Tres verdades sobre el Comité Permanente de Derechos Humanos

En los años 80, el Comité fue víctima del asesinato de sus miembros; denunció el recrudecimiento del conflicto armado y el exterminio de la Unión Patriótica. Un artículo sobre esta experiencia, investigada por profesionales del Colegio Mayor y el IPC, hace parte de un libro sobre las violencias en América Latina.

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Los años ochenta son fundamentales para comprender la violencia en Colombia, pero también lo es el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que surgió en Bogotá en 1979, como muestra de cómo desde la sociedad civil se promovía la vida digna y la exigencia de garantías de derechos en contextos difíciles, es lo que dicen las profesoras Esperanza Milena Torres Madroñero y Luz Dary Ruiz Botero, vicepresidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), en un artículo publicado en el libro Dimensiones y perspectivas acerca de la violencia en América Latina, publicado en Chiapas, México, el 25 de octubre.

Jesús Ocaña Zúñiga, presidente de la Red latinoamericana de estudios sobre la violencia, le dijo a la Agencia de Prensa IPC que destaca en los 36 artículos del libro “la raíz que compartimos como pueblo latinoamericano, las semejanzas y las diferencias, en las que la violencia trastoca todos los ámbitos de la vida. Es interesante esa perspectiva de los diferentes resquicios que en nuestras naciones se hacen evidentes a través de esas manifestaciones violentas.”

Con relación a esas semejanzas, Óscar Cruz Pérez, también profesor de la Facultad de ciencias humanas y sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, contó que “tenemos muchas similitudes en los temas. Colombia con el tema de la guerrilla, aquí en México no hay guerrilla, pero sí una violencia muy fuerte, un movimiento zapatista en Chiapas, una lucha muy fuerte contra el narcotráfico. No hay guerrilla, pero sí los mismos efectos destructores. Me parece que hay muchas similitudes.”

El Comité Permanente de los Derechos Humanos

Este Comité tuvo como fundadores a Gabriel García Márquez, Héctor Abad Gómez, Luis Carlos Galán, Gilberto Vieira, Rodrigo Lara, Gerardo Molina, Clara Nieto de Ponce de León y Alfredo Vásquez Carrizosa, quien estuvo al frente de la instancia nacional hasta 2001. El caso del Comité Permanente de Derechos Humanos nos dice de las violencias en Medellín –Colombia en 1980 es el nombre del artículo que las profesoras Torres y Ruiz escribieron. Se trata de un trabajo de investigación entre el Colegio Mayor y el IPC enmarcado en una investigación sobre iniciativas de paz en Medellín entre 1980 y 2015, a partir de tres casos. El primero sobre el Comité, el segundo que hablaba de los 90 sobre el Plan Alternativo Zonal en la zona nororiental de Medellín y el tercero, sobre Memorias en diálogo, en los años 2000.

Según la profesora Luz Dary Ruiz, y a propósito de la experiencia del Comité, “este documento parte de lo que queríamos identificar: que lo que vimos del Comité daba cuenta de la violencia de los 80 en Medellín, cómo operó la violencia y las tres verdades centrales de la violencia a partir de la documentación de lo que fue el Comité.”

La primera verdad del artículo se denomina “El meridiano de las violencias de Colombia pasa por Antioquia”, una expresión de Jesús María Valle en 1997en la que afirmaba que “estamos exportando a través de una concepción equivocada de orden público, violencia para departamentos pacíficos como la Costa y el Chocó. Estamos exportando violencia, a través de las Convivir, para todo el país, hay que pagar cuotas a las Convivir, a las autodefensas, a los paramilitares”.

En ese sentido, el Comité fue pionero documentando las violaciones a los derechos humanos. Según el artículo, “parte de la disputa pública nacional e internacional que establece el Comité, es por posicionar la violación a los Derechos Humanos como un asunto sistemático del Estado Colombiano y no reduciéndola a hechos de narcotráfico o casos aislados, asuntos que años más tarde se evidencian por las mismas entidades oficiales y académicas.”

En medio del contexto violento de los ochenta, el Comité insistió en la salida negociada del conflicto, iniciada por el gobierno de Belisario Betancur, pero también coincide con el recrudecimiento de la guerra del narcotráfico contra el Estado.

La segunda verdad del artículo es “El asesinato como arma política ante el diferente”, en donde prima el discurso oficial dominado por la seguridad y el enemigo interno, “desde la estrategia contrainsurgente y la presunción de su estructura dual armada –guerrillas- y política -organizaciones sociales y partidos políticos-.” A partir de allí se justifica, “con esa última estructura, el asesinato, persecución, privación de libertades, amenazas, torturas y desaparición, en tanto se asumen como ‘cajas de resonancia’ al defender la oposición política y los derechos humanos, denunciando las irregularidades de los gobiernos.”

Entonces sucede el asesinato de cinco de los dirigentes del Comité. Primero, con dos de sus fundados el 25 de agosto de 1987, como Leonardo Betancur Taborda y Héctor Abad Gómez, y luego contra quienes asumieron la presidencia del colectivo, como Luis Fernando Vélez, el 17 de diciembre de 1987, y Carlos Gónima, el 22 de febrero de 1998, más la muerte de Jesús María Valle, también asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Esto significó cuatro caminos para los defensores de derechos humanos, según el artículo: el silencio o la autocensura, el exilio, la vinculación a grupos armados insurgentes y el reclamo de garantías, la que privilegia el Comité.

La tercera verdad es denominada “Delegación en la seguridad privada y la connivencia entre fuerza pública con grupos armados ilegales”. Esta se da a finales de los ochenta, con la guerra de Pablo Escobar, los demás narcos, la DEA, la fuerza pública contra Escobar, el fortalecimiento del paramilitarismo en el Magdalena Medio y la ruptura de diálogos con las Farc, que desencadena en un 1987 denominado “el año de la guerra sucia en Colombia”.

Distintas organizaciones se refirieron a una guerra basada en la doctrina de seguridad nacional, pues se fortalecieron algunas alianzas entre narcos, militares y hacendados, con el fin de afectar las primeras elecciones populares de alcaldes en 1988, en las que participaba el partido Unión Patriótico, fundado en 1985, y luego víctima de un exterminio de más de cinco mil de sus integrantes.

Para las investigadoras, uno de los ejemplos es la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988, en donde murieron 43 personas, y se identificó como móvil la derrota electoral del jefe liberal César Pérez García ante la Unión Patriótica.

“Los impactos de dichas violencias, aún desconocidas en profundidad, fue la construcción de un orden social, político, económico y cultural; se ha evidenciado el aporte de los mercados ilegales a la estabilidad económica del país, la incursión en la política de líderes de organizaciones ilegales y el apoyo a campañas políticas de dineros del narcotráfico (Proceso 800019 entre otros), incursión de valores sobre la vida, la otredad, la institucionalidad y las relaciones sociales que se caracterizan por el autoritarismo, la violación de derechos humanos y el uso del asesinato como arma política”, asegura el artículo.

México y Colombia

Asistentes del Segundo Congreso de la Red Latinoamérica de Estudios sobre la Violencia, con académicos de 23 instituciones de educación superior de México, Colombia y Argentina.

Para el profesor Óscar Cruz Pérez, el artículo sobre el Comité “es un trabajo precioso, muy valioso, porque muestra una cara que desde aquí en México difícilmente vemos. Lo que muestran en ese artículo nos permite reflexionar sobre lo que sucede acá, sobre todo en Chiapas. Chiapas está muy cercano a Centroamérica, a esa parte del sur, y compartimos muchas condiciones y características de Colombia y Centroamérica. Es un espejo. Somos producto del proceso colonizador y compartimos esa misma realidad, el narcotráfico, la violencia, exclusión, marginación, alta población indígena y rural, fuertes problemas de alimentos”.

Por su parte, el coordinador del libro, Jesús Ocaña Zúñiga, asegura que “con la experiencia colombiana podemos ver la realidad de México, que pareciera cíclica, que en los 80 y 90 transcurrió en Colombia y que ahora se vive en México.” Y habla de coincidencias entre ambos países: “La realidad colombiana con esa desafortunada experiencia que ha prevalecido en una sociedad que ha convivido con la guerrilla y México con esta ignominia con las actividades ilícitas como el narcotráfico; los diferentes sucesos en Argentina y Chile, donde el Estado, lejos de propiciar el bienestar de los ciudadanos, pareciera estar en brazos de la economía de un modelo capital que invisibiliza la diferencia.”

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