La crisis humanitaria del Bajo Cauca que está lejos de resolverse

Abandono estatal en los seis municipios y falta de voluntad política para resolver la confrontación entre actores armados, son algunas de las conclusiones que dejó la caravana humanitaria que recorrió esta región de Antioquia.

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Foto: Yeison García.

El líder indígena aprovechó la Caravana Humanitaria por el Bajo Cauca para regresar a Cáceres, su pueblo. En febrero, un amigo le dijo que había una lista circulando. En ella estaban los nombres de las siguientes víctimas de alguno de los grupos armados del Bajo Cauca. Lo más seguro es que usted está ahí, le dijeron. Le dio un billete de 50 mil y le pidió que se fuera. El indígena no alcanzó a despedirse de algunos de sus hijos. Tomó un bus y llegó a Medellín.

Y como extrañaba su pueblo, regresó con la caravana a reencontrarse con los suyos, medio año después. “Vi el pueblo más solo, con menos familias, con las casas abandonadas. Hay muchos barrios solos”, dijo. Como la suya, son 20 las familias del resguardo Omagá que salieron desplazadas de Cáceres. El secretario de gobierno de ese municipio dice que “somos administraciones muy limitadas, somos una administración por encargo. Por circunstancias políticas, más no por voluntad” no pueden resolver la situación de orden público, dijo en Medellín en la audiencia pública a la que acudieron Ejército, Policía, Gobernación de Antioquia, Procuraduría y Defensoría de Antioquia.

Tarazá, por ejemplo, es uno de los diez municipios con más cultivos de coca en el país. En el último informe del Observatorio de Drogas de Colombia, en este municipio identificaron 3728 hectáreas. Lo anterior concuerda con la erradicación forzada que, según el coronel Óscar Valbuena, de la Séptima división del Ejército, ya lleva 5800 hectáreas de hoja de coca entre enero y agosto en los seis municipios del Bajo Cauca. Si bien el negocio del cultivo, procesamiento y tráfico es parte de la disputa entre grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Caparrapos, ELN y el BCB, una nueva disidencia de las AGC y heredero del antiguo grupo paramilitar Bloque Central Bolívar, los programas de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) tampoco avanzan. Es lo que dijo un campesino de una de las veredas en Cáceres, “la nuestra es una comunidad que entregó los cultivos ilícitos, como parte del proceso de erradicación voluntaria. 103 de las 109 familias nos vinculamos con la erradicación, pero el gobierno no nos ha cumplido”. No más en el país se comprometieron con el PNIS 130.000 familias, según Emilio Archila, Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Sin embargo, el PNIS no avanza de la mejor manera. El 62% de las familias inscritas, según la Fundación Paz y Reconciliación, recibieron el monto que se denomina asistencia alimentaria inmediata, el 36% se benefició de asistencia técnica y los proyectos productivos solo se implementaron en un 14%, además de que en el país fueron asesinados 60 personas inscritas en el PNIS. Dice Paz y Reconciliación que “es preocupante que el gobierno priorice la erradicación forzada y no la voluntaria, ya que esta tiene un porcentaje de resiembra mucho más bajo que la primera. A finales de 2018, 13.351 familias fueron suspendidas del programa y ninguna otra familia podrá suscribirse, según el gobierno, por falta de recursos. Las prioridades presupuestales no serán los programas del Acuerdo de paz, por más que estos muestren resultados irrebatibles en cuanto a resiembra de cultivos de uso ilícito”.

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Un conflicto que crece

Foto: Yeison García

Como parte del conflicto que incluye la ruta de la coca, la minería y la extorsión, y según el coronel Valbuena, este año ya han tenido 78 operaciones militares contra los grupos armados ilegales del Bajo Cauca. En medio de esta situación está la población civil, y este es uno de los principales reclamos que algunas organizaciones les hicieron al Ejército en la audiencia pública que se hizo en Medellín el 29 de agosto, luego de una caravana de cuatro días que recorrió Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá y Cáceres.

De acuerdo con la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, en el Bajo Cauca fueron asesinados 26 líderes sociales entre 2016 y 2019, el 12% del total de Antioquia. Tarazá (112), Cáceres (66) y El Bagre (17), son los municipios del Bajo Cauca con el mayor número de agresiones contra estos líderes comunales, ambientales y de sustitución de cultivos ilícitos.

“Con esta caravana queríamos decirles a los grupos armados que saquen a la población civil del conflicto. Creíamos que fenómenos como este iban a estar ausentes en un panorama de paz”, dijo Yesid Zapata, vocero del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

En ese sentido, Johan Giraldo Ospina pidió que se dejara a la población civil por fuera de la disputa, “lo único que pasó en el Bajo Cauca es que se creó una crisis humanitaria, luego de los acuerdos de paz”.

Un integrante de la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac) aseguró que desde la salida de las Farc del territorio y el sometimiento fallido de las AGC, el conflicto se recrudeció en la región y su municipio Tarazá. Los Caparrapos surgieron como una disidencia de las AGC y la tensión aumentó. Desde entonces, no paran los desplazamientos forzados y asesinatos selectivos en Tarazá, el municipio más violento de la región, y su corregimiento La Caucana. “El último desplazamiento masivo en La Caucana fue en Semana Santa. Se fueron 76 personas. El otro fue de seis familias, en tres y cuatro días. Ellos llegaron a La Caucana desplazados de una vereda, pero acaban de irse. Despachamos tres familias para Medellín y los otros no quisieron denunciar”, aseguró el líder de Asocbac.

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Las instituciones ausentes

Reunión de autoridades durante la caravana. Foto: Yeison García.

La caravana humanitaria contaba con el acompañamiento de instituciones como la Defensoría, Procuraduría y Gobernación de Antioquia. A última hora, a pocos días de iniciar, manifestaron que no podían asistir. Para ello dieron algunas razones: condiciones de seguridad, un conflicto vigente y creciente y la Ley de Garantías.

Sin embargo, representantes de estas instituciones sí asistieron a la audiencia pública, en donde las organizaciones les reclamaron su ausencia. Mónica Rojas, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), les pidió a los representantes que esperaba una respuesta, pues su asistencia había sido un acuerdo en la Mesa Territorial de Garantías. “La caravana sin la presencia de estas instituciones no permitió que cumpliéramos el objetivo de la caravana”, dijo Rojas.

La ausencia fue evidente en la reunión que en Tarazá se hizo con autoridades locales del Bajo Cauca. Fueron invitados alcaldes, secretarios de gobierno, personeros y enlaces de víctimas de Caucasia, Cáceres, Tarazá, Nechí, El Bagre y Zaragoza, pero solo asistió el alcalde de este último, el secretario y secretaria de Cáceres y Tarazá y cuatro delegados más.

En dicha reunión, la secretaria gobierno de Tarazá dijo que “la tarea no es fácil para el gobierno local. Sentimos en carne propia la situación de los líderes y lideresas. Hacer un gobierno no es fácil. Somos abandonados por el gobierno nacional y departamental, vivimos de lo que nos puedan mandar.” De acuerdo con algunos testigos de este encuentro, algunos funcionarios aseguraron que no tomaban decisiones para contrarrestar los grupos armados por miedo a que tomaran represalias en su contra.

El secretario de gobierno de Cáceres agregó que el suyo “es un municipio que tiene una alcaldía por encargo. Es un municipio con un 32% del plan ejecutado. Somos un municipio muy sobre diagnosticado por el problema de violencia. Hay cuentas del municipio embargadas por corrupción y 59 homicidios hasta agosto”.

Y no solo es el conflicto

Un líder de una vereda de Cáceres asegura que en la vereda tienen 150 estudiantes, pero la escuela solo tiene dos salones. Los jóvenes apenas estudian tres días a la semana. Además, no tienen agua potable. “Hay que desarmar los grupos para que lleguen a las comunidades nuevas opciones para trabajar en la legalidad”, dijo.

El abandono estatal al cual se refieren las organizaciones que participaron de la caravana se refiere a los atrasos históricos en salud, educación, vivienda y otras necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del Bajo Cauca, y que la caravana identificó.

“Saber que vino la caravana y que uno no está solo, es una fuerza más para avanzar”, dijo un campesino. Pero la crisis humanitaria de la zona está lejos de resolverse.

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