Puerto Claver, pueblo en disputa en el Bajo Cauca

Violencia sexual, feminicidios, tortura, asesinatos selectivos y extorsión son parte de las violencias que hoy padecen los habitantes de este corregimiento de El Bagre, por la disputa entre Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Caparrapos, hoy Caparros.

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Río Nechí, en jurisdicción de El Bagre. Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

La noticia decía que el 23 de agosto atacaron con granadas el comando de policía del corregimiento Puerto Claver, en El Bagre, y que dos policías y dos civiles resultaron heridos. No fue grave, dijo Geovanny Buitrago, comandante de la Policía Antioquia. Agregó que helicópteros, más policías y soldados buscaron en las montañas y no detuvieron a los responsables. Ataques como estos ya habían sucedido en 2015 y 2018 en este poblado de 14 mil habitantes. Lo que dicen algunos pobladores es que no se sabe si lo hicieron las Autodefensas Gaitanitas de Colombia (AGC) o Los Caparrapos, una disidencia del primero.

Más allá del ataque, que apareció en pocos medios de comunicación, hay una situación mucho más compleja. Fue el último hecho de una seguidilla de feminicidios, asesinatos selectivos y otras violaciones a los derechos humanos, en una región en la que el conflicto armado no cesa. En el Bajo Cauca, según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), se han cometido 2033 asesinatos selectivos, 42 masacres, 487 acciones bélicas y 155 casos registrados de violencia sexual, entre los setentas y 2018. Y si bien estas victimizaciones y hechos se redujeron durante los diálogos de paz, el panorama actual es distinto del que se pensó durante las negociaciones entre el Estado y las Farc. Porque el 2018 fue el más violento de los últimos años. En Cáceres y Caucasia, según la Fundación Paz y Reconciliación, los homicidios aumentaron en más del 150%, en Tarazá en más del 300%, y la violencia se concentra en estos municipios, más El Bagre, a orillas del río Nechí.

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Cronología del dolor en El Bagre

“En la disputa territorial por el control y comercio de la base de coca, producto de cultivos ilícitos y por las vacunas y extorsión que ejercen los grupos armados como las AGC y Caparrapos en El Bagre, Buenos Aires, Zaragoza, Cuturú y Puerto Claver y sus veredas, se ha cometido homicidios selectivos y colectivos de personas”, dice un informe que elaboraron pobladores de Puerto Claver. En el documento registran que en este corregimiento se han desplazado más de 100 personas en el 2019, y más de 15 familias se desplazaron sin denunciar sus casos. “Las cosas se emiten por redes sociales, sin que ninguna autoridad se pronuncie al respecto ni se tomen acciones pertinentes que garanticen la permanencia y seguridad de las comunidades en el territorio”, agrega el informe.

El 10 de mayo asesinaron a Cristian Camilo Julio Arteaga en El Bagre, quien terminaba su año rural en el Hospital Nuestra Señora del Carmen y que también atendía a las familias de Puerto Claver. Aunque fue noticia nacional, los líderes señalan que no es la única situación grave. El 28 de diciembre de 2018 “rodó la cabeza de un individuo asesinado en la cabecera del puente ante las personas que transitaban”. En los meses siguientes vieron que la movilidad de los habitantes de El Bagre y sus corregimientos se vio afectada, por “los continuos enfrentamientos de las bandas, las comunidades permanecen sitiadas por los constantes enfrentamientos”.

En Puerto Claver, en los primeros meses de este año se posicionaron las AGC, pero a esto le siguió, desde mediados de abril, “homicidios, desapariciones de jóvenes, más de los que registran las comunidades”. Algunos de los feminicidios más recordados por los pobladores fue el de Ana Luz López, una joven menor de quince años que fue apuñalada y colgada por las AGC en una vivienda abandonada del barrio Panorama. “El caso se hizo conocer de las autoridades policiales y civiles, sin ninguna trascendencia ni respuesta”, señala el informe. La imagen de la mujer circuló en redes sociales. Es demasiado fuerte, su cuerpo parece hinchado y morado, con signos de tortura. Pero algunos pobladores de Puerto Claver dicen que son cuatro feminicidios este año. A la muerte de Ana Luz López le siguió el desplazamiento de “20 jóvenes, en su mayoría menores de edad, y en algunos casos sus familiares”.

Pero luego ingresaron Los Caparrapos a Puerto Claver. Asesinaron a dos supuestos integrantes de la AGC en una discoteca e hirieron un joven del lugar. Fue desde julio que tomaron el control del corregimiento. “Acribillaron a cinco integrantes de las AGC, se paralizó la movilidad por más de cuatro horas y los alumnos quedaron encerrados por más de tres horas en las instituciones educativas”. Pero la debilidad de las AGC como actor dominante en el territorio se notó en el 2018, es lo que dice la Fundación Paz y Reconciliación en el informe «Más sombras que luces. La seguridad en Colombia a un año del gobierno de Duque”. Para ellos, los Caparrapos “decidieron mantener y profundizar la disputa. Lograron tener un pacto de no agresión con el ELN, aunque hay versiones que afirman que se trata de una alianza para combatir de manera conjunta al Clan del Golfo [AGC]”. Además, en el Bajo Cauca se dio un cambio de táctica de guerra, en donde cambiaron las confrontaciones por la violencia selectiva, según Paz y Reconciliación. Para ellos, desde mayo la violencia se recrudeció, pues son más recurrentes la sevicia y crueldad de los homicidios.

En Puerto Claver, por ejemplo, el ambiente se hizo más tenso entre julio y agosto, con “una oleada de amenazas, llamadas extorsivas, audios, panfletos intimidantes a profesores, presidentes de juntas de acción comunales, líderes sociales”. Para los líderes del corregimiento, “esto disminuye las acciones en el trabajo social de los líderes y lideresas de las comunidades, para ejercer la libre expresión y hacer públicas las denuncias en favor de los derechos humanos y el DIH en el territorio”.

Antes del atentado en la estación de policía, el 8 de agosto, el aserrador Andrés Felipe Leguía fue desaparecido y luego torturado. Una vez encontrado en el río, sus manos no tenían algunos de sus dedos.

Desde que ingresaron Los Caparrapos, dice un habitante de Puerto Claver, están patrullando el río Nechí “día y noche, deben ser los Caparrapos. Los AGC no se sabe para dónde cogieron. Entonces, ¿cuáles son las muertes selectivas? Gente que estaba trabajando con ellos o que vendían drogas, o campaneros, los están matando uno a uno,”, dice un habitante.

La queja de las comunidades es que en el territorio han recibido la visita de la Defensoría del Pueblo, el CICR, Mapp OEA y ONU, pero no ven ninguna acción de los gobiernos que contrarreste la situación actual.

Pero son el cultivo de coca, el microtráfico, la minería y la extorsión el caldo de cultivo de la situación actual del Bajo Cauca y de municipios como El Bagre. Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), “el 75 % de los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre 2016 y 2018 habitaba en municipios con presencia de cultivos de coca, y el 71 % vivía en los 170 municipios en los cuales se han concertado los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). La probabilidad de que un líder social fuera asesinado en un municipio con coca durante el periodo 2016-2018 es 3,9 veces más alta que en los demás municipios del país.”

En Antioquia, según la ODC, a diciembre de 2018, había 13.400 hectáreas de cultivos de coca. Uno de los aspectos por los cuales se ha intensificado la disputa entre AGC y Caparrapos, según los pobladores, es que estos últimos “quieren la plaza. En junio, a como diera lugar, pasara lo que pasara, esa plaza la necesitaban ellos, la de comercialización de la pasta”.

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Los actores armados recorren Puerto Claver y otros poblados del Bajo Cauca. A diferencia del conflicto armado en el cual estaban las Farc, ahora no tienen la certeza del actor que permanece en sus territorios, pues algunos de ellos no utilizan camuflado, sino que visten de negro. La salida de los frentes 36 y 18 de las Farc abrió un espacio que ahora se disputan AGC, Caparrapos y ELN. Pero, dice Paz y Reconciliación, “el fortalecimiento de esa guerrilla [ELN] ha permitido que las acciones de los grupos criminales no se extiendan a la ruralidad. Existe el riesgo de que, en caso de que Los Caparrapos, el Clan del Golfo o los héroes del BCB [nuevo grupo, al parecer heredero del Bloque Central Bolívar y disidencia del Clan del Golfo] intenten incursionar en las zonas de control del ELN se genere una nueva disputa, aunque hasta el momento la confrontación de estos grupos se ha concentrado en el corregimiento de Puerto Claver.”

Y aunque el acuerdo de paz parecía una oportunidad para las comunidades de esta zona, estos nuevos hechos violentos le recuerdan a El Bagre que desde 1979, allí hubo 6 masacres, 297 asesinatos selectivos, 36 casos de violencia sexual registrados y 166 acciones bélicas. Estos datos ya son viejos, porque las violencias continúan.

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