El comandante de bomberos de Bello, Nelson Zuluaga, dice que hasta mitad de año allí recuperaron seis cuerpos de las quebradas del municipio, algunos con signos de tortura, amarrados. Si bien no es su tarea auscultar los cuerpos, eran más que evidentes los dolores a los cuales fueron sometidas las víctimas, por ejemplo, dos personas amarradas que encontraron en la quebrada La García.
Esta es solo una parte de la confrontación que entre enero y julio dejó 99 homicidios en esta población, de cerca de medio millón de habitantes. Las Comunas 4 (Suárez), 6 (Bellavista), 7 (Altos de Niquía), 8 (Niquía) y el corregimiento San Félix, son las que más riesgo corren, según la Alerta temprana 036-19, firmada por Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo.
Y lo que dice la alerta es que todo el municipio está en un riesgo alto, esto incluye todo tipo de población como niños, adolescentes, defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesores, transportadores, comerciantes.
Dice la alerta temprana que desde hace 15 años hubo un pacto de distribución del territorio entre las estructuras armadas de Bello y que se mantuvo un “respeto” por las fronteras y la hegemonía de los actores en el territorio. Se refieren a los Pachelly, quienes crecieron y se expandieron como estructura en otras zonas de Antioquia y el país, “lo que habría motivado a sus principales jefes a entregar mayores responsabilidades a los mandos medios, para mantener el control en el ámbito local y, en consecuencia, se han visto forzados a establecer alianzas con otras estructuras ilegales que en su momento eran de menor poder y trascendencia regional, como El Mesa y Niquía Camacol, con el propósito de ampliar los negocios en otras zonas, dentro y por fuera del Valle de Aburrá”. Y es ahí donde se gestan, según la Defensoría del Pueblo, los conflictos entre las estructuras armadas, pues para el 2019, en Bello cambió el “respeto” y la distribución del territorio, y este pasó a ser territorio de disputa por las rentas ilegales.
Esto significa que el escenario de riesgo podría extenderse a 15 municipios más de Antioquia y a otros sectores del país como Bogotá y Soacha, donde ya se ha registrado la presencia de algunos de los grupos de Bello.
Además de la ruptura de los pactos de control local, se suma “el fortalecimiento de la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en algunos sectores del municipio, así como la influencia de grandes estructuras de crimen organizado provenientes de otros países, contexto que supone cruentas disputas sobre el territorio, sus corredores de movilidad y las economías ilegales que allí se desarrollan”.
La Alerta temprana indica que hay 44 barrios en riesgo, 33 de ellos en la zona urbana, y que es Ciudad Niquía el de mayor riesgo, si se entiende que allí murieron 21 personas este año.
Sin embargo, un habitante de Bello asegura que no se trata de una alerta temprana, sino de una “alerta tardía”, pues en este municipio se habla de un pacto de fusil entre los actores armados. “Se cartelearon” con la disputa, asegura, y durante mucho tiempo la policía y el ejército patrulló los barrios y les hizo más difícil la extorsión y el microtráfico. Habla, además, de que la presencia de la policía ha disminuido y que lo que viven ahora es como si no hubieran tenido la confrontación de los primeros seis meses del año. Por eso la alerta llega en el momento en el cual la confrontación se redujo.
Nelson Zuluaga, el comandante de bomberos, asegura que “lo más complicado que hemos encontrado es donde ingresamos con el apoyo o presencia de la policía. Nos han dicho: ‘¿qué hacen acá?’ A las zonas donde hay conflicto no entramos sin la fuerza pública.”
Asegura que en Bello no habían tenido una época tan violenta, “con tantos muertos, no. Casi nunca nos había pasado que no podíamos entrar a un barrio”.
Ver también: Este es el mapa criminal de la delincuencia en Bello
Las víctimas y las victimizaciones
Quienes mueren son, en su mayoría, hombres entre los 18 y 59 años. Del total de las víctimas, 88 eran hombres y 11 mujeres.
En cuanto a la desaparición forzada, hasta el 19 de agosto fueron reportadas 33 personas, de las cuales 21 aparecieron vivas. Lo preocupante es que 4 aparecieron muertas y 8 continúan desaparecidas, según Medicina Legal.
Hasta el momento no se registran desplazamientos forzados masivos, pero los principales barrios donde se desplazaron las personas fueron París (109), Niquía (84) y La Gabriela (57); Medellín es el principal destino de acogida.
Además, está el toque de queda para menores de edad que lleva prolongándose durante todo el año y la restricción del parrillero en las motos. Más las capturas de Alexánder Uribe García, alias “Banano”, presunto integrante de Pachelly; o la captura de Eligio Arley Pérez Peña, alias “Malacate”, integrante del Mesa, capturado en junio en una finca de Copacabana.
Con la cantidad de víctimas mortales y el escalamiento de la disputa armada, también está la extorsión; en Bello cobran desde el suministro de agua en asentamientos informales hasta los productos de la canasta familiar, así como un porcentaje del dinero que reciben algunas personas con contratos laborales. “La presente advertencia no será posible superarla si el accionar del estado se enfoca solo en la fuerza pública”, dice la Alerta.
A finales de junio, el presidente Iván Duque dijo, luego de un consejo de seguridad, que allí se establecería un batallón para combatir la criminalidad. Sin embargo, la líder de una organización que agrupa a varios municipios del Norte del Valle de Aburrá, y quien pidió la reserva de su nombre, asegura que esas medidas son insuficientes. “El batallón es el complemento de muchas cosas. Tiene que haber un trabajo articulado. Sería el eslabón de una cadena”, asegura. Para mostrar la situación en la que se encuentran, señala que una hija salió a las discotecas del barrio Obrero. Que escucharon unos tiros y que luego se encontró con tres personas asesinadas. “Pudo haber sido mi niña, uno no sabe”, dice. Pero que también conviven con las bandas, que a unas cuadras de su casa vive “uno de los duros de Los Mesa”.
Pero para ella, hay condiciones que exacerban los actuales problemas de seguridad en Bello, como la violencia intrafamiliar y la pobreza. Asegura que en barrios como El Tapón o Machado, gran parte de sus jóvenes son consumidores de drogas. “La sensación de seguridad en Bello es muy baja”, dice.
A lo anterior, hay una crisis política relacionada con el control político que la familia Suárez Mira ha tenido desde hace tres décadas, dice la líder, más algunos sucesos polémicos que han relacionado a los actores políticos con los grupos armados. Según la Defensoría, citando el periódico El Tiempo, “algunos interpretan el Acuerdo 012 de 2006, expedido por ella [la alcaldía], como el pago a favores de las bandas. Consiste en destinar el 0,5 por ciento del impuesto de industria y comercio, o sea de 600 a 700 millones de pesos anuales, para proyectos de las 12 corporaciones que lideran los representantes de los antiguos grupos delincuenciales que forman la Mesa de Paz y Convivencia”.
A partir del 2005, agrega la Defensoría, los grupos delincuenciales “comenzaron a construir un pacto de repartición del territorio, a través de un espacio denominado Mesa de Paz y Convivencia, que en su momento contaba con el aval de la Administración Municipal. El Acuerdo Municipal No. 012 de 2006 oficializó la Mesa, incluso le dio la posibilidad de contratar con la administración local proyectos de convivencia y paz, a través de corporaciones, algo que, aunque buscaba alcanzar una paz urbana en Bello no dejo de ser polémico en su momento.” Y son estas antiguas bandas que aún permanecen en el territorio, las que hoy se disputan las rentas ilegales en Bello.
“El billete de 50 mil es el mismo”
Varios habitantes de Bello consultados por la Agencia de Prensa IPC, aseguraron que allí todos pagan extorsión. Un habitante de La Maruchenga aseguró que la banda de su barrio no está metida en el conflicto que involucra a los Pachelly, Los Mesa y Niquía Camacol, que en su barrio todo está tranquilo y que ya es costumbre que todo el comercio pague extorsión. Desde 1993 allí está una banda que desplazó a las milicias. Si bien no quiso dar los nombres de los líderes del grupo, aseguró que “la cabeza tiene unos 50 años y está aliado con gente como los Suárez. Ellos viven muy bueno, tienen puestos públicos”.
La banda de La Maruchenga tiene alianzas con los Pachelly, asegura esta persona. “Estos días que vi las noticias, me dio risa con el consejo de seguridad que hicieron en Bello. Porque aquí tienen que ir es a las cabezas de los grupos, que son los políticos”, dijo. Él es testigo de la relación de las bandas con la policía. Asegura que los policías recogen su dinero de los delincuentes. “La corrupción está tan marcada, que todos trabajan y todos ganan”.
Si por un lado se habla de extorsión y connivencia entre actores legales e ilegales, llama la atención la información que da una persona que hace parte de las reuniones que hacen algunas empresas para hablar de seguridad. De Puerta del Norte, el imponente centro comercial en Niquía, asegura que hay un proyecto de responsabilidad social con madres cabeza de hogar. Pero algunos miembros de este lugar lo definen como un proyecto “de seguridad”, pues de él hacen parte algunas madres de presuntos integrantes de las bandas. De esa manera, “se están blindando. Hoy, ningún local paga la vacuna en Puerta del Norte”. Independiente de donde provenga el dinero, en estas reuniones se dice que “el billete de 50 mil es el mismo”.
Es paradójico lo que dice otra persona que se reúne con policía y empresas para hablar de seguridad en el Norte del Valle de Aburrá. Según su versión, ninguna de las más de 50 empresas que agrupan, paga vacuna. Habla del territorio en disputa que es Bello y que “estos grupos no fueron creados hace quince días; llevan muchos años, 30 años, aproximadamente. Han creado lazos con la comunidad y en algunos casos la comunidad los cuida”.
Y agrega: “la comunidad ha sido partícipe de cuidarlos. Lastimosamente, la comunidad de Bello ha sido temeraria de estos grupos y le ha faltado denuncia”. Sin embargo, cuando se le pregunta por la connivencia entre los actores ilegales y la fuerza pública, asegura que no es un secreto pero que son unas manzanas podridas.
En todo caso, para la Defensoría del Pueblo se debe actuar en Bello. Para ello identifican varios niveles de riesgo. En lo local, que entren nuevas bandas –Los Chatas, Los Triana, San Pablo y la Oficina del Doce de Octubre- a la disputa territorial y que se expanda el conflicto en todo el municipio; en lo regional y nacional, que continúen expandiéndose a más municipios de Antioquia y otros departamentos del país, en donde se afiancen las relacones con el ELN y los Caparrapos; y en lo transnacional, porque se “están consolidando dos bandos alrededor de dos carteles mexicanos, como son los Carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
En consecuencia, asegura la Alerta, “conviene a la acción institucional adoptar un enfoque de “seguridad humana” en sus intervenciones, que asegure la plena vigencia del Estado social de derecho en las jurisdicciones urbanas y rurales del municipio”.
