Varios hechos se han presentado en los días previos a la marcha. En Bogotá fue allanada la sede de la Revista Cartel Urbano, pero también fueron allanadas las sedes de la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y algunas dependencias de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).
De acuerdo con Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), se trata de una persecución y estigmatización a las organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, comunidades y personas en general “que reivindicamos el derecho a la protesta como una de las máximas expresiones de la democracia y la expresión libre en las calles, ante la vulneración permanente de derechos humanos en Colombia, situación que se ha visto en aumento a partir de la entrada del gobierno de Iván Duque, apoyado por algunos empresarios, políticos y sectores de la iglesia que han demostrado estar en contra de la construcción de la paz y de que este país avance en materia justicia social.”
Opinión similar tienen Adriana Arboleda y Marta Villa, directoras de la CJL y de la Corporación Región. Para la primera, “de parte del gobierno nacional, empresarios y medios hay una estrategia por deslegitimar y generar miedo, y restarle fuerza a la marcha. Es muy grave que el gobierno dé tratamiento de guerra y de orden público a un derecho que tenemos, como es marchar.” Marta Villa, por su parte, asegura que también se trata de una estrategia “de generar mucho miedo, no solamente entre quienes están dudosos o en contra del paro, sino contra las organizaciones. Es una cosa muy puntual en relación con este momento y el paro. Desde finales de los 80 no se daba una situación de estas”. Agrega que el país cambió y que, a diferencia de hace tres décadas, cuando hubo toques de queda, allanamientos sistemáticos y acciones de los grupos armados contra las sedes de sindicatos y partidos de izquierda, como la masacre de la Juco en Medellín, no se había vivido algo similar. Para ella no es algo sistemático, sino una situación puntual que es la movilización en todo el país a la que se han sumado distintos sectores.
Son distintas las exigencias al gobierno del presidente Iván Duque. En un comunicado de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica Y Popular, y Las Plataformas De Derechos Humanos, de las cuales hace parte el IPC, se convoca a la marcha “en contra de las medidas regresivas en materia de construcción de paz y DDHH”. Entre las razones se enumera la oposición del gobierno a la implementación integral del Acuerdo de Paz, la militarización de los territorios, las políticas de represión contra los reclamos de las comunidades y estudiantes, la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos, la pretensión de reformar las políticas laborales y pensionales, el incumplimiento de las recomendaciones de diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos como la ONU y el Sistema Interamericano de DDHH.
Los allanamientos
Uno de los casos más conocidos fue el allanamiento que hicieron en la sede de la Revista Cartel Urbano. En un comunicado de prensa, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip) expresó que “la Policía Nacional está llamada a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta social. Sin embargo, acciones recientes de funcionarios de la Policía están dirigidas a intimidar y obstruir el ejercicio de los periodistas, incumpliendo con el deber de promover el ejercicio de estos derechos y de ser tolerantes con la crítica”.
Por medio de dos comunicados también se expresó la Corporación Jurídica Libertad. En el primero rechazaron los allanamientos que la policía hizo en Bogotá, Medellín y Cali contra estudiantes y artistas. Con relación a la capital de Antioquia, denunciaron tres allanamientos contra estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM): “Llama la atención que en el procedimiento se cometieran diferentes irregularidades que ponen en duda el accionar de la Policía. En dos de los casos, carros particulares se acercaron a las viviendas a preguntar por los datos de los estudiantes y posteriormente entra la Policía a desarrollar el procedimiento. En el otro caso fue utilizado un menor de edad para confirmar los datos.” Además, señalaron que en las diligencias se presentaran policías “encapuchados” que no permitieron leer la orden de allanamiento ni hacer observaciones al acta. En lo decomisado por la policía estaban comunicados y documentos alusivos del paro nacional del 21 de noviembre.
Sin embargo, en el segundo comunicado manifestaron que una estudiante del ITM se acercó a la CJL a pedir asesoría. Cuando ya estaba en el edificio, dos policías vestidos de civil se identificaron como integrantes de la Unidad Antiterrorismo de la SIJIN, quienes “la abordaron, retuvieron su documento de identidad y registraron todas sus pertenencias. Esta actuación incurre en dos irregularidades de procedimiento, ingresan a propiedad privada y realizan una requisa selectiva sin las respectivas órdenes judiciales, un procedimiento absolutamente arbitrario que se puede catalogar como uno de los tantos actos de hostigamiento e intimidación que la Fuerza Pública viene realizando al movimiento social en el marco del Paro Nacional.”
Frente a esto, Adriana Arboleda dice que “es una estigmatización total, que sea la policía antiterrorismo la que diga que somos delincuentes o que estamos preparando acciones contra la institucionalidad las organizaciones sociales y todos los que vamos a marchar”. Marta Villa indica que estos allanamientos y estigmatizaciones son “la forma más directa de meter miedo entre quienes están promoviendo el paro.”
Hay otros casos menos conocidos, como la retención de tres jóvenes de la Comisión de Derechos Humanos del Colectivos Lazos de Libertad en el municipio de Bello. En un comunicado señalaron que mientras hacían difusión del paro fueron abordados por miembros de la Policía, quienes señalaron que lo que hacían “equivale al tipo penal de terrorismo”. Luego fueron retenidos, les quitaron las cédulas y evitaron la grabación del procedimiento. En Cali, además, la Sijín capturó a seis miembros de la Juco, quienes fueron amenazados con ser judicializados por el delito de terrorismo.
Criminalizar la protesta
“La protesta social pacífica es un derecho constitucional en Colombia y, como tal, no puede ser criminalizada, ni aún bajo Estado de excepción”, indican Rodrigo Uprimny y Luz María Sánchez en el artículo “Derecho penal y protesta social”, incluido en el libro ¿Es legítima la criminalización de la protesta social?
Escriben los investigadores que con la Constitución de 1991 cambió la idea de que protestar era un delito y se convirtió en derecho. Un ejemplo es el decreto 2195 de 1976 del gobierno de Alfonso López Michelsen, en donde se indicaba como delitos la “perturbación del orden público, la alteración del “pacífico desarrollo de las actividades sociales” y la “ocupación de lugares públicos o privados para presionar decisiones de las autoridades”. La nueva Constitución impuso más límites y controles al presidente para declarar estados de excepción, así como incorporó el derecho a la libertad de expresión.
“Sin embargo, pese a los referidos avances en materia constitucional, aún persisten los riesgos de criminalización de la protesta social legítima, tanto en el nivel de la tipicidad, como en el de la aplicación. En lo que respecta al primer nivel de riesgos, existen tipos penales que en sí mismos catalogan como delitos actos que hacen parte del curso de protestas legítimas. Tal es el caso del delito de perturbación en servicio de transporte colectivo y oficial que se comete con el simple hecho de imposibilitar la conducción de vehículos que presten dicho servicio. La entidad de los intereses que resultan afectados con los bloqueos de vías no resulta suficiente para justificar su penalización, máxime si se tiene en cuenta que el espacio público no sólo es un escenario para la circulación, sino para la participación”, señalan.
Por su parte, en El derecho a la protesta social en Colombia, Edwin Cruz Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional, asegura que en la última década hay un aumento de la protesta social, protagonizada por sectores campesinos, trabajadores, estudiantiles y ciudadanos que reivindican los Acuerdos de Paz, a la par que aumentaron los niveles de criminalización y represión de la protesta.
Una de sus conclusiones es que “la magnitud de la represión y la criminalización también actualiza unos factores estructurales enraizados en la manera como el Estado colombiano ha asumido políticas contrainsurgentes e ideologías como la DSN [Doctrina de Seguridad Nacional], que han conllevado un sesgo represivo sobre cualquier manifestación de inconformidad por parte de los ciudadanos al vincularla como expresión del “enemigo interno”, pero también al provocar la politización de las FFAA y su autonomía en el manejo del orden público, la privatización de la seguridad que genera fenómenos como el paramilitarismo y la represión paraoficial, y la militarización de funciones policiales como la de contención de la protesta”.
Señala Luz Nely Osorno que “existe un alto riesgo ante posibles judicializaciones sin respetar el debido proceso, de aquellas personas que vienen organizando y participando del paro nacional del 21 de noviembre, por lo cual se exige a las autoridades competentes a respetar los derechos y garantizar las condiciones para que las organizaciones y personas que apoyamos, podamos ejercer el derecho a la movilización”.
