Para Andrés Augusto Castro Forero, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), no es necesario prorrogar la Ley de Víctimas, pues para 2021 podría resolver todos los casos de restitución en etapa administrativa. Para él, el órgano que debe definir si se extiende por una década más la vigencia de la Ley es el Congreso y no la Corte Constitucional.
En ocho años, la URT ha microfocalizado 1026 zonas en 956 municipios y han recibido 123.128 solicitudes de restitución hasta el 30 de septiembre de este año. De estas, 76.717 son “decisiones de fondo”, equivalentes al 62%, las cuales tienen que ver con la etapa administrativa y no con la restitución real, en la cual se han resuelto el 6.9% de los casos, equivalentes al 3.9% de la tierra despojada o abandonada.
En diálogo con la Agencia de Prensa IPC, Castro Forero habló de la Ley de Víctimas, la no prorrogación de su vigencia y de cómo les cumplirían a las víctimas.
IPC. Usted habla de un 62% en el avance en la restitución de tierra, sin embargo, otras organizaciones hablan del 6.9% de casos resueltos, ¿por qué esa diferencia?
Andrés Augusto Castro. Porque es sobre el trámite que yo adelanto. Es decir, es el trámite administrativo que queda resuelto con la inscripción o no inscripción del predio en el Registro Único de Predios Abandonados y Despojados Forzosamente.
Y lo otro: Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, habla de 6.5 millones de hectáreas despojadas o abandonadas. Sin embargo, lo que tengo inscrito en el Registro son 2.6 millones de hectáreas étnicas, afros e indígenas, y tengo 600 mil en la ruta individual, es decir campesinos. Al sumar, da 3.2 millones de hectáreas. Eso es lo que yo tengo. Se habla de un posible subregistro en la medida que no tenemos microfocalización. En efecto, ocurre que cuando logramos avanzar en la micro, se disparan las presentaciones de solicitudes.
Lo que tenemos que lograr es avanzar en la focalización, pero eso depende de la fuerza pública.
IPC. Mientras no haya microfocalización, no será posible a 2021 atender a muchas familias.
A.A.C. Casi que yo le plantearía la alternativa: la compensación. Para poder atender a esas personas la Ley prevé la restitución material, el retorno, pero también la compensación, un predio equivalente o dinero. Esas son las alternativas para quienes no están microfocalizados. Hay una gráfica que es un termómetro donde están claramente establecidas las zonas donde hay riesgo, si es extraordinario, medio o bajo o sin riesgo. Yo puedo avanzar hasta riesgo medio, bajo y no alteración de orden público. Pero hay 12 mil solicitudes que están en riesgo extraordinario en Catatumbo, Bajo Cauca, Sur de Bolívar, en toda la cuenca del Pacífico, Tumaco, unas zonas del Caquetá, Putumayo y de los Llanos Orientales. En todas esas zonas no tengo el aval para entrar.
IPC. En sentencias judiciales, ¿cuál es el porcentaje que maneja la Unidad de Restitución de Tierras?
A.A.C. Sí, en sentencias judiciales el porcentaje es demasiado bajo. Pero mire que ya yo le paso el relevo a la justicia especializada en restitución. Lo importante es el avance que yo pueda presentarle a 2021, el mayor número de demandas. O que ellos, si están inscritos a través de sus apoderados, que logren avanzar. Pero es cierto, y fíjese que el avance es de 370 mil hectáreas, lo que tenemos restituido en sentencias, frente a los 3.2 millones que yo tengo hoy, es un porcentaje muy bajo. Pero finalmente uno debería darle continuidad a la Ley en términos de cumplirle a las víctimas en la etapa judicial y de post fallo, que es el cumplimiento de las órdenes. Y para eso hay que pensarse muy bien quién asume esa representación judicial: la misma Unidad o la institucionalidad permanente que hay en el Estado. Porque esos ya son los abogados y las entidades las que tienen que darle cumplimiento.
IPC. Usted manifiesta que no es necesario prorrogar la vigencia de la Ley de Víctimas, sino que puede finalizar en el 2021, pero con los datos de 6.9% de sentencias judiciales y el 62% en etapa administrativa, ¿cree posible que van a alcanzar en dos años lo que no han podido en ocho?
A.A.C. Lo que yo cierro es el registro. Que de 2011 a 2021 recibo solicitudes y las tramito todas hasta la última, por fuera del término de vigencia de la Ley, dando las garantías porque estamos hablando de la restitución como un derecho fundamental y, en ese sentido, a las víctimas hay que cumplirles. Pero el que llegue dentro del término de vigencia de la ley.
A mí, en la fase administrativa me queda un rezago que son las zonas no microfocalizadas y con solicitudes habilitadas que están suspendidas por razones de seguridad. En la etapa judicial, como le digo, el término es infinito, ¿cuánto se demora un juez o un magistrado? Es un tiempo infinito; tienen un tiempo perentorio para fallar. Y en post fallo, en la medida que van saliendo las sentencias… Eso tomará más de diez años o de veinte años. Lo que yo digo es que en términos de la justicia transicional yo acoto el registro. Lo que yo mostré también es cómo ha sido el ritmo y la progresividad y gradualidad en la presentación de solicitudes. Este año he recibido 2096. En el 2013 se recibieron 28 mil. Pero lo más cierto es que a todas las víctimas las vamos a atender dentro de la vigencia de la Ley.
Lo que uno ve tanto en el espacio del Congreso y de la Corte Constitucional es que el ambiente es a prorrogar o a darle continuidad a las políticas, y no someterlas a cambios o a cierres abruptos que no atiendan a las víctimas.
IPC. Sin embargo, la última es la posición suya, por lo menos le expresó a la Corte Constitucional que no es necesario prorrogar la Ley de Víctimas…
A.A.C. A todos los vamos a atender. Esa es la posición. No es un cierre abrupto, es el cierre como estaba previsto hace ocho años, con un término de vigencia. Roy Barreras habla de eso, él votó esa Ley y fue su ponente, ¿por qué no planteó lo de la fecha? Claro, vienen los acuerdos de paz, pero yo no hablaría de un cierre abrupto porque generaríamos una transición en la que atenderíamos todas las solicitudes hasta el 10 de junio de 2021.
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