La marcha del 21 de noviembre es, tal vez, una de las más masivas de la historia colombiana. Si bien el Ministerio del Interior aseguró que a las calles salieron 207 mil personas, hay otros registros que hablan de una cifra superior, pues ese es el número de personas que habrían salido en las calles en Medellín.
Se trató de una movilización que incluyó grupos tan diversos como ambientalistas, feministas, LGBT y barristas de los equipos de fútbol Atlético Nacional e Independiente Medellín. No obstante, uno de los clamores más fuertes durante la marcha nacional, y en los días siguientes, fue la exigencia al gobierno de que cumpla los Acuerdos de Paz.
En el tercer informe del Instituto Kroc, sobre la implementación de los Acuerdos, se advertía que “es de suma relevancia acelerar el ritmo de implementación y asegurar que las principales medidas tengan concreción en las regiones, garantizando los enfoques transversales de derechos humanos, género, étnico, territorial, y se asegure la centralidad de las víctimas en la construcción de paz.”
Gerson Iván Arias, quien fuera Alto Comisionado para la Paz encargado en el gobierno de Juan Manuel Santos, le dijo a la Agencia de Prensa IPC que con la marcha hubo una muestra de que la gente en Colombia está volcada por la paz. “Las multitudes que llenaron las calles dejaron muy claro que queremos cambios estructurales y profundos que garanticen a los colombianos sus derechos. Insistieron en todas las formas que queremos el cumplimiento del Acuerdo de Paz total”, dijo.
Arias fue uno de los negociadores del gobierno colombiano en La Habana. Luego de casi tres años de la firma de los acuerdos, cree que “hay un mensaje de sustitución del acuerdo cuando no garantizas el espíritu de lo acordado”, sobre todo cuando se crean programas paralelos a la implementación de los PDET (planes de desarrollo con enfoque territorial) y PNIS (sustitución voluntaria de cultivos ilícitos).
El padre Francisco de Roux es menos crítico que Arias, por ello prefiere centrarse en el espaldarazo que desde la marcha y las siguientes movilizaciones y cacerolazos le dieron a instituciones como la JEP y la Comisión de la Verdad. “Hay un gran apoyo al proceso de paz y una invitación al gobierno a escuchar al país, ponerle atención a lo que los colombianos estamos pidiendo. Queremos un país en paz de una vez”.
Opinión similar tiene Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. Para él, los colombianos están haciendo suyo lo acordado en La Habana. “Le pido al gobierno que escuche. El pueblo colombiano gritó unánimemente ‘queremos paz’, ‘queremos reconciliación’, ‘queremos unas mejores condiciones de vida’. Que escuchen.” No obstante, Londoño insiste en que se hagan las protestas de manera pacífica, “porque los actos vandálicos no tienen que ver con esas reivindicaciones que las mayorías quieren”.
No obstante, es importante empezar a hablar de construcción de paz, y no solo de lo acordado en La Habana, es lo que asegura Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), y agrega: “creo que la movilización demostró una vez más que lo que hemos venido planteando es que en La Habana se sentaron las bases, se diseñaron las estrategias y la ruta para avanzar en la construcción de paz con justicia social en Colombia, pero que cada ciudadano y ciudadana es responsable de que ello suceda, y eso lo demuestra la diversidad de reivindicaciones en cada una de las marchas en todo el país.”
Discursos y exigencias
La noche del 22 de noviembre, el presidente Iván Duque, durante su alocución presidencial, se refirió a la violencia de las marchas y a un posible diálogo que iniciaría esta semana. Duque pidió rechazar la violencia “y la incitación al caos” y dijo que “una cosa es que Colombia marche por un mejor país y otra que politiqueros la utilicen para su beneficio personal”. Luego se refirió a un posible “diálogo social”, pero antes, aseguró, que la historia del país exige “deponer los odios y construir, entre todos, un futuro de honestidad y de veracidad.”
La conversación “se dará en las regiones con los sectores sociales y políticos. Buscará tener un cronograma claro”, sin embargo, no explicó con cuáles actores y de qué manera se haría.
Por otro lado, la réplica de los partidos de oposición hizo énfasis en los incumplimientos a la implementación de los Acuerdos de Paz. “El país grita que el gobierno no puede seguir impávido ante el asesinato de líderes sociales y rechaza su estigmatización.” Se refieren al Acuerdo como un momento histórico del país: “Es deber del gobierno y del Estado, implementarlo en su integralidad. Es hora de que el gobierno asuma su responsabilidad y deje de excusarse en los errores del pasado.”
Al final hicieron un llamado: “Señor presidente, Colombia rechazó nuevamente que usted siga gobernando en beneficio de unos pocos y le exige que implemente todos los mecanismos y espacios de diálogo necesarios para hacer realidad todas las demandas y reclamos históricos de la ciudadanía.”
Al respecto, Luz Nely Osorno cree que con la alocución se demostró que el presidente Duque “está encartado con el país y que no tiene autonomía, sigue acudiendo a un discurso justificatorio, frente a su incapacidad para gobernar el país”. Esto, porque los primeros diálogos del presidente no fueron con los líderes del Comité del paro, sino con los próximos alcaldes y gobernadores, además de empresarios. “Es importante el llamado que le han hecho algunos sectores políticos y académicos de que escuche y se siente a dialogar y negociar no solo con alcaldes, u organizadores de las marchas, también con movimientos, organizaciones sociales y comunidades que hace rato vienen requiriendo que se les ponga cuidado”, añade Osorno.
Una jornada que se tornó violenta
La Corporación Jurídica Libertad (CJL) hizo un balance de la marcha en Medellín. En el documento advierten que, pese a que la jornada se desarrolló en calma, “al final de la misma se presentaron algunas situaciones de enfrentamientos de la policía y el ESMAD contra algunos manifestantes, principalmente estudiantes. Queremos denunciar que estos hechos son ocasionados por la persistencia de la Fuerza Pública en señalar, hostigar, atacar e infiltrar las movilizaciones. Hubo graves violaciones a los derechos humanos por parte del ESMAD y la Policía contra personas indefensas, además de exceso en el uso de la fuerza.”
La CJL registró la captura de 40 personas, de las cuales tres serán judicializadas.
Al final del comunicado, rechazan el “accionar desmedido” de la fuerza pública, lo cual perjudica a “quienes de manera legítima hacen uso del derecho a la protesta. Llamamos a que la Fuerza Pública esté al servicio de la paz, no puede ser posible que se siga dando tratamiento de guerra a la Protesta Social.”
Esta denuncia coincide con las manifestaciones de distintas organizaciones del país en otras ciudades. Sebastián Lalinde Ordóñez, investigador de Dejusticia, dice que en Colombia es complejo hacer una protesta. Entre las razones está el control policial, “en ciertos casos violento y excesivo, en el que los manifestantes son considerados enemigos más que ciudadanos y frente al cual algunos manifestantes responden con abusos”. Y otra, muy recurrente durante la marcha, es que los medios de comunicación “suelen reportar solo las protestas en las que hay violencia y que, por ese camino, incentivan que las manifestaciones no solo ocurran pacíficamente, de un lado, y que la protesta no tenga mucha legitimidad social, de otro.”
Antes de la marcha hubo allanamientos en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, en donde solo se encontró información alusiva al paro. Luz Nely Osorno había advertido sobre el “alto riesgo ante posibles judicializaciones sin respetar el debido proceso, de aquellas personas que vienen organizando y participando del paro nacional del 21 de noviembre”.
Aunque al final las marchas se tornaron violentas y tendrán que ser esclarecidos los sectores o personas detrás de estos hechos, distintos sectores del país coinciden en la importancia de esta movilización, que continúa desde entonces con cacerolazos en algunas de las principales ciudades del país. Además del asesinato del estudiante Dilan Torres, por un miembro del Esmad.
El excombatiente Fredy Rendón Herrera cree que además de la defensa de los Acuerdos de Paz, en lo que coinciden Francisco de Roux, Rodrigo Londoño, Gerson Arias y Nely Osorno, hay que invitar a otros actores armados para que dejen las armas y aporten a la construcción de una paz completa: “Qué bueno que el ELN y otras organizaciones armadas tomaran el ejemplo de nosotros. Es muy duro. Nosotros hemos perdido más de 3.000 hombres por balas asesinas y no sabemos por quién. Tenemos que rodear todos los procesos que vayan en pro de que las armas salgan del escenario”, dice Rendón.
“Lo que uno siente es una falta de conducción política en términos de cómo tramitar algo que si no se tramita con cuidado puede terminar muy mal”, añade Gerson Arias.
Por lo pronto, distintos sectores del país esperan empezar a desarrollar la agenda del “diálogo social” de la que habla el presidente Duque: una solución a los reclamos o una profundización de la crisis.
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