La Corte Constitucional tiene en sus manos la decisión de ordenar al Congreso que prorrogue la vigencia de la Ley de Víctimas o 1448 de 2011. Mientras que esto sucede, sectores afines y cercanos al gobierno, como partidos y organizaciones sociales defensoras del proceso de paz, discuten sobre lo que debe suceder: dejar que finalice la vigencia, extenderla una década más o hacerle modificaciones, y para ello ya hay tres proyectos de ley, entre ellos el que presentará el presidente Iván Duque con “carácter de urgencia”.
La decisión de la Corte es clave para definir el futuro de la restitución de tierras. En ocho años, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha recibido 123.128 solicitudes. A pesar de que los casos resueltos judicialmente corresponden al 6.9%, para Andrés Augusto Castro, director de la URT, no es necesario ampliar la vigencia de la Ley, pues considera que para el 2021 ya habrían resuelto todos los casos en etapa administrativa.
Para Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), “no ampliar la Ley de Victimas y Restitución de Tierras conlleva a mayores índices de impunidad en el país, dado que permitiría que actores armados, empresarios y parapolíticos que se beneficiaron del despojo en las diferentes regiones de este país, se quedaran con lo que les pertenece a los campesinos, comunidades étnicas e indígenas, sería una forma de continuar legalizando el despojo en este país”.
Críticas a la URT
Castro le dijo a la Corte Constitucional, el 10 de octubre, que la URT había tomado “76.717 decisiones de fondo”, equivalentes al 62% de restitución. Sin embargo, uno de los críticos de esta institución es Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. “De lo que manifiesta haber resuelto la URT en estos ocho años de implementación, ha rechazado el 64% de las solicitudes que les han llegado. Ellos dicen que solucionaron, pero es negando la posibilidad de que los casos pasaran a los jueces”, dice Vega.
El director de la URT habla de 3.2 millones de hectáreas despojadas en el país, sin embargo, varias organizaciones cuestionan ese dato. Rocío del Pilar Peña, del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, señala que la URT tiene un subregistro. “No solo es un subregistro y subestimación. Parten de la base de que solo se despojaron o se abandonaron tres millones de hectáreas, pero la información que ellos tienen no sabemos cómo la armaron”, dice a la Agencia de Prensa IPC. En el informe Tierras y conflictos rurales del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), hay un estimativo que va de los 10 millones de hectáreas despojadas, según el Movimiento Nacional de Víctimas a los 3.4 millones señalados por la URT en 2013, que en 2019 tiene 200 mil personas menos.
En los estudios que el Observatorio de Tierras ha hecho con Francisco Gutiérrez Sanín, profesor de la Universidad Nacional, “nos damos cuenta de que eso es un subregistro, porque no todas las víctimas de despojo se han registrado y a muchas que se han registrado, les han negado el proceso en etapa administrativa. Eso hace que solo se haya podido restituir el 6%”, agrega la investigadora Rocío del Pilar Peña. Incluso señala que “el senador Roy Barreras y yo misma le dijimos al director de la URT que no hemos llegado al 10% de lo que queríamos.”
Una opinión similar tiene Gerardo Vega. Asegura que en el país 6.5 millones de hectáreas fueron despojadas o abandonadas, “solo se han restituido 370 mil hectáreas. O sea que los indicadores son bajos y malos y no es para que una política pública tenga este resultado. Es decir que es un trabajo incompleto, es una deuda del gobierno nacional. No es cierto que se pueda solucionar en los meses que quedan hasta 2021, porque muchas personas no han llevado su solicitud, porque hay temor, ya hay 120 personas reclamantes de tierras asesinados”.
Según Luz Nely Osorno, “se pudiera decir que procesos como la restitución de tierras en Colombia está en manos de la fuerza pública, que es quien termina diciendo dónde se pueden iniciar procesos de restitución, dado que si no emiten conceptos de seguridad no se puede microfocalizar. Con el agravante de que en algunas regiones se ha comprobado el accionar de la fuerza pública a favor de grupos armados o sectores vinculados a procesos por violación de derechos humanos”.
La cantidad de tierra despojada y el número de víctimas del despojo aún es motivo de discusión. Para el CNMH, “esta cifra está en construcción y actualización permanente, razón por la cual no puede dar lugar a un estimativo total de las tierras abandonadas y despojadas, puesto que este registro se lleva desde octubre de 2011. Además, es preciso señalar que este valor hace referencia a las hectáreas declaradas en las solicitudes de ingreso al registro, solicitudes que posteriormente son valoradas y pueden ser rechazadas o ajustadas en el valor de cantidad de hectáreas abandonadas.”
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Una URT hasta 2021
“En sentencias judiciales el porcentaje es demasiado bajo”, dice Andrés Augusto Castro Forero a la Agencia de Prensa IPC. Y agrega: “Pero mire que ya yo le paso el relevo a la justicia especializada en restitución. Lo importante es el avance que yo pueda presentar a 2021”. Esta opinión es cuestionada por Martha Peña, investigadora del IPC, pues eso sería “matar la Ley sin que vaya al Congreso. Ese planteamiento de la URT le quita efectos a la Ley. No hemos podido lograr que se comprometan con este debate.”
En caso de que pierda vigencia la Ley, según Gerardo Vega, “se les cierra la posibilidad a las víctimas del despojo de hacer su reclamación. Y los procesos que quedaran a llegar se les cierra la puerta de entrada a la etapa judicial. Los jueces no pueden dejar eso abandonado. Es una manera arbitraria de la URT de decir que cumplieron con las víctimas del despojo. Falta más de la mitad para que reciban las solicitudes, no hay razón para que cierren las oficinas.”
En septiembre, la URT en Antioquia señaló que por condiciones de orden público suspendían el proceso de restitución en cinco municipios de ese departamento. Esto está relacionado con unas condiciones de orden público que, de acuerdo con el director de la URT, dificultaría la restitución de 12 mil solicitudes en algunas de las zonas más complejas del país. La propuesta es que se compense con otras tierras, sin embargo, el riesgo es que no se puedan restituir.
Frente a esto, Gerardo Vega señala que “van 125 mil solicitudes, el 64% han sido rechazadas por la Unidad, que no han podido ir donde el juez. Eso ha pasado porque muchas partes del país quedaron atrapadas en la microfocalización, que es un permiso previo que deben dar las autoridades para ir. Nada de eso se ha hecho porque no han tenido el permiso de las fuerzas militares. Alegan las fuerzas militares que no hay condiciones de seguridad, en algunos casos con razón.”
Para Martha Peña esto pudo evitarse con una propuesta que el IPC y Forjando Futuros hicieron en 2012, cuando hablaban de una restitución colectiva y administrativa. “Eso sigue siendo vigente. Lo que pasa con las sentencias de Monteverde, de Belén de Bajirá, de Chigorodó y de Turbo, nos están dando la razón de que esos procesos pudieron ser uno solo, no ser 80 solicitudes individuales con muchas dificultades, porque estaban enfrentando los mismos opositores, son veredas vecinas”, dice.
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Un panorama incierto
En la audiencia en la Corte Constitucional, Ronald José Valdés Padilla, representante del Espacio Nacional de Consulta Previa de comunidades negras, raizales y palenqueras, dijo que “con todas las falencias y críticas por el poco avance en algunos puntos, la pérdida de vigencia de la Ley nos retrocede al año 2010 en cuanto a las víctimas individual y colectiva. Existe una dialéctica a desconocer el conflicto y desconocer a las víctimas y es devolvernos al 2010”.
La Ley de Víctimas surgió en 2011, luego de los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe. “Esa Ley fue muy importante, yo creo que uno debe separar el debate de la eficacia para cumplirla con que no sea importante la existencia”, asegura Marta Peña. Y concluye: “La ley es importante, porque después de la sentencia T025 declarando el estado de cosas inconstitucional por el desplazamiento, aparece esta política pública que da cuenta de los efectos de la violencia y su impacto masivo.”
En caso de que la Corte Constitucional deje la discusión en manos del Congreso se corre el riesgo de que se hagan modificaciones que afecten la Ley. La representante Juanita Goebertus hace una pregunta: “¿las modificaciones o ajustes que se hagan a la Ley pueden ser regresivas a derechos adquiridos por las víctimas o deben ser progresivas? La respuesta es lo segundo. Las reformas como la presentada por la senadora Cabal, que busca que sean las víctimas las que demuestren que se generó el despojo y no los actuales poseedores, nos devolverían a un escenario en el que sería casi imposible restituir las tierras despojadas. Cualquier modificación debe ser progresiva y no regresiva”.
Con relación a los proyectos de ley que buscan ampliar o modificar, más el que presentaría el gobierno, Goebertus agrega: “existe un consenso político con respecto a la prórroga, las dificultades están en los ajustes a la Ley. Hay visiones de ampliar el registro, ampliar la categoría de víctimas y las medidas de reparación, pero también hay otros sectores que han buscado restringir los derechos adquiridos por las víctimas. Encontrar el punto medio en las adecuaciones estará el reto.”
Por lo pronto, y mientras no se pronuncie la Corte Constitucional sobre la ampliación de la vigencia de la Ley, los riesgos de la modificación o de la expiración están latentes. Esto significa que la sociedad civil debe estar alerta a cualquier modificación que se le haga a la Ley. El deber ser es que se tenga como centro el restablecimiento de derechos de las víctimas del conflicto armado.
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