¿Mapas sobre la desaparición forzada en Colombia?

Artículo de opinión elaborado por la investigadora Nathaly Tobar

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Foto: colombia. desaparicionforzada.com

El delito de desaparición forzada fue reconocido por el Estado colombiano solo hasta el año 2000, mediante la Ley 589, la cual tipifica también el genocidio, el desplazamiento forzado y la tortura.

Existe un universo de cifras de este crimen de lesa humanidad que varía considerablemente entre distintas instituciones. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta el 15 de septiembre de 2018, en Colombia se registraron 80.472 víctimas de desaparición forzada. Por su parte, el Registro Único de Víctimas (RUV), indica que hasta el 1° de julio de 2019, existían 47.947 víctimas directas de este delito. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en cambio, reconoció hasta el 15 de marzo de este año, 28.755 presuntas personas desaparecidas y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de noticias criminales del Sistema Penal Oral Acusatorio, 83.968. Sin embargo, de este universo de personas desaparecidas solo se han condenado los responsables de 337 casos.

¿Son las personas desaparecidas sólo estadísticas? Mediante el estudio Cartografía de la desaparición forzada en Colombia. Relato (siempre) incompleto de lo invisibilizado, Fidel Mingoracen y Erik Arellana, presentaron a la sociedad civil, a las organizaciones sociales dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas y a las instituciones públicas de Medellín, una “cartografía del olvido”, que pretende hacer visible lo invisible.

La cartografía de personas desaparecidas es una investigación que intenta sistematizar la información oficial relativa a la desaparición forzada en Colombia. Plantea dos hipótesis. La primera, establecer la relación entre desaparición y conflicto armado. Respecto a esta, el objetivo consiste en enfatizar en las regiones que se han visto mayormente afectadas por el conflicto, como Antioquia, la cual registra las cifras más altas de personas desaparecidas (19.794 – OMC). Segunda, indagar sobre la relación entre la oposición que ejercen comunidades o colectivos frente a megaproyectos legales e ilegales que se desarrollan en distintas regiones del país vs. el incremento de desapariciones en esos territorios. Además, el estudio incluye una serie de mapas con caracterizaciones especificas del delito, como las tasas de personas desaparecidas por departamentos y municipios, las tasas departamentales de mujeres desparecidas (Antioquia: 2.203 – OMC) y la de víctimas indirectas (Antioquia: 30.502 – RUV), entre otras.

¿Qué hay detrás de la cartografía de personas desaparecidas? No solo hay mapas unidos a estadísticas, sino representaciones que contienen hilos que se camuflan en los entramados de carácter social, económico y político asociados a la comisión del delito. La cartografía de las personas desaparecidas no es únicamente una composición de geografías inertes, llenas de números y de tasas que pueden ser debatidos u ocultados por el Estado; por el contrario, son corporeidades llenas de estigmas y de dolores, son cuerpos de resistencia y de persistencia de cientos de familias que han transitado un largo camino para conocer la verdad y exigir justicia. Se trata de una cartografía que nos interpela a no olvidar, que nos invita a reconocer que la desaparición forzada persiste y que los testimonios de vida de las familias de personas desaparecidas son actos legítimos de dignidad.

La cartografía sobre la desaparición forzada es una cartografía con-sentido, una cartografía documental, una cartografía que incita a preguntarnos: ¿Dónde están las personas desaparecidas?, ¿quiénes fueron los responsables de la desaparición?, ¿por qué aún no han aparecido?, ¿un país que resiste debe continuar con la tarea de confrontar al Estado para conocer el paradero de hombres y mujeres desaparecidas? Estos interrogantes, claro está, no se responden a través de una geografía positivista. Un ejercicio como el de la cartografía de la desaparición forzada en Colombia, es importante porque plantea la urgencia de trascender los análisis cuantitativos del delito, para así, abrir la puerta a análisis críticos que comprendan la caracterización del crimen, el reconocimiento de los escenarios sociales y políticos donde este tiene lugar y, por supuesto, en los que se contemple la responsabilidad del Estado frente a violaciones de derechos humanos que son imprescriptibles.

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