Militarización, ¿la solución al conflicto del Bajo Cauca?

Mientras la Séptima División del Ejército anunció la militarización de 64 centros poblados en Antioquia y 10 en Chocó, líderes sociales y organizaciones son críticos de estas medidas, pues consideran que no resuelven los problemas de algunas de las regiones más pobres de los departamentos.

Vista del municipio de El Bagre, a orillas del río Nechí, en el Bajo Cauca. Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Ocupar militarmente 64 centros poblados del departamento de Antioquia es la medida que dio a conocer el Mayor General Juan Carlos Ramírez el pasado 27 de enero. Con esto, la institucionalidad pretende mitigar y disminuir los índices de homicidios, desplazamientos y extorsiones que se vienen presentando en el departamento, específicamente en la región del Bajo Cauca, en donde, según el comandante de la Séptima División del Ejército, ocuparán 24 puntos como corregimientos y caseríos.

“Es un trabajo para darle tranquilidad a las comunidades de estos centros poblados que en este momento no tienen ninguna autoridad, ni siquiera religiosa, y están a merced de los Grupos Armados Organizados (GAO) que pretenden crear caos y terror en nuestras comunidades”, afirmó el Mayor General Ramírez, quien además explicó que esta ocupación militar será un trabajo integrado entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía.

“La tragedia humanitaria del Bajo Cauca no se resuelve con fuerza pública”, asegura Luis Fernando Suárez, secretario de gobierno de Antioquia. Luego del consejo de seguridad que hicieron el 3 de enero, cuando les presentaron el despliegue de fuerza pública en esa región, con más de cinco mil hombres del Grupo de Tarea Aquiles, “nosotros decimos: ¿por qué las estructuras criminales caminan a sus anchas por el territorio y hacen masacres y asesinatos? Algo no está funcionando. En la reunión con el presidente Duque se tomaron unas decisiones de tomar centros poblados como El Guáimaro, donde estas estructuras se pasean o hacen presencia. Entonces, ¿dónde están los cinco mil hombres haciendo presencia? La decisión que se tomó fue ocupar esos centros poblados”, agrega.

Frente al anuncio del comandante de la Séptima División del Ejército, Óscar Yesid Zapata, integrante del Proceso Social de Garantías, comenta que es preocupante que la única respuesta que encuentre la institucionalidad sea la militarización: “la respuesta del Estado nos parece equivocada porque realmente prioriza acciones militares, además, porque no existe una política pública en materia de desmantelamiento de estructuras paramilitares y no existen labores de inteligencia y contrainteligencia para desmantelar las estructuras que hace varios años vienen gobernando en el territorio. Se podría decir que simplemente van a cumplir una función de vigilancia”.

Pero, ¿qué significa esta región para los Grupos Armados Organizados? Según el Mayor General Ramírez, el Bajo Cauca es una zona de disputa para el control del narcotráfico por parte de grupos como Clan del Golfo, Caparros y disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc. Para la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac), no solo es la economía del narcotráfico la que tiene en disputa el territorio, sino que “siempre se ha dicho que este sector del Bajo Cauca es un corredor a diferentes zonas como el Magdalena Medio, el sur de Córdoba y otros, pero además de ser ese corredor, alrededor también hay unos intereses de multinacionales mineroenergéticas, como Mineros S.A.”

La siembra de cultivos ilícitos, el transporte de armas, la actividad minera y de narcotráfico han hecho que hoy se discuta si en realidad la violencia en el Bajo Cauca es solo porque representa un corredor estratégico que conecta con otras subregiones y departamentos o si, además, está relacionada con el valor y la importancia que tiene la tierra en esa subregión para actividades extractivistas como la minería. Para Mauricio Soto, investigador del Observatorio del Instituto Popular de Capacitación (IPC), es innegable que el Bajo Cauca es un corredor estratégico, pero apunta que “tenemos que comenzar a preguntarnos cuál es el valor del territorio para que sea tan disputado, cuáles son los intereses que hay en una de las subregiones con los índices de distribución de la tierra más bajos en el departamento, junto con Urabá”.

Según el informe Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia, elaborado por Soledad Betancur Betancur en 2019, Antioquia produce el 47% del oro que exporta Colombia por medio de dos grandes empresas productoras y exportadoras como la Gran Colombia Gold y Mineros S.A. Dichas empresas operan en ocho municipios del departamento: la primera, en Segovia y Remedios; y la segunda, en El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí, estos últimos en el Bajo Cauca.

En cuanto a los cultivos de uso ilícito, Tarazá es uno de los 10 municipios del país en los que se encuentra el 44% de la coca sembrada, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Además, este mismo informe señala que Antioquia pasó de tener 8.855 hectáreas de coca sembrada en 2016, a 13.403 en 2018. Un aumento del 51%, incremento que corresponde con las cifras entregadas por el programa Antioquia Libre de Coca, en donde las resiembras fueron superiores al 100%. Según este programa, Antioquia pasó de erradicar 7.154 hectáreas en 2017 a 17.983 hectáreas a septiembre de 2019.

Por otro lado, el departamento también cuenta con el Plan Nacional Integral de Sustitución, PNIS, del cual se han beneficiado 11.777 en los municipios de Anorí, Briceño, Cáceres, Ituango y Tarazá. En el caso de Cáceres y Tarazá, los dos municipios de la región del Bajo Cauca, en el primero hay 1.671 familias inscritas, y en el segundo 4.113.

Ser beneficiario del PNIS ha sido uno de las razones por las cuales se han cometido gran parte de los homicidios a líderes campesinos de la región. Mauricio Soto señala que, entre 2019 y enero de 2020 , van 28 líderes del Bajo Cauca asesinados, debido a su relación con el programa integral de sustitución. “Son personas que son presidentes de junta de acción comunal, que están inscritos en Asocbac, que llevan el proceso de liderazgo dentro de sus juntas y, por no pagar extorsión, terminan siendo asesinados. Preocupa mucho, por ejemplo, la masacre de El Gáimaro, en Tarazá, el 17 de enero, porque tenían el objetivo de ir por ellos. La forma como procedió el Clan del Golfo fue clara: iban por esas cinco personas, eran objetivo”, expresa Soto.

Al respecto, desde Asocbac comentan que además de los asesinatos y las extorsiones, el desplazamiento es otro de los factores que afectan a las familias que se encuentran en proceso de sustitución de cultivos. En el comunicado presentado por Asocbac el 21 de enero del 2020, el desplazamiento de algunas de las 60 familias correspondió a beneficiarios del PNIS.

“Eso obedece a una falta de gobernabilidad en un territorio donde se presenta abandono institucional porque no hay desarrollo en procesos agrícolas, no hay desarrollo en inversión social, en infraestructura, no hay control territorial por parte de las autoridades, sino que para todo hay que pedirles permiso a los grupos ilegales”, expresan en Asocbac.

Además, enfatizan que sí hay presencia del Estado en la región. Que, de hecho, hay cinco mil efectivos de la fuerza pública, pero “aquí el problema es que están pero que no están haciendo nada”, agrega.

A esos efectivos, ahora deben sumar la nueva presencia militar que estará en el área en que opera la Séptima División del Ejército. Por ahora, la cantidad de efectivos que irá a cada centro poblado “lo determinará la complejidad de cada punto”, así lo señaló el Mayor General Ramírez. Por otra parte, desde la institucionalidad se han negado a dar información con respecto a los centros poblados que serán militarizados, argumentando que “esa información hace parte de la estrategia y puede vulnerar la seguridad de la población”.

Luego de la masacre en El Guáimaro y los sucesivos asesinatos selectivos en Tarazá y en El Bagre, el Ejército anunció la militarización de 27 lugares del Bajo Cauca; 13 en el Magdalena Medio y Nordeste; 18 en el Valle de Aburrá, Norte, Oriente, Occidente; y 12 en la región del Urabá; además de diez puntos en el Chocó, que deberán estar cubiertos el 10 de febrero.