Mientras en Colombia se han erradicado más de 35 mil hectáreas de manera voluntaria por las familias vinculadas al Pnis, en Antioquia se erradicaron de manera forzosa más de 39 mil en los últimos dos años, como parte del programa Antioquia libre de coca. Una de las principales diferencias entre ambos modelos es que, en el primero, según el monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la resiembra es del 0.6%, mientras en la segunda, de acuerdo con la Gobernación de Antioquia, es superior al 100%.

Ambos programas hacen parte del modelo de guerra frontal contra las drogas, según Adrián Restrepo, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, pues en el Pnis lo primero es el diálogo con las familias cultivadoras, pero “sin renunciar a la erradicación forzada. Lo principal está en el acuerdo con la familia, pero el horizonte está muy claro: la erradicación de las matas, entonces sigue siendo un enfoque prohibicionista”. Y en el modelo de la Gobernación de Antioquia, “es el prohibicionismo duro y puro, porque es la erradicación, porque no se va a andar ofertando programas para la sustitución, no, porque eso es Pnis”.

De ahí de que en este panorama resulte llamativo, a pesar del recrudecimiento de las violencias y del incumplimiento de los gobiernos de Santos y Duque, que la resiembra de la coca en las familias que decidieron erradicar voluntariamente sus cultivos sea tan baja.

Sin embargo, los incumplimientos constantes, el aumento de la coca, la amenaza de grupos armados dedicados al narcotráfico y el peligro al que se exponen los campesinos, son condiciones que ponen en riesgo el Pnis, uno de los programas más importantes que acordaron el gobierno y la antigua guerrilla de las Farc.

Solucionar el problema de las drogas

En el cuarto punto de los Acuerdos de paz se acordó la creación de nuevas políticas que, además de reemplazar los cultivos ilícitos, contribuyeran a “generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas”. Para ello se definió la superación de condiciones de pobreza, la promoción de la sustitución de los cultivos ilícitos, la generación de políticas y oportunidades para los cultivadores y la contribución al cierre de la frontera agrícola, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente. Para lograrlo se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito o Pnis, al cual se han vinculado 99.097 familias en el país, según Unodc, pertenecientes a 56 municipios de 14 departamentos.

Para Luis Fernando Pineda, ex director del Pnis en Antioquia, “el modelo se basaba en la confianza que se construía a partir del acuerdo mismo y la confianza que se generaba por la construcción colectiva y participativa. Era un espacio de construcción de confianza en el cual la gente sentía que hacía parte del programa. La gente pedía cuentas de los compromisos que allí se adquirían. Yo digo que esa confianza fue la que permitió que en momentos difíciles de incumplimiento la gente misma, a pesar de sus críticas y protestas, aceptara continuar en el programa, porque tenía confianza, sabía que nos íbamos a demorar”.

Y las demoras llegaron. Luego de Putumayo (20.331), Nariño (17.235) y Caquetá (12.951), Antioquia es el departamento con más familias vinculadas al programa, 11.777, el 11.8% del total nacional, en cinco municipios: Anorí, Briceño, Cáceres, Ituango y Tarazá. A pesar de que se definió la entrega de una “asistencia alimentaria inmediata”, equivalente a 12 millones de pesos durante el primer año, para el sostenimiento de las familias, el 78% había recibido por lo menos un pago. En Antioquia, solo el 35% había recibido la totalidad al 30 de abril de 2019, las cuales estaban en Briceño, Cáceres y Tarazá.

Un líder de Tarazá asegura que les “empezaron a incumplir desde un principio. Los planes de acción inmediata se cumplieron muy a destiempo. Hubo pagos que se demoraron hasta tres o cuatro meses. Mientras que el acompañamiento técnico se fue recibiendo prácticamente desde los últimos pagos en adelante”.

Además de los retrasos que ya se daban durante el gobierno de Juan Manuel Santos, estos continuaron con el presidente Iván Duque, quien decidió suspender la inscripción de nuevas familias hasta que se le diera “orden” al programa.

“En Antioquia estábamos cerca de firmar acuerdos colectivos en Yarumal, El Bagre, Nechí y Sabanalarga y quedaba listo todo el departamento, y la orden fue suspender esos procesos con esas familias”, señala Pineda, exdirector del Pnis Antioquia.

Se trataba de un acuerdo con 2.500 familias y una inversión de 36 mil millones de pesos. Todo coincidió con la contingencia en Hidroituango en la segunda mitad de 2018. Según Pineda, ese dinero fue reasignado, con el compromiso de que en 2019 regresaría a Antioquia para continuar la inscripción. Pero esto no sucedió. Esa fue una de las razones por las cuales renunció en mayo de 2019.

Bajo esas condiciones no se pueden esperar resultados positivos si no se cumplen los tiempos y las estrategias para implementar el Pnis, dice Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), “estas familias han vivido del cultivo de coca hace muchos años, para algunos ha sido su único sustento en regiones donde no ha habido oportunidades y donde la exclusión y la pobreza siguen siendo tan fuertes, por ello el incumplimiento los lleva de nuevo a la resiembra.”

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Luis Pérez: entre Santos y Duque

El 14 de diciembre de 2017, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, acompañado por el entonces presidente Santos, presentó el programa Antioquia libre de coca, cuya ordenanza señala que tiene como objetivo liberar al departamento de los cultivos ilícitos, “mediante programas de gobierno que los sustituyan y erradiquen”. Además, incluía en los objetivos específicos la reducción del índice de pobreza y desigualdad (Gini), declarar municipios libres de cultivos ilícitos, debilitar la economía de las organizaciones criminales dedicadas a este negocio, contribuir a la comercialización de los productos lícitos, “transformar el pensamiento de la población”, “generar seguridad, inversión y desarrollo económico” y aplicar la erradicación forzada.

Lina Marcela de Los Ríos, gerente de Antioquia libre de coca, habla de siete líneas estratégicas como competitividad e infraestructura; sustitución (nueva ruralidad); equidad y movilidad social; sostenibilidad ambiental; derechos humanos, paz y posconflicto, y erradicación forzosa. “Como involucra todo, todas las acciones que haga la Gobernación de Antioquia, con todas sus secretarías, son Antioquia libre de coca. El mejoramiento de una escuela es Antioquia libre de coca, la construcción de una vía es Antioquia libre de coca.” Asegura que no tienen un presupuesto definido, porque las líneas son transversales a todas las secretarías. En la primera etapa involucraron tres municipios: Ituango, Valdivia y Tarazá.

Durante la presentación de este programa, Luis Pérez aseguró que “si fuéramos capaces de evitar la resiembra, que es el objetivo, en menos de dos años podemos dejar a Antioquia libre de coca”. Sin embargo, esto no sucedió. En los últimos tres meses de 2017 se erradicaron 7.154 hectáreas, 14.043 en 2018 y 17.983 entre enero y septiembre de 2019, cuando el departamento, según el Simci, tenía 14.403 hectáreas.

“El porcentaje de resiembra es superior al 100%”, dice de Los Ríos. Su explicación es que “estamos ante un monstruo muy grande y de mucha plata. ¿Qué pasa? Sabemos que hace muchas décadas tenemos una deuda muy grande con el campesino, por no tener vías, es más fácil que un campesino cultive coca. Es muy difícil competir con una economía ilícita.”  Señala como un logro que en 2019 tengan una reducción del 2% en los cultivos, a pesar de que el departamento pasó de 8.855 hectáreas cuando inició el gobierno de Pérez en 2016, a las más de 14 mil de la actualidad. 

En los demás indicadores relacionados con la construcción de vías o la creación de proyectos productivos, de Los Ríos señala que se construyeron 3.8 kilómetros de placa huella en la vía Monteblanco-La Siberia, en Valdivia, y que mejoraron las carreteras de 23 veredas en Briceño, además de que ya se hicieron los estudios para construir la vía entre Ituango y el corregimiento El Aro. En total, agrega, “por número de vías tenemos ocho, pero si sumamos las de Briceño, serían más de 30”.

A pesar de que los avances en erradicación y las demás líneas estratégicas de Antioquia libre de coca son tan distintos, la gerente considera “que no es un fracaso porque el logro de haber suspendido el crecimiento de los cultivos es una cosa incalculable. Es que podríamos estar ya alrededor de las 26 mil hectáreas. Es un logro grande y significativo. Esto no se logra solo con el trabajo de una administración, esto se debe continuar. Es una deuda histórica”.

Que la resiembra continúe, la explica Adrián Restrepo por medio del efecto globo: “llegan a erradicar, tumban las matas, pero los cultivos se pueden trasladar. Cuando la fuerza militar llega, erradica un cultivo, los cultivadores se internan más en la selva. Va el Estado, vuelve y fumiga y ellos se mueven a otro lugar, por eso los parques nacionales son los más afectados. Allá es más difícil perseguirlos.” Además, porque la erradicación no está acompañada de proyectos productivos y economías de corto y largo plazo que permitan dar el paso del cultivo ilegal al legal.

En ese sentido, Luz Nely Osorno plantea la necesidad de “una política clara, diferenciada y con recursos suficientes, para que las familias puedan tener otras oportunidades, no puede verse o tratarse como política antidrogas, no es la misma situación de quienes se han visto obligados a sembrar por la falta de oportunidad en las regiones, que la de los grupos o estructuras que se benefician a través de la transformación y la comercialización.”

Pnis y Antioquia libre de coca

Las diferencias entre Luis Fernando Pineda y el programa Antioquia libre de coca salieron a la luz pública una vez el primero dejó la dirección del Pnis en el departamento. Afirmó a la Agencia de Prensa IPC que el programa del gobernador había sido un fracaso en Valdivia, en donde intentaron competir con el Pnis, “el resultado es que los municipios, excepto en Tarazá, en donde estaba el Pnis, disminuyó la coca, mientras que en Valdivia se multiplicó por tres. El fracaso de Antioquia libre de coca es Valdivia, porque nunca entró el Pnis, siempre se antepuso Antioquia libre de coca al Pnis con los campesinos y el alcalde.” Según el Simci, en este municipio se pasó de 1.620 hectáreas en 2016, a 2.600 en 2018.

De Los Ríos indica que con el Pnis, durante el gobierno Santos, hubo trabajo pero nunca articulación; y que sí hay articulación en los últimos meses de 2019 con el gobierno Duque, a pesar de que el Pnis “no tiene plata”. Frente a las palabras de Pineda, se defiende: “primero, no están triplicados los cultivos en Valdivia. Antioquia libre de coca no fracasó. Erradicaron forzosamente, y llegamos a ese municipio a darle una alternativa a los campesinos que se habían quedado sin sus cultivos. Fracasó el Pnis que no llegó. Este año no van a llegar. Luis Fernando vino a esta oficina y dijo que el Pnis entraba a mediados de este año y no llegó. Eso nos ha acarreado algunos problemas de orden público. Antioquia libre de coca no fracasó”.

Esa falta de articulación fue evidente en municipios como Tarazá en donde empezó a darse la erradicación forzada en veredas donde había familias que se habían acogido al Pnis, una denuncia que hicieron líderes de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac). Dicen en un comunicado: “no nos oponemos a los operativos de erradicación forzosa, la respetamos como política pública de estado, lo que no compartimos es la forma en la que se desarrolla, cuando hay dos políticas públicas sobre el mismo objetivo, que deben ser socializadas con las comunidades afectadas.”

Sustituir los Acuerdos de paz

Lo que se está dando en el gobierno del presidente Duque es un retorno prioritario a la erradicación forzada y las aspersiones aéreas con glifosato, es lo que dice Andrés Mauricio Soto Taborda, investigador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, en el informe “Sustituyendo el acuerdo, erradicando la confianza”.

Soto asegura que con el programa Ruta futuro, creado por el gobierno para enfrentar el problema de las drogas, bajo la lógica de que no existe una política antidroga, “se inicia un proceso de sustitución del Pnis, con consecuencias serias para las familias inscritas en este”.

Para ello, habla de tres indicadores que demuestran la sustitución del Pnis. El primero lo evidencia con la noción de bienestar y buen vivir, contempladas en los puntos uno y cuatro de los Acuerdos de paz, y que desaparecen en la política de Ruta futuro. Dice Soto: “se alude solo una vez a los desarrollos alternativos, aunque se hace en una lógica de vinculación y no de construcción participativa, y dentro de una estrategia de reducción de cultivos ilícitos mediante la «erradicación voluntaria» por parte de individuos y comunidades.”

El segundo indicador se observa “en la intención implícita de reducir el papel activo y protagónico de las comunidades a su mínima expresión, el cual fue reconocido en el Acuerdo final y enrutado mediante la planeación participativa y la concertación previa con ellas”. De acuerdo con Soto, en Ruta futuro la posición de las comunidades es asistencial.

El tercer indicador para Soto es la pérdida de la institucionalidad creada para el funcionamiento del Pnis, lo que perjudica la construcción participativa y el desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales. Y agrega: “en la reestructuración del Departamento administrativo de la presidencia de la República, se eliminó la Dirección para la sustitución de cultivos ilícitos y el PNIS pasó directamente a ser un asunto del consejero presidencial para la estabilización y la consolidación.”

En ese sentido, Antioquia libre de coca también es una forma de sustituir los Acuerdos de paz, asegura el investigador del IPC. De ahí que la siguiente sea una de las conclusiones más importantes de su informe, en el que analiza el Pnis y el programa liderado por Luiz Pérez desde la Gobernación de Antioquia: “el Gobierno nacional lo hace otra vez mediante «Ruta Futuro», en donde se les otorga a las comunidades un carácter pasivo, consultivo y perimetral. Además, fortalece dicha postura con las políticas «Paz con Legalidad» y «Política de Defensa y Seguridad». La Gobernación de Antioquia, por su lado, subsume a las comunidades a un enfoque externo que ignora y niega de entrada su realidad cotidiana. Esta apuesta departamental –así como la nacional– reduce finalmente los diferentes grados de participación comunitaria plasmados en el Acuerdo Final a un mero ejercicio participativo vertical y no consensuado. De ese modo, desde lo nacional y desde lo departamental se desestabilizan los fundamentos del PNIS y su operatividad.”

El caso Bajo Cauca

Panorámica del municipio El Bagre, a orillas del río Nechí. Foto: IPC.

El 27 de septiembre, Asocbac citó a una asamblea comunitaria. De las instituciones invitadas, solo asistió la Mapp-OEA; ninguna del gobierno. La intención era hacer un balance del Pnis en esta región.

De las 4.113 familias inscritas en Tarazá, 2.068 habían recibido asistencia técnica, “411 familias están al borde de ser excluidas en la totalidad del programa y 344 familias no fueron ubicadas, que en nuestro análisis serían familias desplazadas”.

Asocbac habla de 16 líderes del Pnis asesinados en Tarazá, algunos por negarse a pagar una extorsión y otros por no desplazarse. Con relación a la extorsión, los Caparros cobraron el 10% por cada pago mensual que debía hacer el Pnis. Se trataba de 200 mil pesos por pago que les tocó entregar a más de 3.000 familias, según cuenta un líder de Asocbac, una situación que conoció el Pnis en su momento. En cuanto al desplazamiento, el Cinep, en el informe “Antioquia: la guerra en desarrollo”, documenta 40 casos, responsabilidad de estructuras paramilitares como Caparros y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Un líder de Asocbac se muestra preocupado ante el incumplimiento del gobierno con los pagos, la asistencia técnica y los proyectos productivos. “Nos han causado mucho daño a los líderes. Últimamente ha sido una mentira tras otra; y hemos ido llevando esa mentira al campesino, a los compañeros nuestros. Nosotros somos los que vamos a quedar como mentirosos, como quienes estamos comiéndole plata al gobierno. Eso genera un conflicto entre las comunidades y los líderes”.

Vivian Newman, directora de Dejusticia, asegura que “lo que estamos viendo es que el gobierno difícilmente está cumpliendo ese punto y que eso está poniendo en riesgo a las personas que han decidido acogerse al Pnis. Hay que rodear el Pnis y a todas las personas que están trabajando para implementarlo. No rodearlas implica ponerlas en riesgo, implica desconocer que lo que están haciendo es poner en práctica la paz.”

Ese riesgo lo asumieron desde el inicio, así lo relata William Muñoz, líder de Ascobac: “había comentarios donde algunas personas decían que aquel que se acogiera al programa de sustitución, el primer pago no le iba a alcanzar ni para el cajón, ni para el entierro”. Por ello, agrega, “es una lástima que el gobierno no haya aprovechado la jerarquía que tuvo el campesino de sustituir voluntariamente y que le haya bajado la moral con sus decisiones, porque la gente no quiere volver a sembrar coca”.

En el informe indican que la exclusión de las familias las está empujando a retornar a la única alternativa posible para sobrevivir: la coca. Más otros problemas como la no inscripción de más familias, el levantamiento parcial de cultivos que hizo el Ejército en algunos casos, el no acompañamiento de la Unodc para verificar el levantamiento de los cultivos, por temor a los grupos armados. “Cuando socializaron la idea de sustitución por parte del gobierno, ofrecieron un programa que en dos años se implementaría, y fue esto lo que motivó al campesino a hacer parte del Pnis, pero pasaron los dos años y no se ha implantado el primer proyecto”, dice el informe.

Adicional a esto, la recomposición del territorio y la actual disputa por las economías ilícitas entre Caparros, AGC, ELN y disidencias de las Farc. Esa situación, señala el Cinep, “ha generado el aumento de los homicidios y el desplazamiento forzado. En 2018 se presentaron 399 asesinatos y en lo corrido de 2019 (mayo), 150”. Indican que en 2018 se desplazaron 12.006 personas, de las cuales, según la Uariv, 8.631 eran de Cáceres y Tarazá, dos de los municipios en donde está el Pnis.

Luz Nely Osorno asegura que una de las grandes dificultades para que avance el Pnis en regiones como el Bajo Cauca “es que tampoco se ha avanzado en el punto del acuerdo que se denominó la paz completa, es decir, el gobierno no ha tenido la voluntad en el desmonte del paramilitarismo o lo que se ha denominado como herederos del paramilitarismo, quienes hoy en la regiones han venido extorsionando a quienes están dentro del programa o presionando  para que siembren coca, es decir, estos campesinos están presionados ya sea por incumplimiento del programa o porque están siendo amenazados para que vuelvan a la siembra.”

Campesinos y narcotraficantes

“En esta zona, los palos de coca son la salud, la comida, el estudio de los niños y la vivienda. Por eso la gente se preocupa”, dice un campesino de Tarazá. Su respuesta tiene relación con los resultados de la encuesta a 412 cultivadores de coca, vinculados al Pnis en Tumaco, Nariño, y Puerto Asís, Putumayo, que hizo el Observatorio de restitución y regulación de derechos de propiedad agraria en mayo de este año.

Según Diana Machuca, una de las investigadoras, “son personas que no cuentan con un acceso a servicios públicos. La economía de la coca les permite un avance social moderado. Estamos hablando de campesinos y no de narcotraficantes. La coca les permite un avance social a un costo social, que es la violencia”.

En la encuesta identificaron que los gastos en sus hogares están destinados, en su mayoría, para la educación de sus hijos (26%), la compra de tierras o la inversión en propiedad (20%), gastos del hogar (14%) y la compra de electrodomésticos (13%).

Agrega Machuca que “el hilo argumentativo que nos muestra la encuesta es que las personas están haciendo un sacrificio económico para entrar al programa. En el Pnis están recibiendo menos ingresos que, en algunos casos, representan el 80 o 70% de sus ingresos.”. Otro de los resultados que identificaron era que el 92% de los campesinos no conocían a alguien que hubiera resembrado, lo que coincide con el 94% de cumplimiento, según Unodc.

En acceso a servicios públicos se identificó que el 78% tenía luz. Sin embargo, al indagar al respecto, encontraron los investigadores que generaban energía a través de motores que funcionaban con gasolina. En cuanto a los demás servicios, el acceso es pobre: acueducto (2%), agua potable (1%), alcantarillado (1%), ninguno a gas natural ni internet. Lo que indica unas condiciones socioeconómicas difíciles.

El 63% de los campesinos creen que el gobierno les va a cumplir, sin embargo, de acuerdo con Machuca, “la gente está muy a la espera de si los van a fumigar, están esperando lo peor, o si les van a incumplir.”

Además, existe la amenaza de que se sustituya el Pnis por medio de otros programas a nivel nacional y departamental. Para Andrés Mauricio Soto, investigador del IPC, ya se está dando ese tránsito, “en cierto grado influenciada por el aumento en la producción de coca y las presiones internacionales sobre Colombia. No es de extrañar entonces la reivindicación de la aspersión aérea como la solución más efectiva al problema de los cultivos de uso ilícito, muchas veces sin ponderar sus consecuencias socioambientales y los altos niveles de resiembra asociados con esta.”

Sumado a lo anterior, todo el debate sobre la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos debe llevar de nuevo a un debate aplazado, según Luz Nely Osorno, presidenta del IPC, “y es la legalización de la droga: debe quitarle peso a la renta que se genera por esta, la disputa por territorios y garantizar la seguridad para quienes los habitan.”

Por lo pronto, de las 35.317 hectáreas erradicadas de forma voluntaria en Colombia, 6.724 corresponden a Antioquia. Ahora que finaliza el 2019 los campesinos vinculados al Pnis y beneficiarios de Antioquia libre de coca están a la espera. De si en el primero el gobierno Duque les cumple con los pagos, la asistencia técnica y los proyectos productivos, así como la inscripción de nuevas familias, y si el segundo continúa en la gobernación de Aníbal Gaviria.

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