El conflicto armado y la minería continúan afectando al Bajo Cauca

Actores armados ilegales, cultivos de hoja de coca y afectaciones ocasionadas por la empresa Mineros S.A. fueron los temas centrales del foro que reunió a líderes de esa región de Antioquia y a representantes de Procuraduría, Defensoría y Corantioquia.

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“Para nosotros la paz no está, porque simplemente se hizo un acuerdo de desarme de las Farc. En el territorio siguen el ELN, los grupos armados residuales, para nosotros paramilitares, y un ejército que entra y estigmatiza a los campesinos y busca enemigos donde no los hay”, dijo un habitante de El Bagre en el foro “Bajo Cauca: conflicto, modelo de desarrollo y territorio”, organizado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Este fue uno de los temas centrales de la discusión, de la que participaron más de 30 líderes sociales de esa región de Antioquia, más representantes de Procuraduría, Defensoría y Corantioquia, reunidos en el Museo de Antioquia el 20 de septiembre.

Mauricio Soto, investigador IPC, aseguró que en esta región falta voluntad política y articulación de los distintos gobiernos para intervenir la crisis. Este mensaje está relacionado con los resultados que dejó la Caravana humanitaria por el Bajo Cauca que se hizo entre el 25 y 28 de agosto y que culminó con una audiencia pública en Medellín.

En esta ocasión, dos líderes de Cáceres y Tarazá leyeron el comunicado que dejó como resultado la Caravana. Entre otras exigencias, estaba el pedir a las autoridades civiles y militares “propiciar espacios de diálogo, articulación y coordinación para desarrollar acciones en el territorio, que permitan avanzar en la implementación de los Acuerdos de Paz”.

“Este es un espacio de catarsis. Ojalá después de las elecciones podamos sentarnos ante unas instituciones que den respuesta”, dijo Claudia Vallejo, representante de la Procuraduría. Para esta funcionaria, “si la institucionalidad no llega en conjunto al territorio, no habrá un acuerdo de paz que se evidencie allí. Tenemos comunidades del Bajo Cauca que están todavía en el oscurantismo, donde no ha llegado el progreso para nada, donde no hay salud ni educación. Si todas esas situaciones, que son derechos fundamentales, no llegan al territorio, no va a haber paz”.

En Antioquia, el Bajo Cauca se ubica en el primer lugar en términos de pobreza (58.96%) y miseria (30,32%). Además de estas condiciones socioeconómicas, se cuenta “la disputa territorial de los actores armados. Estamos llenos de conflictos. El Bajo Cauca es un corredor de todos los actores”, dijo un habitante de El Bagre.

Sobre esta disputa se refirió la Defensoría en la alerta temprana 020-19, en la que advertía del peligro que corrían los habitantes del corregimiento La Caucana, de Tarazá. “Desde enero de 2018, momento en que se registra el escalamiento de la confrontación entre el Frente Rubén Darío Ávila de las AGC y los Caparrapos, estos últimos habían logrado imponerse sobre su adversario en diferentes zonas del Bajo Cauca”, dice el documento. Desde entonces, la disputa se acrecentó, con la presencia del ELN y las disidencias de las Farc.

Carlos Zapata, representante de la Defensoría, “agregó que hay una discriminación cultural, de la centralidad de la región antioqueña, respecto de territorios como el Bajo Cauca, que son considerados territorios de colonización para economías de enclave, pero ni su gente ni su territorio son integrados al desarrollo regional de Antioquia.”

Ahora bien, el Cinep advirtió en “Antioquia: la guerra en desarrollo”, un informe sobre la situación de derechos humanos en el primer semestre de 2019, que “el contexto de pobreza y despojo del Bajo Cauca, ha conllevado a que campesinos y campesinas se hayan tenido que dedicar al cultivo de la hoja de coca. En el reciente Informe de Monitoreo de Territorios con Presencia de Cultivos de Uso Ilícito de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), presentado en agosto del 2019, se menciona una reducción en Colombia de tan solo el 1.2% con respecto al año 2017. El aumento registrado en el Bajo Cauca es del 4.2% para el 0.88% del área total sembrada del territorio. El 56.3% de los cultivos de uso ilícito del departamento de Antioquia están en la zona del Bajo Cauca.”

Fue, precisamente, la erradicación forzada de cultivos ilícitos una de las principales inquietudes de los líderes de la región. “Con esta erradicación lo que hacen es acrecentar la crisis humanitaria”, dijo un líder de Cáceres, quien agregó que “los operativos de erradicación forzada no son los más efectivos. Arrancan los cultivos, arrancan la mitad o un cuarto y luego lo pasan como si hubieran arrancado 5 y 6 hectáreas de coca”.

Aunque 12 mil familias del Bajo Cauca se acogieron al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) algunas denuncias señalan que están siendo víctimas de erradicación forzada, cuando ya habían suscrito un acuerdo con el gobierno para sustituir los cultivos.

Ver también: La crisis humanitaria del Bajo Cauca que está lejos de resolverse

Modelo de desarrollo y conflicto

El segundo tema grueso del foro “Bajo Cauca: conflicto, modelo de desarrollo y territorio” estuvo relacionado con las afectaciones ocasionadas por Mineros S.A.

De acuerdo con Soledad Betancur, investigadora del IPC, por concepto de regalías la empresa Mineros S.A. le debe al Bajo Cauca 85 mil millones de pesos entre los años 2005 y 2015, pues no paga el 4% sino el 0.4%. “No se puede decir que no hay Estado. Sí lo hay, pero hay un tipo de Estado. Allá hay muchos proyectos en manos de grupos legales como Mineros S.A., Anglogold y Cerro Matoso”.

Pescadores asociados y otros líderes del Bajo Cauca, afectados por Mineros S.A., aseguraron que esta empresa no se ha hecho responsable del daño ambiental causado, entre otras, por el rompimiento de un jarillón sobre el río Nechí, hecho denunciado por el IPC en 2018, en un informe enviado a Corantioquia. Se referían al “ecocidio en varios humedales y ciénagas del río Nechí; el cual está afectando a comunidades de las veredas La Esperanza, San Pedro y El Pital, de los municipios de El Bagre y Nechí […] debido a que un daño en una obra de la empresa Mineros S.A. generó el vertimiento de aguas enlodadas y contaminadas que deterioró sustancialmente los ecosistemas de humedales y ciénagas en la zona, presentándose afectaciones tales como mortandad de todas las especies de peces, degradación de las aguas y las capas vegetales que componen estos ecosistemas, puesta en riesgo de especies forestales endémicas de la zona, como el Cativo, por ejemplo, entre otras.”

Sobre lo anterior, un líder ambiental aseguró que “Corantioquia no ha fijado una política clara frente a esta situación, no ha dicho exactamente qué medidas van a tomar con relación a la descontaminación del río Nechí, de esta problemática y de este vertimiento.”

Sobre las denuncias que hicieron los líderes del Bajo Cauca, Orlando Zuluaga, representante de Corantioquia, aseguró que no tenía respuestas a las inquietudes y le pedía al IPC que enviara un derecho de petición con todas ellas. Aseguró que “hay que seguir fortaleciendo la autoridad ambiental. Hay que modificar y ser innovadores en la forma como se está haciendo la autoridad ambiental.” Fue llamativa su referencia al río Cauca, de la que dijo que su problemática “viene desde su nacimiento, por los niveles de degradación, de sólidos suspendidos, de los municipios que quedan en la ribera, no es solo en la zona del Bajo Cauca, son niveles de degradación que viene mucho antes de nuestra jurisdicción, lo mismo pasa en el río Magdalena. No me atrevo a decir que es por la actividad de Mineros, porque eso viene de mucho más arriba. Son actividades que vienen desde más arriba”.

Cuando se le preguntó si creía que lo mismo sucedía con el río Nechí, el cual está en la jurisdicción de esa corporación ambiental, no tuvo respuesta.  Zuluaga se comprometió a que funcionarios de Corantioquia, si son invitados de nuevo, se referirán a estos hechos.

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