“Tenemos la obligación moral y ética de desenterrar la verdad en los casos de desaparición y otros casos de violación de derechos humanos”, dijo la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, al final de la audiencia. Lo dijo llorando. Contó que era inevitable no conmoverse ante el dolor de los familiares de las personas desaparecidas cerca del río Cauca.
Luego señaló que lo que sigue en la JEP es la revisión de la información que dejó la audiencia durante los días 8 y 9 de octubre en Medellín para luego “adoptar las decisiones de fondo que correspondan, atendiendo a la urgencia y riesgos que se consideren”.
Al final de los dos días, quedó una sensación similar a la del pasado julio, cuando la JEP hizo la primera audiencia de medidas cautelares sobre los desaparecidos en la Comuna 13: la búsqueda de desaparecidos suma nuevas irregularidades que comprometen a Fiscalía, Gobernación de Antioquia, EPM, Socya y la Universidad de Antioquia.
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Un trabajo forense no forense
Una de las principales discusiones tuvo que ver con las declaraciones de la antropóloga Timisay Monsalve, líder del equipo de antropología de la Universidad de Antioquia, contratado por Socya para hacer el traslado de las personas desaparecidas de los cementerios de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá). Se trata de 349 cuerpos exhumados, de los cuales solo se identificaron 25. Los demás los tiene la universidad, es decir, no están en el territorio, sino guardados en Medellín. Es una de las razones por las cuales la JEP ordenó hacer una inspección.
Se trata del convenio PC2017001472 suscrito entre Integral y la Universidad de Antioquia para la prospección, exhumación y traslado de los cuerpos de estos cementerios. Sin embargo, cuando los magistrados la interrogaron y le preguntaron a la antropóloga que cómo sabía que en esos restos no había personas desaparecidas, dijo: “No lo sabíamos, señor magistrado. Y como no lo sabíamos se lo preguntamos a la Fiscalía. Si a mí me hubiesen informado de que todavía los cementerios estaban en ese proceso no hubiese tocado, bajo ninguna circunstancia, esos cementerios. La Fiscalía nos dio información de que no eran víctimas de hechos violentos y que podíamos intervenir”.
Monsalve se refirió en continuas ocasiones a un documento que la Fiscalía le dio a EPM y ésta se lo entregó a la Universidad de Antioquia, en el que se aseguraba que podían intervenir los cementerios. La JEP les dio diez días para entregarlo.
De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), en los doce municipios en jurisdicción de Hodroituango fueron desaparecidas 1013 personas y se cometieron 76 masacres que dejaron como víctimas a 452. La mayoría de masacres, 47, sucedieron entre 1996 y 2006. Del total, los grupos paramilitares (47) y las guerrillas (11) fueron los principales responsables.
Por su parte, Alonso José Alvear Pérez, Fiscal 221 de la Fiscalía, les aseguró a los magistrados que hicieron 195 diligencias de exhumación en municipios como Peque, Buriticá, Sabanalarga, Olaya, Yarumal, Santa Fe de Antioquia, Liborina y Caucasia. Que identificaron y entregaron 115 cuerpos en ceremonias, que 22 están en identificación y que 58 están como no identificados.
-¿Cuáles fueron los criterios que tuvieron en cuenta para autorizar a la Universidad de Antioquia para el traslado de los cuerpos? –preguntó el magistrado Alejandro Ramelli.
-La Fiscalía fue clara al decirle a EPM que inmediatamente se hicieran las intervenciones de los cementerios, que agotáramos la información en cuanto a la ubicación de enterramientos con cuerpos o restos óseos con víctimas de homicidio o desaparición, la antropóloga Timisay podía hacer su intervención, entrar a la zona para realizar sus procesos.
-¿Podemos afirmar con certeza que los cuerpos trasladados no pertenecen a personas desaparecidas? –insistió Ramelli.
-No le puedo decir, porque no conozco los restos
-Si no se puede afirmar, ¿cómo se dio la certificación?
-Sobre esa certificación, hasta donde tengo conocimiento, a EPM se le informó que los fiscales harían la intervención y luego la universidad podía entrar. Como fiscal también estaba Gustavo Duque, es posible que él haya dado la certificación. No estoy seguro si el doctor expidió esa certificación.
De los 349 cuerpos que exhumó la Universidad de Antioquia, la antropóloga Monsalve identificó que dos de ellos tenían signos de violencia. El fiscal Alvear Pérez dijo que iba a revisar esos cuerpos, pero el magistrado Ramelli le insistió en que ese trabajo debieron hacerlo antes.
-¿No le parece que es suficiente información que haya probablemente muertes violentas en un cementerio informal? Era de suponer que en estos cementerios estén víctimas de violencia en un escenario con un clarísimo subregistro. No está bien que la Fiscalía haga confirmaciones posteriores.
-Señor magistrado, antes de hacer intervenciones en cementerios, tuvimos contacto y recopilamos información y acopiamos información con aquellos casos de muertes violentas en cementerios. Sabíamos que habían hecho inhumaciones de cuerpos que habían bajado por el río.
Las irregularidades señaladas por Équitas
Las dudas de Diana Arango, directora ejecutiva, y de Gina Camacho, coordinadora técnica de Équitas, se resumen en las siguientes: uno, con relación al contrato entre EPM y Socya, preguntan por qué de los 30 sitios que identificaron donde habría personas inhumadas, descartaron tres; dos, si la Fiscalía hizo verificación de todos los puntos; tres, se informó que la Fiscalía había rescatado cuatro cuerpos, pero habían hablado de que se trataba de doce, ¿qué sucedió con ellos?
Diana Arango aseguró que el área de afectación por Hidroituango se extiende a 27 municipios, no solo de Antioquia, y que, con base en datos del OMC, en toda la zona habría 4574 personas desaparecidas. En cuanto a los doce de la zona directa, registran 1887 personas, mientras que Medicina Legal registra 1789.
En diciembre de 2011, EPM y Socya suscribieron un contrato relacionado con el plan de gestión social de Hidroituango. De acuerdo con Diana Arango, y leyendo un informe de Socya de 2017, desde junio de 2014 inició la indagación de sitios que los lugareños habían utilizado para sepultar a sus seres queridos y que hicieron “prospecciones en terreno” “con anticipación a la Fiscalía para tener mayor certeza de los lugares”. Identificaron 30 sitios de enterramiento, pero tres se descartaron por la “imposibilidad de hallazgos de restos”.
Una preocupación adicional tiene que ver con el uso de maquinaria pesada. Según un informe de Socya, leído por Arango, “las máquinas retroexcavadoras removieron los restos y parte fueron arrojados al río”. Que en otro sitio donde luego se excavó no se encontraron restos porque antes el lugar fue trabajado por las retroexcavadoras. Y otro lugar de enterramiento en Sabanalarga, según el citado informe, “fue desmantelado por máquinas retroexcavadoras”.
Arango manifestó su preocupación por la exhumación de cuatro cuerpos sepultados en el cementerio de Barbacoas cuando la Fiscalía y Socya tenían registradas doce. “Los cementerios intervenidos no contaban con suficiente información sobre estado, identificación de los cuerpos y no se podía asegurar que no fueran víctimas del conflicto. Es necesario conocer si se encontraron con personas desaparecidas. Équitas recomienda la realización urgente de un peritaje sobre todos los cuerpos recuperados que, según la Universidad de Antioquia, no corresponden a un peritaje forense”, concluyó.
Ginna Camacho, coordinadora técnica de Équitas, señaló que en el área aún hay cementerios que no han sido intervenidos y que serían afectados en caso de una nueva emergencia. Reportan 15 puntos sin intervención. Para ello, entre sus recomendaciones, está que se haga un “registro de personas desaparecidas en Antioquia y en la zona afectada. Eso implica el cruce, depuración de información de sistemas oficiales y organizaciones, así como la estimación del subregistro”.
Las respuestas de Fiscalía y Socya
Jorge Iván Arango, representante de Socya, explicó que ellos hablaban de “posibles” 12 cadáveres y que en campo comprobaron que eran cuatro.
-Hay una contradicción recurrente en Socya, pues dicen que no hacen prospección pero en sus actas dice que sí lo hacen. Hay actas donde dicen que de manera específica se preguntaba por playas y lugares de inhumación. Indiquen cuál es el papel de Socya, parecen ustedes un engranaje entre EPM y Fiscalía- intervino el magistrado Alejandro Ramelli.
-Nosotros no hacemos prospección. Era por definir la distancia del sitio de enterramiento, condiciones para llegar hasta allá- respondió Arango.
En este punto intervino de nuevo Équitas. Aseguraron que era poco claro el rol de Socya en la identificación de los puntos de inhumación, en el descarte de otros y que no saben si la Fiscalía verificó los sitios.
-Insisto en mi respuesta –dijo Arango-. Si se lee todo el documento, se da en el marco del contexto después de haber ido con la Fiscalía, después de haber realizado las labores.
-Nos queda claro –agregó Diana Arango, directora de Équitas-, que no había un universo claro de los cuerpos que se iban a recuperar, por lo que no se puede decir que las exhumaciones correspondían al total de las personas.
Peticiones de las organizaciones
Alirio Uribe Muñoz, abogado del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» y representante de Ríos Vivos y Movice, dijo al final de la audiencia que el Estado y las empresas debían supervisar “estos megaoproyectos y valorar cómo afectan los derechos humanos de las comunidades. Es clarísimo que Ríos Vivos y Movice han señalado y puesto de presente cómo por décadas fueron testigos de la práctica de desaparición forzada y la disposición de cuerpos a lo largo del río Cauca. Quiero dejar constancia de acciones irregulares que hubo en el afán por cumplir los tiempos del megaproyecto. Que la Fiscalía no cumplió su función en el cañón del río Cauca.”
También criticó a la Universidad de Antioquia por asumir compromisos forenses que no le correspondían, lo que implicaría pérdida de información física y forense. Luego hizo sugerencias a la JEP, quien debería evaluar, según propuso, que las autoridades garanticen la búsqueda de los desaparecidos en la zona inundada y aguas abajo. “Hay posibilidad de bajar hasta 260 metros la presa, y ahí podríamos, incluso, que zonas de Sabanalarga quedaran expuestas para recuperar cadáveres”. También propuso hacer una recuperación subacuática y ordenar a la Fiscalía que haga un estudio sobre el universo de víctimas, una cantidad de personas que tampoco tenía identificada la Gobernación de Antioquia.
Las órdenes de la JEP
Luego de esta audiencia, el magistrado Gustavo Adolfo Salazar señaló las órdenes que la JEP extendió a las instituciones.
A la Gobernación de Antioquia, que entregue las actas de la mesa departamental de desaparición forzada, el universo de víctimas en la zona de influencia de Hidroituango.
Al Ministerio de Interior, que en dos semanas presenten el plan de visita a cementerios de la zona de influencia, así como el diagnóstico de cuerpos no identificados en Toledo e Ituango. Además, dos de sus funcionarios tendrán cinco días para ejercer su derecho a la defensa, dado que se abrió incidente de desacato a Hilduara Dianasneth Barliz, directora de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, y contra Luis Fernando Bastidas Reyes, director de Consulta Previa, quienes no asistieron.
A la Universidad de Antioquia se le pidieron las diapositivas presentadas a la audiencia. La JEP hará una inspección al lugar donde tienen 324 restos. A EPM se le ordenó remitir la comunicación de la Fiscalía en la que autorizaba la recuperación de los cuerpos en los cementerios, así como los informes de recuperación de cuerpos y el acuerdo que firmaron con la Universidad de Antioquia.
A la Fiscalía le dieron diez días para tener las cifras consolidadas del universo de víctimas, así como documentos del informe en el que se dice que fueron agotados los lugares y demás zonas donde había personas enterradas en la zona de Hidroituango. Además, que entregaran las entrevistas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y las investigaciones por el desarrollo de la minería ilegal en el río.
Y al partido Farc, que entregue cronograma de actividades, nombres de excombatientes que estuvieron en la zona, sus rangos y voceros.
En el cierre de la audiencia, el magistrado Salazar concluyó que “en términos generales se cumplió el objetivo de la audiencia. La audiencia fue convocada en cuando se creía había información suficiente. Las audiencias han sido interesantes porque aparece información que no conocíamos. No teníamos claro la dimensión de la exhumación y que el número de cuerpos encontrados ascendiera a tal cantidad. La experiencia nos está demostrando que en las audiencias surgen nuevas cosas, lo mismo en las controversias”.
