmado de ganado. Luego vinieron peleas, que les tumbaban la casa, que no dejaban derribarla. Sembraron plátano y maíz, pero en las madrugadas los alambres de sus cercas amanecían cortadas y los cultivos destruidos.

Fue un efecto dominó. Las familias antes despojadas regresaron a la tierra que consideraban propia y un buen día se juntaron para expulsar a la persona que los despojadores habían puesto como administradora de la tierra. Luis se llevó consigo a su esposa y sus dos hijos y dos años después nació el niño menor, al que no llama por su nombre, al que emocionado le dice El Retorno.

Las fases de un “Plan criminal”

Ángela Salazar (izq.), comisionada de la Comisión de la Verdad, y María del Pilar Valencia, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Luis y su familia no fueron los únicos que se fueron de Guacamayas, una vereda que antes era de Turbo y que por una disputa de legal entre los departamentos ahora pertenece a Riosucio, Chocó, en el interior del territorio colectivo de La Larga Tumaradó. Cerca, en el corregimiento Macondo, la misma suerte tuvo Raúl. Habían colonizado esas tierras desde 1978 cuando llegaron desde San Pedro de Urabá. Por sus tierras cruzaron guerrilleros de las Farc, EPL y de la Corriente de Renovación Socialista. No es que fuera el paraíso, pero sí muy distinto cuando entraron los paramilitares. Ahí cerquita de la finca mataron unas reses, mataron dos personas, una al pie de la casa. Huyeron hacia Belén de Bajirá y a los cinco días regresaron a buscar los últimos animales. Luego del miedo, de la huida, una llamada: por los tres lotes de 17, 48 y 63 hectáreas que tenía la familia, les ofrecían 15 millones de pesos, más cinco en mercado.

Ese desplazamiento más los asesinatos selectivos, masacres, torturas y persecuciones hicieron parte de una estrategia recurrente y sistemática que utilizaron los grupos paramilitares y las fuerzas militares en Urabá para producir el desplazamiento forzado masivo, el despojo material y legal de las tierras de los campesinos, es lo que dice el informe “Van por nuestras tierras a sangre y fuego”, que presentaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Fundación Forjando Futuros, la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) en diciembre de 2018.

Esa estrategia estaba compuesta por cuatro fases. La primera era el desplazamiento y el despojo de tierras entre 1995 y 1997, como les sucedió a las familias de Luis y Raúl. El informe identificó 126 víctimas de masacres y 168.307 personas desplazadas en el Urabá y el Bajo Atrato, solo entre 1996 y 1997, como si de un día para otro todos los habitantes del municipio de Turbo ya no estuvieran en su pueblo. Tierra arrasada.

La segunda fase del plan, entre 1998 y 2002, buscaba asegurar “la limpieza total de los territorios”, con la expulsión violenta de las familias que se negaron a huir durante la primera fase. Y ahí es donde más evidente se hizo la relación entre la Brigada XVII del Ejército, al mando de Rito Alejo del Río, y el Bloque Élmer Cárdenas y el frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero, liderados por Hébert Veloza García –HH-, Raúl Emilio Hasbún Mendoza y Fredy Rendón Herrera –El Alemán-, pertenecientes a las ACCU.

Dice el informe que “como parte de la estrategia de legalización del despojo, se crearon asociaciones campesinas a las que se apoyaba con el diseño de proyectos y su financiación. Fue así como en esta fase se crearon las primeras figuras para dar apariencia de legalidad al despojo, principalmente mediante alianzas estratégicas entre estas asociaciones campesinas y empresarios.”

No eran solo militares y paramilitares, sino que también estuvieron empresarios bananeros, palmicultores, ganaderos, sectores políticos y algunas instituciones. “En esta fase los empresarios de forma directa o por interpuesta persona indujeron el aprovechamiento ilegal de recursos naturales (deforestación), al constreñimiento de la voluntad para hacer vender a los afectados sus parcelas, a la falsificación de documentos públicos de propiedad o tenencia validados por las autoridades locales y regionales, a la invasión de los territorios con cercas y a la siembra de monocultivos como la palma”, dice el informe.

La tercera fase, entre 2002 y 2006, consistió en “la consolidación empresarial”. Militares y paramilitares eran los protectores de las tierras de los nuevos propietarios. Y para legalizar las tierras se valieron de estrategias como “constitución de bases sociales con repobladores; redes de falsos testigos y opositores ante las reclamaciones de tierra, aseguramiento de financiación pública y privada; persecución ilegal por medio de operaciones ofensivas del DAS.”

En la última fase, entre 2006 y la actualidad, se desmovilizaron 38 estructuras paramilitares en el Urabá y el Bajo Atrato. El Bloque Élmer Cárdenas dejó las armas el 15 de agosto de 2006, pero para ese momento ya irrumpían grupos herederos de estos. En la escena aparecieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), que hoy opera desde Turbo hasta Quibdó, como en su momento lo hizo el Élmer Cárdenas. Entonces, las tierras despojadas ahora las aseguran grupos armados al servicio de empresarios y estructuras herederas del paramilitarismo como las ACG.

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Los despojados y sus voces ante la JEP

Luis estaba sentado frente a la mesa de un hotel de Apartadó, en el Urabá. En uno de sus hombros tenía un poncho para secarse el sudor cuando saliera del salón con aire acondicionado en el que lo escuchaba María del Pilar Valencia, magistrada de la JEP, quien fue a Urabá a escuchar de la voz de los campesinos la ampliación del informe “Van por nuestras tierras a sangre y fuego”. Cuando regresaron a sus tierras, contó Luis, “nos estaba yendo muy mal, nos llevaban la policía, lo que sembrábamos lo tumbaban ellos, nos metían el ganado de los testaferros, de los empresarios. Pero hoy contamos con un poquito de suerte, nos entregaron la tierra a 12 familias de la comunidad. El hecho es que todos aquí somos reclamantes, la contentura es que a todos nos la devuelvan”.

Pero Luis contó que no era la misma suerte de los cerca de veinte campesinos que estaban en el hotel. Un líder de las Tulapas, en Turbo, aseguró que “hay comunidades retornadas sin acompañamiento institucional. Y de la noche a la mañana llegan unos vaqueros, sabemos que no lo son, que están al servicio de algún bananero; van y le queman todo y al campesino lo hacen desplazar. Eso lo están dejando impune. Si vamos a la Fiscalía, allá nos dicen que es un tema de convivencia entre campesinos. La policía no hace nada. Todas esas denuncias o intentos no llegan a feliz término. También nos ha pasado que el campesino hace la denuncia y a los 8 o 15 días termina asesinado. Hay una cooptación de la justicia. Hoy en Urabá no va sino el 2% de los procesos de restitución. Los empresarios siguen con el poder político y de cooptación porque no podemos denunciar e ingresar a nuestras fincas”.

Los datos no son alentadores. De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, de las más de seis millones de hectáreas abandonadas y despojadas en Colombia, sólo se han restituido cerca de 286 mil, es decir, el 4.4%. Y son los paramilitares, con el 56%, los principales victimarios del despojo y el abandono de las tierras. En los municipios de Urabá, donde se concentran los monocultivos de banano, fueron despojadas y abandonadas más de 160 mil hectáreas. Turbo (87 mil), Mutatá (33 mil), Apartadó (22 mil), Chigorodó (10 mil) y Carepa (5 mil). En total, tres veces más la extensión de un país como Andorra, en Europa.

Un coro de tragedias

Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Cada campesino tenía siete minutos para describirle a la magistrada María del Pilar Valencia la historia de su tierra, el desplazamiento forzado y el despojo. Paramilitares, despojo e impunidad se escucharon como un disco que se repite y se repite.

Campesino de Riosucio: “es cierto que ha habido captura de los que han causado todos estos daños, pero también hemos visto una falencia de que los paramilitares, entre ellos Raúl Emilio Hasbún, hoy están afuera de la cárcel y otros ya para salir. Y nosotros los campesinos pagando arriendos, viviendo de forma miserable y no podemos ingresar a nuestras tierras. Aquí el problema es la tierra. Pero si sale el que cometió los actos y no nos devuelven la tierra, la violencia sigue”.

Campesino de Turbo: “nosotros volvimos a las tierras en el 2007, desde eso todos los días nos atacaban los empresarios, nos tumbaban las cosechas. Me mataron a mi papá y desde eso hemos seguido en la lucha. Por el momento nos sentimos bien porque paró un poquito la violencia contra nosotros, la tierra no nos la han devuelto. Hasta el momento nos sentimos bastante ofendidos por ese lado, es como si pudiéramos vivir ahí por un tiempo”.

Campesino de Turbo: “crecimos por fuera de la región, fuera de la tierra. Regresamos a reclamar por Justicia y Paz, pero resulta que cuando regresamos a reclamar en la finca había personas que le habían vendido a [los paramilitares] Cuco Vanoy y a alias don Mario. Empezaron las amenazas a la familia, que nos teníamos que ir de la región.”

Campesino de Mutatá: “vivimos bien hasta el 96 y 97, después de eso llegó la matanza de los paramilitares. Empezaron a tildar a la gente de auxiliadores, y otras cosas ahí, el mismo ejército llegó con los paramilitares, empezaron a matar los líderes de la asociación de caucheros. Yo estaba en ese tiempo en ese cuento de la asociación. Qué se vino ahí: un desplazamiento masivo. Vino la destrucción de todo eso, quemaron el caserío, saquearon la asociación, las tierras las usurparon”.

Los terceros civiles

“En este proceso tenemos que hablar de presuntos responsables. Por eso cuando elaboramos el informe, tuvimos el cuidado de consignar en el informe que son presuntos responsables”, dijo Óscar Correa, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, durante su intervención.

Por su parte, Martha Peña, investigadora del Instituto Popular de Capacitación, lanzó sus inquietudes: “nos preguntamos qué ha pasado con todos los notarios, funcionarios del Incoder, con los jueces, exalcaldes, con los políticos de Urabá, con el listado de empresarios, ganaderos, palmeros que entregó Raúl Emilio Hasbún. Es un estado que no les brinda garantías a los campesinos de la región.”

La magistrada María del Pilar Valencia intervino. Dijo que ya están preparando un cronograma para iniciar versiones pronto. Como están en fase de preparación hay una reserva, y por ello no se conocen aún los nombres de los terceros comparecientes ante la JEP, “cada vez más, algunos de esos terceros que no están obligados, están solicitando voluntariamente ser reconocidos en la JEP. Para aquellos que no concurran estamos obligados a compulsar copias [a la Fiscalía]. Con los informes que nos han presentado, más otras fuentes, estamos contrastando e identificando los máximos responsables. No podemos anunciar los listados públicamente, pero ya tenemos listados de comparecientes”.

“Nosotros lo único que podemos garantizar es que esas fuentes las estamos utilizando. El resto queda librado a que los mismos actores sopesen cuál es la mejor opción para ellos. Es algo que se sale de nuestras manos”, admitió luego la magistrada cuando se le preguntó por los listados de financiadores y promotores del paramilitarismo y el despojo de tierras.

Mientras los jueces de tierras y la magistrada María del Pilar Valencia, con el caso 004 de la JEP, investigan los mismos hechos, los campesinos esperan alguna solución. Los jueces de tierra investigan con fines administrativos y la JEP con fines penales. Por eso la JEP no tiene la autoridad sobre los jueces ni puede restituir las tierras.

Volver

Raúl tiene una voz gruesa e intimidante. Este campesino de Riosucio escuchó durante la desmovilización de los paramilitares que los campesinos podían volver a sus tierras. El hombre regresó con su familia, pero le tumbaron la casa que construyó, se llevaron su ganado y poco después, en julio de 2008, le mataron a su papá, el dueño de las tierras. Le dijeron que si no quería que lo mataran, que se fuera. Raúl se fue para Sucre, Córdoba, regresó al Urabá, cansado de recibir jornales de ocho mil pesos por día y volvió en el 2010 a la tierra de su familia. Pero hoy viven en un terreno de 63 hectáreas, pero no son suyos los otros dos de 17 y 48 que tenían antes de huir, porque los tiene el abogado que defendió a su papá cuando los despojadores lo demandaron. Como no tenía para pagar, el viejo acordó con el  abogado que este trabajaba al 35%, o eso es lo que dice el abogado, que tiene un supuesto poder, que la familia no conoce. En pago por su trabajo, el abogado se quedó con las tierras, hoy rebosantes de ganado.

No es tan triste la historia de Luis, el hombre que llamó a su hijo menor El Retorno. En su tierra sembró hectárea y media de arroz, tiene tres vacas, y con ellas leche, y 400 cachamas en un estanque. Dice que no le falta la comida. El 15 y 16 de mayo, una jueza de restitución de tierras de Quibdó les devolvió los títulos de propiedad a ocho familias, a las que les restituyeron doce precios, unas 600 hectáreas entre Turbo y Mutatá.

(Lea también: Jueza restituyó doce predios a ocho familias de Guacamayas, en Urabá)

La gente compró una vaca y la guisaron para que comieran las familias de la vereda Guacamayas, los jueces y las organizaciones que los acompañaron en el proceso de restitución. Y ellos tan felices no tomaron aguardiente por pudor, por pena. Pero apenas se fueron los visitantes y los campesinos se vieron las caras de alegría, comenzó la fiesta, una fiesta de días, una fiesta que aún recuerda Luis, una fiesta que espera también tengan los demás campesinos. Porque “la contentura es que a todos nos devuelvan la tierra.”

 

 

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