Hace falta contar la historia de los defensores de derechos humanos desde la sociedad civil, es uno de los vacíos que el comisionado Alejandro Valencia ve en los relatos y ejercicios de memoria sobre las afectaciones del conflicto armado. Lo dijo en un evento de “Reconocimiento a la labor de los y las defensores de derechos humanos”, organizado el 4 de diciembre por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
En este evento se habló del papel del Estado en el conflicto, de los civiles que participaron y promovieron el conflicto y la importancia de los defensores de derechos humanos en ese contexto.
El Estado es un actor violento, fue uno de los argumentos de Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad. Para ella, el Estado es uno de los principales actores “en la implementación de métodos, estrategias y tácticas represivas contra las personas defensoras de derechos humanos”, y puso como ejemplo a quienes han padecido estas estrategias en Antioquia, como el Instituto Popular de Capacitación (IPC).
Hay que reparar la democracia, fue la posición del IPC cuando inició hace tres años el proceso de sujeto de reparación colectiva. En aquel momento se alejaron de la idea de víctimas y contrapusieron la figura de sujeto político y la premisa de que había que reparar la democracia. Como parte de ese proceso se creó la Escuela de Sujetos de Reparación Colectiva, en el que organizaciones sociales de Antioquia también pasaban de la figura aparentemente pasiva de “víctimas”, a una más activa como “sujetos políticos”.
El IPC fue víctima de agresiones en las últimas tres décadas. Hubo casos de allanamiento ilegal, detención arbitraria, tortura, secuestro, amenazas y saboteo informático. Dichas agresiones se inscribieron en un contexto de violencia política no solo contra la institución, sino contra otras organizaciones y movimientos sociales de izquierda, defensores de derechos humanos, promotores de la paz y de carácter sindical. “La violencia lo que resuelve es la instauración de un orden social, político y económico por medio de la reducción y aniquilamiento de los otros que propugnan por concepciones y modelos alternativos al instaurado violentamente”, dice el informe Resistiendo la violencia política, sobre el caso del IPC.
Por esa razón, Adriana Arboleda aseguró que hay que darle valor a la resistencia de estas personas, puesto que han sido quienes en la mayoría de los casos han acompañado a las víctimas en los territorios, que son veedores del poder, quienes exigen el cumplimiento de las normas y quienes están atentos de que se desarrollen las garantías ciudadanas. Por estas razones, Alexander Castro, del capítulo Antioquia del Movice, asegura que “en Colombia los héroes sí existen, y esos son los y las defensores de derechos humanos”, además de que el propósito de estos es la verdad, la justicia y la reparación.
Sin embargo, luego de los Acuerdos de paz aún están en pugna varios elementos: la implementación de los Acuerdos, la narrativa que se va construir sobre el conflicto armado. Es lo que dijo Max Yuri Gil, encargado de la Comisión de la verdad para Antioquia y el eje cafetero, pues hay una disputa histórica y simbólica. Nuevas discusiones vendrán, dijo, con relación a la responsabilidad del Estado frente a los denominados casos aislados o “manzanas podridas”, así como al papel de los “terceros civiles”.
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