657 civiles solicitaron acogerse a la JEP

A pesar de que algunos terceros civiles y miembros del Estado se acogieron voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) señala que esta justicia quedó coja para dar cuenta de una verdad representativa del conflicto armado colombiano.

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Punta Coquitos (Turbo). Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

El pasado 6 de septiembre finalizó el plazo para que los denominados “terceros civiles no combatientes” y los “agentes del Estado no miembros de la fuerza pública” solicitaran su sometimiento a la JEP, tal y como lo definió la Ley Estatutaria de la JEP (Ley 1957 de 2019), pues daba un plazo de tres meses a los terceros que habían sido vinculados de manera formal en una investigación penal. Hasta ese día, y de acuerdo con Patricia Linares, presidenta de la JEP, recibieron 756 solicitudes, de las cuales 540 corresponden a terceros civiles y 117 a miembros del Estado, no integrantes de la fuerza pública.

En rueda de prensa con el fiscal encargado Fabio Espitia, Linares señaló el 9 de septiembre que estas personas debían presentar “un plan inicial de verdad, reparación y no repetición que evaluarán en conjunto la JEP y la Procuraduría. Esos planes deben ser claros, concretos y programados”.

Por su parte, la Fiscalía tiene información de 2311 terceros civiles vinculados con hechos del conflicto, información que proviene de Justicia y Paz. No obstante, el fiscal Espitia aseguró que recibieron 76 peticiones individuales y dos más colectivas, en las que se solicitaba enviar los expedientes a la JEP. “De estas, la Dirección de Política y Estrategia recibió 49 solicitudes individuales y dos solicitudes colectivas que vinculan a 163 postulados a la Ley 975 de 2005. Por su parte, las direcciones seccionales han recibido y tramitado 27 solicitudes de sometimiento de exintegrantes de las AUC y una solicitud de un tercero civil”.

Sin embargo, el fiscal Espitia dijo que no entregaría información sobre otros casos de financiación a estructuras paramilitares por parte de empresas del sector privado y de funcionarios públicos que colaboraron, “en razón de la etapa procesal en la que se encuentran actualmente”.

La participación de los denominados terceros civiles en la JEP es fundamental para conocer una verdad representativa del conflicto armado colombiano, eso lo dice Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC). “Ellos no solo aportaron para crear y financiar grupos armados, sino que tenían interés en los bienes y riquezas de los territorios, donde han sido desplazados y asesinados comunidades y líderes en general. Se debe esclarecer cuál ha sido la disputa por bienes y recursos en esos territorios.” A su vez, considera que se ha hablado mucho sobre los ejércitos privados, pero no de las personas, políticos y empresas que estuvieron detrás de los asesinatos y desplazamientos.

Pero es parte de esa verdad la que no podría conocerse. “Tal y como quedó el sistema y, sobre todo, después de la sentencia de la Corte Constitucional, de cierta manera se le quitó un poco de fuerza a como se había concebido en los acuerdos, donde todos los responsables de los hechos tenían que ir de manera obligatoria al Sistema. Sin embargo, no quedaron excluidos, quedaron sometidos a la voluntariedad”, dice María del Pilar Valencia, magistrada de la JEP.

Para Johana Roldán, abogada del IPC, fue un error de la Corte Constitucional el haber sacado a los terceros de la obligación de comparecer. Sin embargo, enfatiza en que “más que error fue una decisión política. En el caso colombiano, los terceros fueron determinadores. Simbólicamente llamarlos terceros también tiene su impacto, pues fueron determinadores”, dice.

La pregunta que responde la abogada Roldán es por qué solo una parte pide pista en la JEP. Entre las razones, explica, está el buscar una sanción más benévola a la que tienen en la justicia ordinaria. Es una cuestión de cálculos, una cuenta matemática. “Pudieron llegar más terceros si la Fiscalía hubiera hecho bien el trabajo que le corresponde. Si un tercero no se siente investigado, no va a ir a la JEP. Muchos de los procesos van a quedar archivados. Por ejemplo, el listado del paramilitar Hasbún en Justicia y Paz: desde entonces la Fiscalía no ha tomado esos nombres para ser investigados”, agrega.

Ver también: “La JEP es la única garantía que nos queda para conocer lo que sucedió en el conflicto”

El caso Urabá

El informe “Van por nuestras tierras a sangre y fuego”, presentado en diciembre de 2018 a la JEP por la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), describe las fases de lo que considera un “plan criminal” para desplazar a los campesinos del Bajo Atrato, en el Urabá antioqueño y chocoano, y luego despojarlos y acumular sus tierras, a favor de empresarios de la palma, el banano, el ganado y la madera.

En la primera fase, entre 1995 y 1997, iniciaron las operaciones militares y el desplazamiento de cerca de 180 mil personas. “De manera inmediata, se iniciaron las operaciones de instalación de infraestructura para el negocio palmero y ganadero, proyectados por empresarios de la costa quienes le propusieron a Vicente Castaño Gil, el negocio de la palma africana. Éste ofreció la zona de Belén de Bajirá para su cultivo, motivo por el que varios de esos empresarios […] se trasladaron al sector y recorrieron, guiados por Raúl Emilio Hasbún Mendoza, la zona para revisar la calidad de los suelos y las vías de penetración, a efectos de determinar la viabilidad del proyecto”, dice el informe.

A finales de 1998, se había logrado la primera fase: desplazar a los pobladores ancestrales de sus territorios.

Raúl Emilio Hasbún Mendoza, comandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), habló en Justicia y Paz de un triángulo de protección.  Al desplazar a los campesinos, garantizaron la seguridad para que las empresas desarrollaran sus proyectos de deforestación para dar paso a sus agronegocios. Ese triángulo facilitó la construcción de vías de penetración, canales y otras obras de infraestructura necesarias para los negocios, a la par que se legalizaba el despojo.

El informe cita el testimonio de Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, del 4 de junio de 2010: “En la medida que las autodefensas fueron avanzando en dirección sur hacia el Riosucio, tomando Bajirá en la carretera que conduce a Mutatá, Chigorodó, en dirección al municipio de Riosucio, muchos empresarios, ganaderos y bananeros, gente muy honorable, aprovechó para comprar tierras en ese momento, los campesinos, debido a los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, vendieron sus propiedades. Vicente Castaño abrió cientos de kilómetros en carreteras, cientos de kilómetros en canales para que las tierras se drenaran, para que los inviernos no afectaran a las comunidades, pues mucha gente a la sombra de Vicente Castaño vio un nicho de negocio, llevaban calculadora, y vio que se podía aprovechar ese nicho […] Mucha gente compró cientos de hectáreas en esa zona con el propósito de desarrollar ganadería y palma.”

En el plan criminal estaba la Convivir Papagayo, de Urabá. Según Hasbún Mendoza, las convivir no solo sirvieron para financiar la guerra sino para articular el paramilitarismo con la fuerza pública en esa región, a favor de los intereses empresariales.

Entre 2002 y 2006, dice el informe, las “empresas pretendieron la legalización de las tierras usurpadas a las víctimas de desplazamiento forzado, con la anuencia de miembros de las Fuerzas militares de las Brigadas XI, XV y XVII y la participación de notarios o directores de corporaciones regionales. Quienes denunciaron estas prácticas fueron objeto de distintas modalidades de estigmatización y persecución.”

Para las organizaciones que elaboraron el informe, los responsables fueron distintos actores que se conjugaron “para mantener un orden en la propiedad de la tierra despojada, imposibilitando el retorno con garantías, y la restitución de la tierra a sus legítimos habitantes. El entramado criminal de sectores de empresarios, militares, policías, inspectores de policía, entre otros, se ha mantenido”.

Y la victimización continúa, pues 25 reclamantes de tierras en Urabá fueron asesinados entre 2008 y 2018, según datos del IPC y Forjando Futuros.

Ver también: «La contentura es que nos devuelvan las tierras»

Una verdad sobre el conflicto armado

Como el informe “Van por nuestras tierras a sangre y fuego”, la JEP ha recibido 214 informes de organizaciones sociales e instituciones del Estado. En muchos de ellos hay información sobre terceros civiles, pero es posible que estos nunca comparezcan ante este mecanismo de justicia transicional.

Para la magistrada María del Pilar Valencia, “en caso de que las personas que están incluidas en los informes no se acojan voluntariamente, debemos compulsar copias a la justicia ordinaria o a la justicia competente. Eso se nos sale de las manos, en términos de controlar allí la impunidad, porque no vamos a tener una autoridad sobre la jurisdicción ordinaria, pero sí hacemos una contribución para que se activen esos mecanismos y se aspiraría a que la justicia ordinaria cumpla de manera eficiente.”

Eso significa que, como lo dice Luz Nely Osorno, “si no comparecieron es posible que vuelva a la justicia ordinaria con sus problemas, que no ha querido investigar a los terceros”. Frente a esto, la abogada Johana Roldán agrega que la Fiscalía no ha tenido la voluntad de investigar a los denominados terceros. Que sus casos continúen en la justicia ordinaria, no da garantías de justicia.

La Fundación Forjando Futuros, por ejemplo, presentó dos informes a la JEP en diciembre de 2018. En “Empresas, desplazamiento y despojo de tierras en Colombia” y en “Desplazamiento, abandono forzado y despojo de tierras en Colombia”, describen los patrones del despojo en el país. En el primero analizaron 3960 sentencias, de las cuales 46 ordenaban a 33 empresas “hacer restitución de tierras o la suspensión de contratos o títulos mineros”; estas empresas “adquirieron los predios de las personas que habían sido víctimas del conflicto armado u obtuvieran la concesión de títulos mineros, servidumbre o hipotecas”. En dicho documento se refieren a empresas como Argos, Bancolombia, Continental Gold, Anglo Gold Ashanti y el Fondo Ganadero de Córdoba.

En ese sentido, y de acuerdo con la esencia de los acuerdos de paz, que se creara un mecanismo como la JEP, tenía la intención de que todos los actores involucrados en el conflicto comparecieran allí. Como están las cosas, gran parte de la verdad sobre los civiles y financiadores y beneficiaros de los grupos armados no podrá conocerse.

“A esa mesa le falta una pata. Estamos hablando que el Sistema debe garantizar verdad, justicia y garantías de no repetición. Mientras los terceros no comparezcan y digan lo que pasó y quiénes han estado detrás, será más difícil garantizar que no haya repetición”, concluye Luz Nely Osorno.

Por lo pronto, una de las opciones posibles la plantea el senador del partido de la U, Roy Barreras, quien presentó un proyecto de ley para ampliar, por un año más, el plazo para que los terceros comparezcan ante la JEP. En declaraciones del 5 de septiembre, Barreras explicó que “es un proyecto que resuelve la situación jurídica de los terceros en dos grandes bloques: los que financiaron el paramilitarismo por complicidad y los que lo hicieron porque fueron víctimas de extorsión o de presiones”.

El proyecto tendría cuatro debates antes de modificar la Ley Estatutaria de la JEP.

Ver también: ¿Hay paramilitarismo en Colombia?

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