Comunicado público: El IPC denuncia vulneración de derechos humanos, en aeropuerto de México, a una de sus educadoras y a seis líderes sociales

Estas personas esperaban participar en un intercambio de experiencias de economía social y solidaria del municipio de Cuetzalan del Progreso, en el Estado de Puebla.

0
202

Medellín, 07 de noviembre de 2019. El Instituto Popular de Capacitación –IPC-, en su calidad de organización defensora de Derechos Humanos, que ha trabajado por más de 37 años en Colombia, denuncia nacional e internacionalmente el trato inhumano y hostil del que fueron objeto siete personas: una educadora del IPC y seis líderes sociales, campesinos y campesinas reclamantes de tierras de la subregión de Urabá, al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, el día 4 de noviembre por parte de agentes migratorios.

Estas personas fueron acusadas, de modo equivocado, de mentir sobre los motivos de su viaje, los incomunicaron durante todo el día, sin alimentación y medicamentos para quienes tenían prescripción médica. Además, para otorgarles el derecho a hacer una llamada e informar sobre su situación, fueron amenazadas con que debían firmar el rechazo de entrada a su país.

Estas personas se dirigían a participar de la jornada de intercambio con las experiencias de economía social y solidaria del municipio de Cuetzalan del Progreso, en el Estado de Puebla, la cual se realizaría entre los días 4 y 10 de noviembre del año en curso. Dicho evento se desarrollaba en el marco de un programa de Cooperación entre Solsoc de Bélgica, y el Instituto Popular de Capacitación, invitados por La línea de investigación de “Entramados Comunitarios y Formas de lo político” del posgrado de sociología, adscrito al Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Los objetivos de dicha jornada son compartir y reconocer experiencias organizativas que trabajan por la defensa y construcción del territorio; el reconocimiento del campesinado y las comunidades indígenas como actores sociales y políticos, y de sus apuestas económicas, sociales y solidarias o de economía propia, desde el turismo comunitario y ecológico.

Entendemos que, si bien México tiene la potestad de regular sus flujos migratorios y decidir quién puede entrar o no a su territorio, esta debe ejercerse garantizando el pleno respeto de los derechos humanos, pero la forma inhumana y cruel como fueron tratadas estas personas, da cuenta de la violación y no garantía de los derechos humanos, de la xenofobia y discriminación que se maneja en el control de migración en ese país; situaciones que han sido denunciadas en múltiples ocasiones por organizaciones sociales, de derechos humanos y personas de países como Colombia, Perú, República Dominicana, Venezuela y Cuba que han sido víctimas.

Agradecemos las acciones de solidaridad de amigos y amigas en la Ciudad de México, a las organizaciones y colectivos, como la Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego; Onergia Cooperativa; la organización de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político; el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe-CEAAL; el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales- CLACSO; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos:Todos los Derechos para todas y todos – Red TDT y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que finalmente pudo entrevistarse con los compañeros antes de que fuesen devueltos a Colombia, para que no hubiese una mayor violación de sus derechos.

Esta situación demuestra le necesidad urgente de que los países trabajen en políticas que eliminen toda posibilidad de discriminación por condiciones raciales o de origen, pues va en contra de los derechos humanos.

Ante esto, el Instituto Popular de Capacitación – IPC, como organización defensora de Derechos Humanos, solicita a las embajadas y consulados de México y Colombia que revisen los casos que se vienen presentando con personas de origen colombiano, para establecer casos xenofobia, discriminación, tratos inhumanos, entre otros, y aplicar medidas que eviten su repetición, así mismo, restablecer los derechos de aquellas personas a quienes les fueron vulnerados. Consideramos además necesario que se haga la petición para que se instale una oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los aeropuertos donde más han ocurrido estos incidentes, que garantice la protección de sus derechos.

Instituto Popular de Capacitación – IPC

Noviembre 7 – Medellín, Colombia

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here