La prórroga de la Ley de Víctimas era necesaria pero no es suficiente

Dos representantes a la Cámara celebraron la decisión de la Corte Constitucional de extender dicha Ley hasta junio de 2030. Ambos plantean algunos retos y modificaciones para que se les cumpla a las víctimas del conflicto armado.

75
75
Juanita Goebertus y John Jairo Hoyos (centro) durante la Audiencia Pública Comisión de Seguimiento Ley 1448 en Medellín. Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Prorrogar la Ley de Víctimas una década más cuesta 143 billones de pesos fue el argumento del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ante la Corte Constitucional en octubre pasado. Posición contraria tuvo entonces el exministro Juan Fernando Cristo, para quien era un deber ético del Estado alargar la Ley para cumplirle a las víctimas, pues de las más de ocho millones de personas incluidas en el Registro Único de Víctimas, solo se han indemnizado 900 mil, y se han restituido más de 330 mil hectáreas de tierras, equivalentes al 4.9% de tierras despojadas.

El 5 de diciembre, la Corte Constitucional se pronunció al respecto y decidió ampliar por una década más la Ley de Víctimas hasta el 7 de agosto de 2030, a no ser que el Congreso decida extenderla por más tiempo.

En entrevista con la Agencia de Prensa IPC, los representantes a la Cámara Juanita Goebertus (Partido Verde) y John Jairo Hoyos (Partido de la U) se refirieron a la prórroga y a las modificaciones que debería tener si se quiere cumplir con las víctimas a 2030. Goebertus fue una de las ponentes ante la Corte en octubre, mientras que Hoyos es el presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas en el Congreso.

IPC. ¿Cómo recibe la decisión de la Corte de prorrogar la Ley de Víctimas?

Juanita Goebertus. Es una muy buena noticia. Si bien no conocemos el detalle de la sentencia, es evidente que prioriza el derecho de las víctimas a la reparación integral, como un derecho fundamental que no podría verse vulnerado por una limitación temporal.

La Corte Constitucional parece reconocer el argumento de que el componente de reparaciones del Acuerdo de paz tiene que estar en la Constitución por lo menos tres periodos (doce años), y que debe garantizar la vigencia de la Ley de Víctimas durante ese periodo.

IPC. ¿Por qué esta prórroga es necesaria pero no suficiente?

J.G. Hoy ya sabemos que con el 12% de las víctimas registradas indemnizadas a la fecha, con el ritmo que llevaba el gobierno Santos, nos tomaría 60 años, mucho más de los más de diez años que tendríamos a 2030. Más grave aún, si uno mira los indicadores de indemnizaciones durante el primer año del gobierno Duque, se encuentra con que redujeron a la mitad el ritmo con el que se venía avanzando en la indemnización: necesitaríamos 120 años para reparar a las víctimas.

Eso es inadmisible. Necesitamos garantizar que las víctimas reciban de manera ágil su indemnización y las otras medidas de reparación. Poder garantizar eso, implica hacer ajustes y transformaciones en el programa de reparaciones, no ajustes regresivos como los presentados por el partido de gobierno, que por ejemplo ponían en riesgo la restitución de tierras, sino ajustes para potenciar la reparación colectiva, para articular la política de reparaciones con los programas de desarrollo con enfoque territorial.

Si somos inteligentes y articulamos el programa de reparación de víctimas con los PDET, yo creo que podría existir una manera de llegar más rápido a más víctimas, pero eso implica hacer unos ajustes a la Ley.

John Jairo Hoyos. Por una razón, el conflicto armado fue muy extenso, y sigue. Todavía hay sectores armados causando daño, seguimos produciendo víctimas. Estamos hablando de que el 25% de la población colombiana es víctima del conflicto. El reto se nos multiplicó por tres con las víctimas de desplazamiento forzado.  Es importante tener un límite de diez años, a diferencia de las personas que consideren que el límite es indefinido, porque se va alargando y se va dejando ahí. Debemos ponernos la meta, en estos diez años, de resolver esto y cerrar este capítulo, y avanzar hacia un país en paz.

IPC. ¿Cuáles son los ajustes que se le deben hacer a la Ley para que a 2030 se pueda cumplir?

J.G. Eso hace parte de lo que hay que discutir. Uno, potenciar la reparación colectiva y articular la reparación con los PDET; dos, abrir la puerta de la restitución administrativa de tierras, para que en los casos donde no hay oposición, no haya que ir a una instancia judicial, sino que se pueda hacer de manera directa por la administración. Una tercera, es pactar, como se ha hecho en el pasado con experiencias como los presupuestos públicos participativos, que sea la propia comunidad la que establezca las distintas prioridades, sabiendo cuál es el techo fiscal año a año y tomando la propia comunidad la decisión de por dónde arrancamos la indemnización. Gran parte de lo que ha caído mal con la comunidad de víctimas es que el gobierno saque decretos y resoluciones por su lado, como quiere, sin conversar con las víctimas.

J.J.H. Más que modificar la Ley, hoy hay una preocupación sobre los 40 billones de pesos necesarios para hacer la indemnización administrativa, el pago de reparación de las víctimas. Hoy no hay fuente para esos recursos. Tenemos que tener la capacidad como Congreso y como víctimas de proponerle al gobierno nuevas fuentes. Hay una fuente natural para la reparación a las víctimas que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Esperamos el 15 de marzo como Comisión de Víctimas, para que se permita de manera ágil monetizar todos los bienes incautados a la mafia, a los grupos armados ilegales, y que estos recursos vayan directo a la reparación de las víctimas.

IPC. Aún hay proyectos de Ley que buscan modificar la Ley de Víctimas, como el propuesto por la senadora María Fernanda Cabal. ¿La Ley sigue en riesgo de tener efectos regresivos para las víctimas?

J.J.H. Siempre habrá riesgos legislativos, pero no veo un ambiente en el Congreso para reformar las leyes actuales para que perjudiquen a las víctimas. Veo un ambiente positivo en favor de las víctimas.

Lea también: Ley de Víctimas: deber ético u obligación fiscal

Comments are closed.