Las denuncias que la Fiscalía no escuchó de los reclamantes de tierras capturados en Urabá

Los días 27 y 28 de noviembre, nueve campesinos fueron capturados como responsables de delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Las denuncias que ellos hicieron desde 2014 muestran las amenazas e intimidaciones de las que fueron víctimas por parte de quienes hoy los acusan.

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Reclamantes de tierras capturados. Arriba: Saulo David Úsuga, Víctor Manuel Correa y Rosember Ibañez. Abajo: Fredy Correa, Tito David Gómez, Omar Quintana y Sandra Medrano, y Julio César Correa.

La noticia fue una sorpresa. En el 2008, un año después de casarse, Wilson David le dijo a su esposa Katerine Lazo, que tenía una finca de 200 hectáreas en el Urabá. Le contó la historia de un desplazamiento en 1986 cuando salió de la finca con su papá Saulo David y el resto de la familia. Le dijo que quería volver a la vereda El Caimán, en Turbo.

Katerine se negó desde el principio. Suficientes eran las noticias en televisión de las masacres, de la violencia de la región. A Wilson no le importó y empezó una serie de viajes de ida y vuelta para ver cómo estaba la tierra. La primera vez que volvió, un vecino le dijo que esta estaba ocupada por uno de los denunciantes. “Si entran a la finca, los matan”, le dijo el vecino.

En febrero de 2012, el entonces presidente Juan Manuel Santos visitó Necoclí, un municipio del norte de Urabá. Allí dijo que escogieron esa región “para venir a decirle a todos los colombianos, que esta Ley la vamos a hacer efectiva contra viento y marea, contra cualquier enemigo”. Katerine estaba frente a su televisor cuando escuchó esas palabras. “No sé si escuchamos mal, pero el presidente dijo que todos a sus tierras”, cuenta ella. Habló con su esposo y acordaron que regresarían en 2014 cuando sus hijos estuvieran más grandes. Y llegó el año, y llegó febrero, la familia arribó a Carepa y al día siguiente tomó camino hasta El Caimán. “Desde ese momento nuestra vida cambió”, dice.

Así fue, vinieron los cuatro atentados a los que sobrevivió, vinieron las amenazas, vinieron los enfrentamientos con quienes tenían la tierra, vinieron los esquemas de seguridad, vino un nuevo desplazamiento y una eterna huida que la hizo abandonar Urabá. Y como si fuera poco, su suegro, Saulo David, está encarcelado junto con ocho reclamantes de tierras más, acusado de secuestro y concierto para delinquir por retornar, el 26 de noviembre de 2014, a las propiedades de las que habían sido despojados por los paramilitares y enfrentarse a uno de los ocupantes de la tierra.

Quienes los acusan son los que se adueñaron de las tierras luego de que fueron desplazados, a quienes, desde 2014, Wilson David denunció en la Fiscalía.

Los reclamantes de tierras fueron capturados el 27 y 28 de noviembre y hoy se encuentran con medida de aseguramiento intramural. Ellos son Víctor Manuel Correa, Fredy Correa Cuadrado, Julio César Correa Cuadrado, Saulo David Úsuga, Tito David Gómez, Omar Quintana Suárez, Sandra Medrano y Rosember Ibañez. Este último es el único campesino al cual le fue restituida su tierra el 15 y 16 de mayo, gracias a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que se les devolvió la tierra a ocho familias de la vereda Guacamayas, en Turbo y Mutatá.

La primera denuncia

El 24 de diciembre de 1976, el abuelo de Wilson David y padre de Saulo David, Juan Albino David, compró a Ángel Toro un terreno de 200 hectáreas en la vereda Tumaradocito en Turbo, por un valor de cien mil pesos, así lo dice el documento de compra venta que se firmó en Chigorodó. De esa tierra, en la que Saulo David crio a sus hijos, salió huyendo en 1986 con destino a otros municipios de Urabá, de Córdoba y de Sucre, hasta que en 2014 retornaron.

En el regreso, según lo denunció Wilson David el 12 de junio de 2014, diez días después, un hombre fue hasta su casa y les preguntó: “qué hacíamos allí, que eso era de ellos, que por qué nos metíamos en la casa roja”. Wilson David respondió que esa era su casa. El desconocido les dijo que no tenían nada que hacer en ese lugar porque no les pertenecía. Desde ese momento, según las denuncias, apareció el nombre de una de las personas que hoy los acusa. “El señor […] lleva diferentes personas con el objetivo de que nosotros cojamos miedo. Dice que de allí sale muerto. Lo que pasa ahora es que el señor nos está amenazando”, dice la denuncia.

Katerine recuerda que el señor orinaba delante de sus hijos, les mostraba el pene y los intimidaba con un revólver y les decía: “con esto los vamos a matar a ustedes”. En aquella época el país estaba en contienda electoral: entre el segundo mandato de Juan Manuel Santos o la presidencia de Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático. El señor les “decía que, si Zuluaga ganaba, todos éramos gente muerta”, recuerda Katerine.

Fue tal la presión y el miedo, que en noviembre de 2015 Katerine, su esposo Wilson y su suegro Saulo, salieron de la tierra, pues habían hecho la solicitud de restitución y las primeras denuncias sobre las amenazas e intimidaciones. Creían que era suficiente para que les devolvieran las tierras. Pero no fue así, pues de las 123.128 solicitudes de restitución que ha recibido la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el 65% fueron rechazadas, como las de ocho de los campesinos capturados, y solo el 7% fueron falladas a favor de los reclamantes.

Denuncias de 2015 y 2016

Vereda Guacamayas. Foto: Instituto Popular de Capacitación.

El 15 de junio de 2015, Wilson David denunció que, a la 1:20 de la madrugada, fueron a su casa varias personas con armas de fuego, “comenzaron a disparar a la vivienda y nos decían que nos teníamos que ir”. Los intrusos estuvieron hasta después de las cuatro de la mañana. Wilson David dio los nombres de estas personas, los mismos que hoy los denuncian. Al final de la diligencia, Wilson David pidió que se investigaran los hechos y contó la historia del diálogo de dos personas en las que uno de los hoy denunciantes decía que “sabía que las tierras que nos tenía eran de nosotros […] que eso se solucionaba a plomo, porque él salía de ahí pero muerto.”

El 11 de agosto de 2015, Wilson David denunció nuevas amenazas de otro de los denunciantes, “quien manifestó, que si no habían escuchado la orden del patrón, Inglaterra”, considerado el segundo al mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y asesinado el 23 de noviembre de 2017.  Él “había mandado a desocupar esos terrenos donde estábamos nosotros. Y que, si no nos íbamos de ahí, no respondían por nadie”. Según la denuncia, Wilson David fue luego a hablar con esa persona, pero esta le sacó una pistola y le hizo varios disparos al suelo.

En 2015, Wilson David hizo cuatro denuncias por amenazas y en el 2016 hizo seis, una por desplazamiento forzado y las demás por amenazas. Como común denominador de sus denuncias aparecen los nombres de quienes hoy los denuncian.

Tito David

El 27 de octubre de 2015 Wilson David no pudo llegar a la finca La Bonita de la vereda Guacamayas de Turbo, en donde trabajaba con su primo Tito David. Antes de las seis de la mañana se encontraban para contar el ganado del potrero y luego para ordeñar en el corral. Sin embargo, a Tito David lo abordaron ocho hombres armados, “el primero que les salió es el hijo de Don Mario, de nombre Jhony. Cuando este se mandó la mano a sacar la pistola, el primo sacó la peinilla y le dio un machetazo en el hombro”, de inmediato, Jhony le disparó a Tito David en el estómago. Mientras corría para salvarse, los demás le disparaban por la espalda. Los hombres armados se fueron en una camioneta, creyendo que lo habían matado. Alias Jhony, cuyo nombre es Manuel José Calderón Henao, fue capturado por el CTI el 1° de febrero de 2018, señalado de ser «hombre de confianza de alias Don Mario» y miembro del Clan del Golfo.

Tito David, por su parte, sobrevivió a los cinco balazos y por eso se fue a vivir a Putumayo, en donde lo capturaron hace un mes, al ser señalado de los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Según lo dijo Wilson David en la denuncia, a la semana del atentado les mandaron una razón: que se salieran de la finca porque los iban a matar allá.

Un familiar de Tito David, quien pidió la reserva de su nombre, asegura que su familia también salió desplazada de Turbo en 1984, luego de que les mataran un hermano. Regresaron a la tierra en enero de 2014, poco antes de que lo hicieran Wilson David con su esposa Katerine y su suegro Saulo David. “Por reclamar la finca, casi pierde la vida mi hermano Tito, ahora está retenido y su vida en riesgo”, dice el familiar de Tito David, padre de cinco hijos.

Un mes después del atentado, amenazaron al hombre que quedó encargado de la finca de Tito David. Dichas amenazas, según la denuncia de Wilson David, del 30 de diciembre, venían del administrador de la finca de uno de los denunciantes. Le decían que se fuera y le mandaban razones a Tito David y a toda la familia. El encargado de la finca les dijo a los David que se cuidaran mucho porque decían que los iban a matar, que no dieran papaya. Y que todas las órdenes estaban saliendo “de la casa de palma”, la casa de uno de los que posee la tierra despojada a algunos campesinos.  

La familia Correa

El 7 de junio de 2016, Fredy Correa denunció que seis hombres que se identificaron como integrantes del “Clan Úsuga” fueron hasta la casa de sus padres y les ordenaron que se fueran de la finca en la vereda Guacamayas de Turbo. Si no lo hacían, que “se atuvieran a las consecuencias”. Luego de esto se llevaron 60 cabezas de ganado. Esto lo hicieron saber al “comandante del Batallón Voltígeros de Carepa, pero en el momento no hizo nada”. El 12 de junio un pelotón se ubicó en la vereda, pero cuando se fueron los soldados, salieron desplazados hasta Apartadó. Fredy Correa también fue capturado con su hermano Julio Correa. Ese fue el último desplazamiento de la familia. “Había amenazas y el esquema de seguridad no lo cuidaba en la finca”, dice un familiar de Fredy. Cuenta que a él lo retuvieron los grupos paramilitares, lo amarraron y le dijeron que se tenía que ir porque no le pertenecía la tierra, que le daban “cero horas y cero minutos para salir”.

El 11 de septiembre de 2016, Fredy Correa estaba en la terminal de transporte de Chigorodó cuando se percató de que un paramilitar y dos sujetos más se aproximaban, salió corriendo hacia la estación de Policía. A estos hombres los reconoció como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Fueron seis sujetos quienes el 7 de junio fueron hasta su finca y les ordenaron que se fueran de la tierra, “que eran órdenes de arriba y que estaba prohibido tener ganados en los potreros”. Ese día les robaron 50 cabezas de ganado, de las cuales recuperaron 26.

“No es la primera vez que venimos a colocar denuncia”, dijo Fredy Correa en una de las denuncias, indicando que no había sucedido nada con estas.  Y agregó que las pusieron en la Sijín de Chigorodó y de Apartadó: “Tememos por nuestras vidas ya que somos reclamantes de tierras. Los paramilitares se metieron con bienes de nosotros y nos andan buscando para darnos de baja por ser catalogados objetivo militar de ellos”. La lista de personas amenazadas incluye a miembros de su familia, a reclamantes de tierras capturados en noviembre y a otros campesinos de Turbo.

Sobre Julio Correa, hermano de Fredy, también existe una denuncia del 6 de noviembre de 2016, en la que un primo de estos asegura que fueron declarados “objetivo militar” y que se debían ir del pueblo, “y tampoco podemos entrar a la finca que queda en la vereda las Guacamayas del municipio de Turbo, para reclamar nuestras tierras”, dijo el primo en la denuncia.

No obstante, hay un tercer miembro capturado de esta familia, se trata de Víctor Correa, tío de Julio y Fredy.  De acuerdo con una de sus hermanas, Víctor salió desplazado de su parcela en 1996. En 2009 regresó sin acompañamiento institucional y a esto le siguieron varios hechos: “nos destruían el rancho, quemaban las cosas, se las robaban. Si salíamos del rancho ya no podíamos volver porque se apropiaban. No nos dejaban cultivar”.

En el relato aparece otra persona, quien estaba en la tierra cuando los campesinos regresaron. “Nos hacía disparos, les pegaba a los muchachos. No podíamos ponernos al nivel de ellos. Ellos tenían todo; nosotros solo machetes”. Esta nueva persona es otro de los denunciantes contra los nueve reclamantes de tierras detenidos.

De acuerdo con el relato de una mujer, sobre lo sucedido el 26 de noviembre de 2014, los campesinos buscaron a ese señor. Le pedían que los dejara trabajar mientras se resolvía legalmente a quién le pertenecía la tierra. “Él dijo que la ley de él era machete, palo y plomo, fue cuando le metieron el machetazo al señor Saulo”, dice ella. Luego vino el enfrentamiento. “Después de eso, él, con todos los opositores de esas veredas, intentó asesinar gente allá adentro, subieron las amenazas porque él decía que eso no se quedaba así.”

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Los demás detenidos

Edilberto Úsuga es primo lejano de Saulo David y Tito David, según una de sus familiares, también fue desplazado y regresó a su tierra a sembrar arroz y maíz, además se unió a otros reclamantes de tierras para retornar a las tierras usurpadas.

Sandra Medrano y Omar Quintana, por su parte, son una pareja que tiene tres hijos de dos, diez y quince años. Omar es hijo adoptivo de Víctor Correa, fue desplazado en 1997. Según su madre, Omar vivía con su esposa en un terreno de 12 hectáreas al lado de la casa de su padre putativo, una tierra que no han podido recuperar.

Rosember Ibañez, por último, es el único reclamante que recuperó sus tierras, por medio de la sentencia SU 648 de 2017 de la Corte Constitucional y la sentencia del 10 de diciembre de 2018 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Dice su esposa que desde la sentencia no habían tenido problemas con su tierra, hasta ahora que fue capturado.

Nueve familias a la espera

Una familiar de los reclamantes, asegura que desde que capturaron a alias Jhony, este les envía razones desde la cárcel, en donde les dice que no se quedará quieto, que tiene sicarios y que así de fácil no van a solucionar el problema.

Por su parte, con la serie de amenazas, Katerine y su esposo Wilson David huyeron de su tierra. Vivieron en Medellín, en varios municipios de Urabá y salieron hacia otros departamentos para proteger sus vidas. Cuando vivía en Carepa recibía razones de que ya la tenían ubicada. Por eso salió de Antioquia. Con su esposo y sus hijos terminaron en una invasión, pues no tenían empleo ni tierra donde vivir. “Vivimos como unos mendigos, no hemos podido conseguir trabajo. Mi mamá de vez en cuando nos ayuda con la yuca, con el plátano”. Al ver esta situación, su suegro Saulo David regresó a la finca de la que habían huido. Recuperaron 50 hectáreas para sembrar la comida que a la familia le faltaba y luego arrendaron la tierra a un señor.

“Saulo decía que quería dejarle algo a sus hijos”, dice Katerine. El señor, antes de ser capturado, vendía Bonice en Carepa, a donde caminaba varios kilómetros todos los días. Es la suerte de los nueve campesinos y sus familias: demostrar que ellos son víctimas de desplazamiento forzado y de los grupos paramilitares del Urabá, y no al revés, como lo pretenden quienes ocupan las tierras despojadas.

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