La preocupante situación de los derechos humanos en Antioquia

En el día internacional de los Derechos Humanos, el Instituto Popular de Capacitación y nueve organizaciones y plataformas presentaron sus informes de balance de la situación en el departamento.

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Marcha en Medellín durante el Paro Nacional del 21 de noviembre. Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

El conflicto y la violencia no se redujo en regiones como Urabá y Bajo Cauca luego de la firma de los Acuerdos de Paz. Los homicidios, amenazas y el desplazamiento forzado se mantienen en estas regiones, sobre todo en comunidades indígenas, reclamantes de tierras y líderes defensores del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Las conclusiones las presentaron investigadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y de nueve organizaciones y plataformas que presentaron sus informes sobre la situación de derechos humanos en Antioquia durante el 2019.

De acuerdo con Nathaly Tobar, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, mientras en Caucasia se redujeron los homicidios en un 3%, en Cáceres aumentaron un 9%, con una tasa de 123.32 homicidios por cada cien mil habitantes. Es este, precisamente, el municipio más violento del Bajo Cauca. Además, hubo 101 amenazas en la región, la mayoría de ellos (48) en Caucasia.

Según la Unidad de Víctimas, entre 2016 y 2019 fueron reclutados 49 menores por los grupos armados. Sin embargo, los investigadores del IPC hablan de un subregistro. Según su trabajo en esa región con algunas comunidades, registraron 30 casos en Cáceres y 40 en Tarazá. Algunas de los más afectados son los de los indígenas zenú de las veredas Omagá y Campanario, a quienes les reclutaron diez menores de edad. 

Al respecto, Alexis Espitia, consejero de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), asegura que “las prácticas de reclutamiento por estos actores se dan por medio de amenazas e intimidaciones a los jóvenes y su familia. Las practicas más comunes son el ofrecimiento de dineros para que sean colaboradores o trabajen con ellos, el enamoramiento a las jóvenes, ofrecimiento de ayudas a las familias menos favorecidas.”

Agrega Espitia que en el año han sido confinados 1.064 indígenas en Bajo Cauca, Norte y Occidente, además de las siete incursiones que han hechos actores armados legales e ilegales en sus territorios.

La reincorporación y los líderes sociales

En Medellín viven más de 300 ex guerrilleros, de acuerdo con información del Partido Farc, quienes tienen dificultades para acceder a servicios públicos, empleo, atención psicosocial y garantías de protección. Solo en este asunto, resaltan el asesinato de 19 personas desde la firma del Acuerdo de Paz, dos tentativas de homicidio y el asesinato de ocho familiares de los ex combatientes. Destacan el caso del desplazamiento forzado de un exguerrillero en Remedios, Antioquia, el 14 de junio.

Además de los ex combatientes, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos habla de por lo menos 400 agresiones contra defensores de derechos humanos. La principal son las detenciones arbitrarias, con 156 casos, seguida por las amenazas individuales (108 casos) y el asesinato de 24 líderes. Responsabilizan al Esmad de la mayoría de agresiones (182), por encima de “diferentes estructuras paramilitares como ACG, Caparrapos y otros, con 152 casos”.

Con relación al Paro Nacional que inició el 21 de noviembre, Winston Gallego, integrante de la Corporación Jurídica Libertad y vocero de la Coordinación Coeuropa y el Proceso Social de Garantías, habla de 123 agresiones. De estas, “114 son detenciones arbitrarias que incluyen tortura física y/o psicológica; 8 heridos, y se han registrado casos de hurto. Las personas muy golpeadas o heridas no son llevadas al Centro de Traslado por Protección, lo que se convierte en una forma de ocultar la actuación violatoria de los agentes estatales, además de ser un mecanismo impunidad, ya que no se reporta el caso ni se presenta ante la Fiscalía”, dice Gallego.

El Observatorio de Derechos Humanos Fabiola Lalinde registró 7 casos de criminalización de la protesta social, “entre los que se destacan, el hostigamiento, la agresión física y verbal, las retenciones indebidas y los señalamientos realizados por algunas instituciones a defensores y defensoras de derechos humanos”.

De este balance participaron: Organización Indígena de Antioquia (OIA); Escuela Nacional Sindical (ENS); Mujeres que Crean; Ruta Pacífica de Mujeres; Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila; Corporación Jurídica Libertad; Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos -Nodo Antioquia; Proceso Social de Garantías; Partido FARC; Observatorio de Derechos Humanos Fabiola Lalinde; Observatorio Mujer y Género; y el Instituto Popular de Capacitación.

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