Fue como un mazazo ver el video, ver a la mamá muerta y a su hijo desconsolado llorando a su lado. La imagen de la líder María del Pilar Hurtado conmovió a Rubén Darío Pinilla, quien fuera magistrado y presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. “Ese video parte el alma”, dice a través de la pantalla de un computador. Pinilla habla desde Guatemala, en donde vive desde el 15 de agosto de 2018; trabaja en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y a finales de este mes finalizará su trabajo y regresará al país.

“Quiero regresar a trabajar ya a Colombia. Después de un tiempo uno se da cuenta que viene a otro país, por mejorar la situación de Guatemala, y se da cuenta de que en el país de uno están pasando muchas cosas, y vuelvo y pienso que es necesario regresar, que hay muchas cosas por hacer y que hay que hacerlas”, dice.

El video de la líder asesinada y las noticias diarias de otras personas que mueren en el país por defender la democracia, el proceso de paz, la sustitución de cultivos ilícitos, la restitución de tierras, le hicieron pensar a Pinilla en que se debe actuar pronto para investigar los patrones de criminalidad relacionados con las muertes de estas personas. Y claro, asegura, se terminó de convencer al ver la marcha del 26 de julio.

IPC. ¿Por qué le interesa investigar la muerte de los líderes sociales?

Rubén Darío Pinilla: La Fiscalía no ha hecho lo que debía hacer en la investigación de la muerte de los defensores de derechos humanos. Primero, no lo ha mirado como un hecho sistemático, no ha investigado y el gobierno ha tratado de negar el carácter sistemático y el hilo de estos hechos. No más lo que dijo el Ministro de Defensa de que esto es de líos de faldas…

A ver, con el fenómeno del paramilitarismo pasó algo similar. En 1983 se produce el primer informe de Carlos Jiménez Gómez sobre los escuadrones de la muerte, y desde entonces señala qué es el MAS. La posición de los militares fue apoyar a los militares involucrados en esos hechos.

Luego se dan todos esos fenómenos en los que empiezan a asesinar defensores de derechos humanos. El más conocido es Héctor Abad Gómez. Y en 1989 se produce otro informe del DAS, donde también descubría todos los escuadrones de la muerte. Por esa misma época, también hubo un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, hay un debate en el Congreso que hace César Gaviria, en donde dicen que habían identificado 150 escuadrones de la muerte.

En 1993 hay otro informe de la Comisión sobre el paramilitarismo y las Convivir, que se lo entrega al gobierno y no pasa nada.

En 1996 el CTI produce un informe en el que identifica a todos los líderes de las autodefensas, además de Carlos Castaño, Mancuso, Fredy Rendón Herrera. Cuento esa historia porque eso es lo que pasó con el paramilitarismo: el gobierno lo sabía, el Estado lo sabía y nunca tomó las medidas. Eso no puede volver a suceder. Después de ver el video del niño, no puede volver a suceder esto.

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IPC. ¿Con quiénes habló de la propuesta?

R.D.P. Yo se lo planteaba a las personas con las que tengo alguna cercanía, algún contacto desde acá. A abogados, políticos, periodistas y organizaciones sociales. A todo el mundo le pareció muy bien la idea, muy interesante. Para que una idea de este tipo cuaje, tiene que haber personas que la impulsen. Hay un grupo interesado en promover, y ya se han hechos unas reuniones en Bogotá para impulsar ese proyecto.

El éxito de una comisión de estas, que tiene ese objetivo, con esa dimensión, depende de varias cosas: primero, que tenga una estrategia de investigación adecuada, que tenga el talento, las personas, la gente y los recursos físicos y materiales para hacerlo. Si usted tiene todo eso, es garantía de que puede producir resultados. Pero además de la estrategia, en este caso se requiere que la sociedad rodee esa comisión y que esta tenga la decisión y la voluntad de develar las estructuras que están cometiendo los crímenes y los patrones que están generando esos hechos.

La comisión debería concluir con un informe. Yo pensaría que en un término prudencial, que entre 12 y 18 meses haya avances preliminares. Este tipo de investigaciones tampoco es la investigación tradicional de los procesos penales, esta se alimenta del tipo de investigación social, que utiliza hipótesis, variables, herramientas, para investigar y encontrar y confirmar unas hipótesis.

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IPC. En detalle, ¿qué requiere esta comisión para funcionar?

R.D.P. Primero, tiene que ser una comisión de la sociedad civil, no solamente porque tiene que ser un tema de interés de la sociedad civil y de los colombianos, sino porque las instancias oficiales no han sido eficaces para investigar, dilucidar y sancionar el fenómeno ni para proteger a los líderes sociales.

Yo lo digo sin temores, sin rodeos: estamos en un escenario con un gobierno con el que no se puede contar para abordar esa idea, porque no es un amigo de la paz.

Tiene que ser una tarea de la sociedad civil, porque las instituciones llamadas a proteger a los líderes sociales no han hecho esa tarea, no han sido eficaces y no parecen tener interés.

El objetivo de una comisión de este tipo es como una especie de comisión de verdad sobre un tema específico. No es investigar los hechos y los casos individuales que han sucedido. El objetivo tiene que ser encontrar los hilos que hacen que esos hechos puedan identificarse como una conducta sistemática, tienen que enfocarse en encontrar los elementos que permitan descubrir y develar los hilos que hay detrás de esas conductas y los responsables: las posturas, las políticas, las estructuras y su carácter sistemático. Nos tenemos que apoyar en los casos individuales, pero la idea es encontrar las estructuras, los hilos conductores, la sistematicidad de la conducta.

Lo segundo es que tiene que tener una estrategia clara. Es decir, una estrategia de investigación de crímenes que obedecen a unas políticas que establecen unas líneas de conducta, que tienen unas características sistemáticas. Se trata de encontrar los engranajes, los mecanismos, las estructuras que están causando esos fenómenos, y los patrones que permiten identificar sus patrones sistemáticos.

Una investigación de ese estilo tiene que estar conformada por personas que tengan garantía de confiabilidad, respetabilidad e independencia, porque aquí vamos a enfrentar riesgos. Y se necesitan, entre otras cosas, softwares especializados para el análisis y la investigación de este tipo de estructuras.

Paralelamente tiene que contar con unas estructuras de financiación. La comisión tiene que ir a donde están las víctimas, en donde han sucedido los hechos.

Hay estructuras que se derivan del paramilitarismo, como las Águilas Negras, el Clan del Golfo, que están estructurados con base en el aprendizaje del paramilitarismo, en los métodos que utilizaron los paramilitares y por personas que se desmovilizaron, personas que aprendieron sus metodologías y las formas de alimentarse de recursos. Ahí está el tema de restitución de tierras que enfrenta poderes tradicionales con mucha capacidad. Tenemos un escenario de continuación de violencia, de actores de violencia poderosos, de estructuras que están detrás y de un gobierno que no es amigo de la paz, que ha hecho muchas gestiones por ponerle trabas a la paz, de hecho, ya la hicieron trizas, y una Fiscalía que tampoco es soporte para esas investigaciones.

¿Qué significa eso? Lo digo para concluir, que una comisión de este tipo tiene riesgos, por eso es necesario que esa comisión esté rodeada de las ong, de las organizaciones que defienden los derechos humanos, y por instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Esto tiene que ver con la verdad, con la paz, con la posibilidad de convivencia, es un tema que le debe interesar a la Comisión de la Verdad.

IPC: ¿Cuál sería la relación con ese mecanismo?

R.D.P. Creo que trabajaría de la mano con la Comisión de la Verdad, ya tocará mirar cómo se trazan lazos, relaciones, pero se tiene que trabajar con los mecanismos porque hay propósitos compartidos.

IPC: ¿De cuál información partirían para investigar los crímenes?

R.D.P. Tenemos que apoyarnos en lo que hay en materia de investigación. Siempre en este tipo de investigaciones, de crímenes sistemáticos, hay un primer elemento que hay que tener en cuenta, que son las investigaciones y los estudios que han producido las mismas organizaciones sobre los fenómenos sociales y los fenómenos políticos donde se han producido los hechos. Hay investigación que viene de Justicia y Paz, hay un gran acumulado. Pero además, la Fiscalía debe tener tantas investigaciones como líderes sociales han sido asesinados, es importante mirar esa información para establecer los hilos conductores. Hay también un gran material acumulado y producido. Tenemos las víctimas que nos pueden decir y nos pueden contar, con una diferencia respecto de la Fiscalía: esta comisión sí tiene la voluntad de investigar los crímenes y su sistematicidad.

Las ong también tienen información sobre esos crímenes, han documentado muchos de esos casos. Hay mucho acumulado de información, no puede empezar de cero. Ahí estamos hablando de cuatro o cinco fuentes que ya hay y que son básicas. Además, tenemos una experiencia: la de construcción de patrones que hizo la Fiscalía en Justicia y Paz.

IPC. La Fiscalía asegura que ha esclarecido el 58% de las muertes de los líderes sociales, pero organizaciones como Somos defensores asegura que es el 11%, porque no se puede asegurar que es un esclarecimiento cuando apenas se está investigando…

R.D.P. Colombia, y en materia jurídica, es una sociedad que se vale y se declara satisfecha con lo aparente y formal, y la Fiscalía no es ajena. La cifra de la Fiscalía es aparente y formal. Este tema no es de saber quién disparó el arma o utilizó el cuchillo. Es que usted puede descubrir quién lo hizo e incluso capturar, pero si no descubre y no desmantela la estructura, el fenómeno se va a seguir produciendo. Nos quedamos con lo aparente y formal porque la estructura sigue funcionando: se enfoca la investigación en los autores materiales y no en quiénes están detrás. La Fiscalía no ha develado ni el 11% del problema, yo diría que no ha develado ni solucionado el problema ni apuntado a resolverlo. Es una mera apariencia.

IPC. En el 2012 usted manifestó, refiriéndose al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no era posible estar en una piscina y no mojarse, pues algunas de las personas de su círculo cercano estaban condenadas o investigadas por su relación con el paramilitarismo, ¿no cree que su papel al frente de esta comisión sería un argumento para que un sector del país diga que usted es un juez imparcial?

R.D.P. Es posible, no descartaría que un sector de los defensores del uribismo traten de tachar la comisión. El problema es que siempre va a haber personas que tachen por intereses. Ha pasado aquí. Pero esta comisión no está hecha para investigar ni al Centro Democrático ni al senador Álvaro Uribe, sino para investigar los crímenes de líderes sociales y creo que en este caso le podemos ofrecer al país la garantía de 38 años que estuve en la rama judicial, 28 como magistrado de la Sala Penal y la Sala de Justicia y Paz, actuando con independencia e imparcialidad. Incluso, paramilitares a los que yo juzgué, reconocen que en mí tuvieron un juez independiente e imparcial. Es la garantía que le puedo dar a la sociedad. Lo importante, a mi juicio, no es lo que piense un partido si no la garantía que puede tener la sociedad. Espero que esta comisión se materialice, por el país y por el bien de los líderes sociales y para que hechos como el de María del Pilar Hurtado no vuelvan a suceder. No puede volver a suceder, hay que trabajar para que no suceda.

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