De las más de ocho millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, el 46% de ellas están en los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño, las regiones en donde se presentan la mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros. De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en 2019 asesinaron 107 líderes en el país, 115 en 2018 y en los primeros trece días de 2020, asesinaron a 10. Gran parte de ellos en municipios dedicados a la minería.

Para financiar la guerra, los grupos guerrilleros y paramilitares controlan parte de los recursos mineros a través de la extorsión o, en algunos casos, de manera directa la minería en las zonas que hoy registran mayor número de líderes y ex combatientes asesinados. Antioquia produce el 47% del oro del país, seguido de Chocó (21%), Bolívar (10%), Nariño (6%), Cauca (6%) y Caldas (6%).

Además de la relación entre la producción del oro y el conflicto, hay otros elementos que se deben tener en cuenta a la hora de entender algunos de los conflictos alrededor de la minería de oro en el país, como la expansión de los títulos mineros desde los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, la criminalización de los pequeños mineros y las relaciones entre la producción de oro y el conflicto, a pesar de la desaparición de la guerrilla de las Farc. Estos son algunos de los temas más importantes que Soledad Betancur, economista e investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), desarrolla en el informe “Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia: retos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente”, publicado por Heinrich-Böll-Stiftung, Germanwatch, Broederlijk Delen y el IPC, y presentado en el Parlamento Europeo, a algunos parlamentarios y miembros del Gobierno alemán, así como a parte de la sociedad civil de Berlín, Bruselas y Bilbao entre el 12 y 21 de noviembre de 2019.

Las grandes mineras y los pequeños mineros

En los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) aumentaron los títulos mineros en el país. Estos crecieron y se mantuvieron en los gobiernos de Juan Manuel Santos y del hoy presidente Iván Duque.

Según Álvaro Pardo, exdirector técnico de minas del Ministerio de Minas y Energía, “cuando empezó el auge de precios de los minerales entre 2002 y 2004, cuando se estrenó el Código de Minas, lo que hubo fue una transformación del mapa minero en el país. Cuando el precio del oro subió a 1.200 dólares la onza, mucha gente empezó a ganar mucha plata. La autoridad minera era precaria. Lo que se hizo fue exacerbar una actividad que ya estaba en los territorios, que conocemos como minería artesanal. Ellos fueron obteniendo más recursos económicos en los territorios.”

Con relación al oro y los metales preciosos, los títulos mineros otorgados hasta el momento suman 2’124.094 hectáreas. Cinco empresas (Anglo Gold Ashanti, Continental Gold, Mineros S.A., Negocios Mineros S.A. y Proyecto Coco Hondo) controlan “más de la mitad del área en la que el Estado permite la explotación de metales preciosos”. Y esto es posible, entre otras razones, por la denominada “confianza inversionista”. De acuerdo con el informe, “es una amplia protección a las inversiones de las empresas, por medio de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), que mantienen las condiciones favorables para inversionistas extranjeros; los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs); los capítulos de inversión contenidos en los Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales crean el marco jurídico internacional para que empresas como Gran Colombia Gold puedan demandar al Estado ante tribunales internacionales”.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería, dichas empresas produjeron 11 toneladas de oro en 2018 y esperan producir 19 en 2020, además de multiplicar por siete su producción en esta década. Ese panorama contrasta con el de los mineros ancestrales, pequeños y medianos, quienes “quedaron atrapados entre multinacionales y actores armados y sometidos, además, a una política estatal de formalización minera que los criminaliza y los expulsa del territorio.”

En el Bajo Cauca, por ejemplo, 45 mil personas dependen de la minería informal, con un total de 1.200 unidades de explotación minera. En 2015, la Gobernación de Antioquia quiso formalizar 800 unidades, iniciaron con 150 y no lograron legalizarlos. En esa región y en el Nordeste se produjo el 46% de las 56.6 toneladas del oro exportado por Colombia en 2017.

En el Chocó, por su parte, antes del Acuerdo de Paz los mineros eran víctimas de las Farc, guerrilla que cobraba extorsiones. “Después de la dejación de armas del grupo insurgente, los mineros esperaban que su situación mejorara, pero sienten que se hizo más compleja. De un lado, esperaban que con la llegada del Estado podrían superar la informalidad, pero esto ha significado, para ellos que son el eslabón más débil de la cadena, mayores restricciones”, señala el informe. A esto se le suma el control que ejercen nuevos actores como el Ejército de Liberación nacional (ELN), las bandas criminales (Bacrim) y Clan del Golfo, “estructuras que estarían cobrando extorsiones hasta por el 8% de la producción diaria”.

“Los mineros han intentado legalizarse, pero el sistema los excluye. Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en el año 2010, el 86% de las solicitudes para formalizar la actividad a través de la solicitud de un título fueron rechazadas. Pero la exclusión y la criminalización se han mantenido y profundizado durante toda esta década”, agrega el informe.

En 2016, la OCDE señaló que, en Antioquia, mayor departamento productor de oro en el país, “operan todos los actores de la cadena de suministros de oro: mineros artesanales y de pequeña escala (la mayoría operando sin títulos), empresas mineras de mediana y gran escala (tanto aluviales como de veta, y nacionales como internacionales), compraventas locales de oro, refinadoras y comercializadoras internacionales de oro. No obstante, el riesgo de abastecerse de oro proveniente de Antioquia ha aumentado debido a la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que se lucran de las operaciones mineras, la generalización del lavado de dinero que involucra al comercio de oro y la corrupción que estas organizaciones generan.”

Todo esto contrasta con los índices de pobreza. En el Bajo Cauca, donde se ubican El Bagre, Caucasia, Zaragoza, Cáceres, Tarazá y Nechí, el 78.7% de la población tiene un alto nivel de pobreza multidimensional.

Propuestas para resolver el problema

El trato que se le da a los mineros artesanales y pequeños, según el informe, “profundiza la tendencia histórica de que el valor generado en la cadena productiva del oro, sea apropiado por las grandes empresas, por las comercializadoras internacionales y las grandes refinerías a nivel internacional”, a la vez que estigmatiza y criminaliza a quienes aún no tienen sus títulos mineros. Álvaro Pardo habla de un estado cooptado: “la mejor expresión de la política de estado nuestra es que es una política a favor de los grandes intereses y no de los intereses generales”.

Para Soledad Betancur, son necesarias iniciativas regulatorias “que vayan más allá de los riesgos cubiertos por el Reglamento europeo sobre la cadena de suministro de minerales provenientes de zonas de conflicto, como el financiamiento de grupos armados y las peores formas de trabajo infantil y trabajo forzado. Se requieren iniciativas de debida diligencia vinculantes, que incorporen todos los derechos humanos y estándares ambientales”. Según el estudio, el concepto de debida diligencia debe “incluir estándares ambientales para prevenir la continuación de la destrucción del medio ambiente que a la vez impacta la base de vida y los derechos humanos”.

En ese sentido, el estudio propone caminos para que los distintos actores de la cadena de suministro (empresas que extraen el mineral, compradores a nivel nacional e internacional, grandes fundidoras internacionales y otras industrias que usan el mineral como materia prima) respeten los derechos humanos, el derecho al territorio y no se deteriore el medio ambiente; además, plantea la necesidad de que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a las comunidades de los abusos que se generan en estos procesos extractivos y de que cumpla el Acuerdo de Paz.

Esto contribuiría, según la investigadora, a frenar de manera radical las graves violaciones a los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente que se está dando en Colombia, en territorios como el Nordeste y Bajo Cauca antioqueños.

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14 Comentarios

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