Álvaro Pardo Becerra critica al presidente Iván Duque por no sumarse a las metas del Acuerdo de París, a pesar de que habla de su compromiso con él fuera del país. Este economista y exdirector técnico de minas del Ministerio de Minas y Energía, además de coautor del libro Minería en Colombia: derechos, políticas públicas y gobernanza, de la Contraloría General de la República habló en esta entrevista del costo de la energía hidroeléctrica, los daños ambientales y socioeconómicos y las locomotoras mineras: la legal y la ilegal.
I.P.C. El 69% de la energía que se genera en Colombia es por medio de hidroeléctricas y solo el 1% por medio de energía eólica, solar o biomasa. A pesar de la transición en muchos países, ¿en Colombia hay interés de dar el paso hacia una nueva matriz?
Álvaro Pardo Becerra. Aunque el presidente Duque ha repetido en el exterior en diferentes foros el compromiso del país de sumarse a las metas del Acuerdo de París, lo que vemos es que procede en contrario. Eso se ve en continuar incentivando y dando beneficios para la extracción de hidrocarburos, gas y carbón. ¿Por qué el gobierno está promoviendo esas actividades? ¿Por qué está promoviendo el fracking y ofreciendo nuevos campos para que lleguen propuestas de explotación de hidrocarburos y de gas? Si los colombianos conociéramos las implicaciones irreversibles, estaríamos desde la sociedad pidiendo medidas más fuertes para suspender la extracción de gases e hidrocarburos.
En Colombia, el 98% del parque automotriz se mueve a través de combustibles fósiles. Y en promedio, el 25% de la energía que se genera es con los combustibles fósiles como acpm, gas, carbón. Tenemos tareas fundamentales: cambiar el parque automotriz. Hay ejemplos como Hong Kong, que dijo que al mercado solo salen vehículos eléctricos. En quince años garantizaron que el parque automotor funcionara con energías limpias. Es un tipo de medidas que uno necesitaría. Pero en Colombia, donde hay un estado cooptado por grandes intereses de las mineras y petroleras, eso no se va a poder hacer, esos señores se van a oponer a que tengamos una transición rápida, porque el crudo que está enterrado y el carbón, son parte de sus ganancias. No se van a ir del país hasta que no saquen el último barril y la última tonelada de carbón.
IPC. Uno de los argumentos para continuar con la energía hidroeléctrica es que es más barata producirla, además porque es mejor seguir utilizando una tecnología que ya se conoce que invertir en una nueva. ¿Es así?
A.P.B. Buena parte de la generación de energía se genera con energía hidroeléctrica. Se dice que es la más barata, pero eso se ha ido desvirtuando, porque solo se habla del costo de cada kilovatio, pero no de los demás costos en el entorno: ¿cuáles son los costos de Hidroituango?, ¿cuáles son las consecuencias sociales y ambientales que causaron río abajo? Desplazaron comunidades y ellos no lo valoran; nosotros sí decimos que una de las energías más costosas es la hidroeléctrica.
IPC. En ese orden de ideas, ¿no se dimensiona la forma como se perjudica comunidades pesqueras, afectadas por proyectos minero energéticos?
A.P.B. La mejor expresión de la política de estado nuestra es que es una política a favor de los grandes intereses y no de los intereses generales. Es un estado cooptado. ‘A los pescadores les podemos pagar una platica para que no molesten, pero la hidroeléctrica está ahí para generar energía a cualquier costo’. Pero esos son los intereses que hay en el Estado. Porque si estuviéramos en otras circunstancias, muy seguramente un proyecto como Hidroituango no se hubiera construido.
IPC. En el libro Minería en Colombia usted habla de la legitimidad de los mineros ilegales, por encima de los hoy considerados legales, ¿a qué se refiere?
A.P.B. Cuando empezó el auge de precios de los minerales entre 2002 y 2004, cuando se estrenó el Código de Minas, lo que hubo fue una transformación del mapa minero en el país. Cuando el precio del oro subió a 1.200 dólares la onza, mucha gente empezó a ganar mucha plata. La autoridad minera era precaria. Lo que se hizo fue exacerbar una actividad que ya estaba en los territorios, que conocemos como minería artesanal. Ellos fueron obteniendo más recursos económicos en los territorios. Muchos mineros que eran artesanales empezaron a comprarse su primera retroexcavadora, la segunda, la quinta. Era obvio que habían mutado en la escala y el Estado se dio cuenta muy tarde. Se fueron generando unas organizaciones en los territorios que se fueron empoderando y que tenían aceptación social. La minería de esa forma era la única fuente de empleo y en ese sentido ellos se convirtieron en un poder dentro del poder. Cuando llega el Estado, dice que eso se soluciona con lo militar: viene la persecución a los mineros, la quema de retroexcavadoras. Y hasta ahora dice que hay que formalizar. Para el Estado, la única minería responsable desde el punto ambiental, social, tributario y económico, es la gran minería; la otra estorba.
IPC. Usted también se refiere a un incumplimiento histórico del Estado en la tarea de tomar el control de los recursos naturales, además se refiere a una cultura que concede derechos de propiedad sobre los minerales, ¿de qué se trata?
A.P.B. Hay muchas regiones del país donde la población creció al margen del Estado. Entre ellos había un proceso muy largo de personas que tomaban los recursos porque los encontraban y explotaban. Fue algo natural que se dio durante dos siglos. Después viene una norma que dice que todos esos recursos son del Estado y dice que no se los puede llevar cualquier persona. Permite el barequeo, pero de ahí para arriba todo el mundo tiene que tener licencia ambiental, título minero, pagar regalías, impuestos, etc. Pero es demasiado tarde que el Estado se da cuenta de eso.
Cuando llega le da una salida militar, pues ya muy tarde crea una conflictividad y comete un error muy grande: quitarle el pan a las familias que viven de esas actividades. Un proceso de formalización minera no puede dejar de lado ese aspecto, esa dimensión social: la supervivencia de miles de personas en el país.
Con respecto a los reconocimientos de propiedad privada, es una norma extraña a nuestra normativa. La nuestra viene del derecho romano, pero hay otro tipo de derecho que es el de Gran Bretaña donde los ciudadanos son dueños del suelo y el subsuelo, como en Estados Unidos. Hoy uno va a sitios de Texas donde las familias tienen sus casas y debajo tienen yacimientos de crudo. Ellos son los propietarios. En nuestro caso, el derecho dice que la riqueza del subsuelo es del Estado. Cuando Colombia trató de ser una república federada, hubo gente que trajo esas normas y empezó a hacer las prácticas en Colombia, o bien en virtud de derechos del rey en la conquista, que le dio a algunos de sus lugartenientes títulos de propiedad del suelo y subsuelo, pero también en épocas federadas a muchas personas prestantes, o héroes de guerra, el estado federado en Antioquia les dio derechos sobre el suelo y subsuelo. Por eso están los reconocimientos de propiedad privad, no son inconstitucionales, la ley dice que se preservarán. Gradualmente algunas empresas han comprado esos derechos, y son dueñas del suelo y del subsuelo como Mineros S.A., que tiene 29 reconocimientos de propiedad privada, explotan como ellos quieren, pagan las regalías que ellos quieren y son capaces de influir al Estado para que las regalías sean mínimas. Si bien esto viene de una tradición ajena al país, se ha impuesto a las malas aquí.
IPC. ¿Es posible cambiarlo?
A.P.B. Desde esta perspectiva y este modelo, no se puede cambiar, porque son derechos adquiridos. Claro, de los grandes empresarios. Los derechos adquiridos de los ciudadanos, como en materia de consulta previa y consulta popular, no existen, pero a ellos sí hay que garantizarles la seguridad jurídica, preservándole sus derechos.
IPC. Usted se refiere al choque de locomotoras, como la legal y la ilegal, sin embargo, ¿es posible hablar de un acoplamiento, sobre todo en zonas como el Bajo Cauca donde parece haber un entendimiento en algunas zonas sobre el río Nechí?
A.P.B. Inicialmente, cuando sale la ley 085 y viene todo este auge de minería, el Estado tenía la visión importante de darles títulos a las grandes empresas, porque son generadoras de impuesto, regalías, además tecnología de punta, pero cuando fue a hacer eso se dio cuenta de que en las regiones ya había personas, organizaciones informales empoderadas, extrayendo oro. Lo primero fue un choque. De hecho, muchos títulos fueron devueltos porque no pudieron sacar los mineros tradicionales. En otros casos los sacaron por la vía de la fuerza. Lo que ha ido buscando el Estado después de sanear esos títulos, es decir, sacar esos mineros, es entregarles a las grandes mineras. Ya hay una normatividad diferencial que los apoya a ellos.
Esas locomotoras tratan de convivir, pese a que sigue habiendo problemas graves como en Buriticá, Remedios, Segovia, en donde se han dado títulos por encima de mineros tradicionales.
Lea también: La prórroga de la Ley de Víctimas era necesaria pero no es suficiente
