Ley de Víctimas: deber ético u obligación fiscal

Aumentar la vigencia de la Ley o dejar que expire en 2021 fueron las posiciones enfrentadas en la Corte Constitucional. El deber ético de cumplirles a las víctimas o las implicaciones fiscales por el gasto de 143 billones más fueron parte de las discusiones.

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Foto: IPC.

Un día después de la audiencia en la Corte Constitucional, en la que se habló de ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas o 1448, el presidente Iván Duque anunció que presentará un proyecto de ley para que esta vaya por diez años más. Este se sumaría a tres más que cursan en el congreso, presentados por los partidos Centro Democrático, de la U y los de oposición. Un capítulo adicional de una discusión que también involucra al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Juan Fernando Cristo, Gustavo García, Néstor Osuna y Guillermo Rivera presentaron en mayo una demanda a la Corte Constitucional para que declarara inexequible el artículo 208 de la Ley de Víctimas, en donde dice que esta “tendrá una vigencia de diez (10) años”. Frente al anuncio del presidente Duque, Guillermo Rivera aseguró que “no cabe duda que lo hace para adelantársele a una eventual decisión de la Corte y así posar de comprometido con los derechos de las víctimas. La razón que lo mueve a hacerlo no es un asunto que nos preocupe, en cambio sí es motivo de alerta el riesgo existente en el trámite en el Congreso de esa iniciativa porque sin duda el Centro Democrático aprovechará para introducirle modificaciones en detrimento de los derechos de las víctimas.”

Ese nuevo escenario, a partir del anuncio del presidente, se suma a la discusión del 10 de octubre en la Corte Constitucional, en donde se escucharon dos posiciones: aumentar la vigencia de la Ley de Víctimas, que finalizaría en 2021, o dejar que termine. Mientras Juan Fernando Cristo lideraba la posición de que es un deber ético cumplirle a las víctimas, desde el gobierno Duque el argumento se basó en los 143 billones de pesos que costaría una década más de vigencia de la Ley.

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia el 17.7% de la población está registrada como víctima del conflicto armado, es decir, 8.895.978 personas. Luego de ocho años, solo 900 mil han sido indemnizadas, y se han restituido más de 330 mil hectáreas, equivalentes al 4.9%. Sin embargo, la discusión en la Corte fue un nuevo encuentro entre el gobierno y algunos de sus representantes frente a ex funcionarios de los gobiernos de Juan Manuel Santos y políticos y organizaciones que han apoyado los Acuerdos de Paz. Mientras de un lado se asegura que se le puede cumplir a las víctimas en los dos años que restan, la posición más fuerte en el debate indicó que no era posible resolver en un par de años lo que no se pudo en ocho.

Así fue la audiencia.

A favor de la ampliación

Presentación de Juan Fernando Cristo. Foto: Corte Constitucional.

El exministro Juan Fernando Cristo fue el primero en mostrarse a favor de la inexequibilidad del artículo, es decir, que la Corte Constitucional le dé la orden al Congreso de que amplíe la vigencia de la Ley. Dijo: “Colombia hoy es un modelo en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas. Ese modelo lo iniciamos unilateralmente antes de la negociación de paz. Eso le permitió al Estado tener la legitimidad ética y política. Eso permitió que el acuerdo pusiera a las víctimas en el centro.”

Para Cristo, la Ley es la política pública más ambiciosa del Estado para reparar los derechos de las víctimas, “si la Ley pierde vigencia por la expiración y no porque haya cumplido su mandato, el país se enfrentaría a un retroceso cierto. Se desconocerían los derechos de las víctimas y se extinguirían las posibilidades de la reparación”.

Una de las preguntas que la Corte había enviado a algunos de los 19 intervinientes de la audiencia era si existía una complementariedad entre la Ley de Víctimas y los Actos legislativos 01 y 02 de 2017, producto de los Acuerdos de Paz. Para Sergio Jaramillo, quien envió un video, “la Ley de Víctimas fue muy audaz en su momento, porque tenía como fin responderles a las víctimas, sin tener aún un fin del conflicto. Sin embargo, el objetivo de satisfacer los derechos a la verdad y la justicia solo se podían garantizar con el fin de la confrontación, como está sucediendo. Quiero insistir en que desde el inicio la Ley fue pensada como primera fase para este proceso transicional de cierre del conflicto.”

Similar opinión tuvo el viceprocurador Juan Carlos Cortés González, quien señaló la relación entre la Ley y los actos legislativos. “A marzo de este año solo el 13% ha recibido su indemnización, de más de seis millones de personas que podrían ser reparadas. A 2021 no se alcanzaría”, aseguró.

Y agregó un punto importante, pues si la Ley pierde vigencia, los Actos legislativos no tienen contemplada la reparación de las víctimas así como afectaría a las comunidades étnicas. Lo mismo en la restitución de tierras. “Se generaría una sensación de vacío contrario a la Constitución porque se desconocerían los Actos Legislativos 1 y 2. Aquí no se trata de una fecha determinada, sino que el Estado le pueda cumplir a las víctimas”, concluyó.

Que expire en 2021 o destinar 143 billones de pesos más

Presentación del senador José Obdulio Gaviria. Foto: Corte Constitucional.

“Traigo dos peticiones”, dijo José Obdulio Valencia, senador del Centro Democrático. “La principal es que la Corte se declare inhibida para pronunciarse de fondo”, y la segunda, “que se declare la exequibilidad de la expresión ‘y tendrá una vigencia de 10 años’”.

La de Gaviria fue la primera de las cuatro voces en contra de la ampliación de la vigencia de la Ley. Para él, se trata de una “audacia” de Cristo extender la vigencia por medio de la Corte Constitucional y no por medio del congreso, en donde ya hay cuatro proyectos de ley, uno de ellos presentado por la senadora María Fernanda Cabal, y quien propone que en la restitución de tierras la carga de la prueba la asuman las víctimas.

“¿Acaso se debe privar al congreso porque dos exministros se consideran más expeditos?”, preguntó.

La misma posición tuvieron Andrés Augusto Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla y el controlador Carlos Felipe Córdoba.

De acuerdo con Carrasquilla, en los últimos ocho años se han ejecutado 132.7 billones de pesos, 40.3 billones más de los calculados inicialmente. En caso de que se extienda por diez años más, la Ley costaría 143 billones de pesos, casi la misma cantidad del dinero recaudado por impuestos cada año. Sin embargo, si se amplía el universo de víctimas a 13 millones, esto costaría 182 billones.

La discusión para el contralor Córdoba también está en términos económicos. Según le dijo a la Corte, “se necesitan 115.9 billones de pesos para terminar de reparar a las víctimas a 2021. Ese es el cálculo que tenemos. Al igual que el Ministro de Hacienda, pensamos que es importante establecer si se abre ese registro nuevamente”.

No es necesario prorrogar la Ley, aseguró Andrés Augusto Castro, director de URT. Según sus datos, en ocho años ya hicieron la macrofocalización de los casos. En etapa administrativa, al 30 septiembre, tenían 123.128 solicitudes”, con “76.717 decisiones de fondo, con un porcentaje del 62%”. Se refiere a los casos que finalizaron su etapa administrativa y que aún no tienen sentencia por parte de los jueces de tierras, en donde solo se ha logrado restituir el 6.9%. Para Castro, al 2021 tendría solucionados todos los casos, menos las zonas que no han sido microfocalizadas, dada la persistencia de la violencia.

Ya hay otros proyectos de ley

Intervención del senador Roy Barreras. Foto: Corte Constitucional.

Luego de las intervenciones de las personas que estaban en contra de la ampliación de la Ley, el senador Roy Barreras y la representante Juanita Goebertus hicieron su presentación. Para Barreras, “la pérdida de vigencia es contrario al marco jurídico para la paz”. Y que a pesar de que haya tres proyectos de ley para reformar la Ley o prorrogarla, no es garantía de que vaya, por lo menos, hasta 2030. “Considero que no hay confianza en la voluntad política del gobierno para garantizar la prórroga o la adecuación que puede ser la restricción de alcance. Esos proyectos no son garantías para las víctimas sino de incertidumbre. Para empezar, en el Plan Nacional de Desarrollo de manera optimista algunos opinan que este plan garantiza que esa ley se va a continuar. El Plan no garantiza la prórroga ni los mecanismos para garantizar la financiación de este compromiso histórico, sino que garantiza su evaluación”.

Para el senador, la restricción fiscal no puede estar por encima de la responsabilidad histórica con las víctimas.

Goebertus, por su parte, explicó que desde 2013 se han presentado 21 iniciativas de modificación o prórroga de la Ley. 18 ya fueron archivas o retiradas. Quedan tres: dos que buscan la ampliación de la vigencia y una, como la de la senadora Cabal, “que quiere que sean las víctimas las que tengan que probar el despojo”, dijo.

Señaló otros puntos que hablan del nivel de ejecución de la Ley. En indemnizaciones el avance es “del 12%. Al ritmo que veníamos nos tomaría 62 años. En dos años que nos queda, no alcanzaríamos. Lo más preocupante es que en el gobierno Duque se ha ralentizado, solo se han indemnizado 45 mil víctimas.”

El presidente Duque anunció que indemnizaría 510 mil víctimas al año, “pero si uno toma todos los recursos para 2020 el gobierno Duque sólo lograría el 30% de la meta frente a la indemnización de víctimas.” Al final, Goebertus hizo una propuesta en la que sugería ampliar el registro de víctimas e incluir allí a víctimas de la fuerza pública y nuevas víctimas de las Farc.

Otras voces en la audiencia

Paula Robledo Silva, delegada de la Procuraduría: “La Ley soporta todo un deseño institucional que le ha permitido actuar al Estado. Esto permite abogar por que este andamiaje institucional apoye los compromisos del punto cinco de los acuerdos. La Ley debe prorrogarse en un tiempo equivalente al Acuerdo final”.

Alberto Brunori, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU: “Los estados tienen la obligación moral de ofrecer reparación a las víctimas afectadas por las violaciones. La oficina destaca que cualquier medida para derogar o ampliar, debe dar cuenta de los avances alcanzados con el fin de no disminuir el estándar de atención a las víctimas”.

María Del Pilar Valencia, comisionada de la JEP: “La vigencia debe extenderse hasta que el sistema cumpla su labor. Las competencias de la JEP requiere de los instrumentos consagrados en la legislación de víctimas”.

Vivian Newman, directora de DeJusticia: “Solicito que la Ley se extienda hasta 2030, a no ser que el congreso lo extienda por más tiempo. La pérdida de vigencia tendría impactos graves porque no existe un mecanismo de reparación igual o mejor que la Ley de Víctimas. El sistema integral es un modelo articulado de garantía de derechos que no puede funcionar si le falta alguno de sus componentes. Una de esas partes es la Ley de Víctimas”.

El 11 de octubre, un día después de la audiencia en la Corte Constitucional, el presidente Duque hizo el siguiente anuncio: “He tomado la decisión, y le he dicho a la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, y a Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Reparación de Víctimas, que debemos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia, para que podamos extender la vigencia de la ley de víctimas por 10 años.”

En este contexto, la Corte Constitucional es fundamental en la discusión: podría ordenarle al Congreso que extienda la vigencia de la Ley de Víctimas o podría dejar la discusión en manos de senadores y representantes que podrían hacer modificaciones de fondo, distintas a la ampliación.

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