Para el Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo, Comandante de la Séptima División del Ejército, no es una acción reactiva el anuncio de ocupar 64 centros poblados en Antioquia, luego de la masacre en El Guáimaro, en Tarazá, y el subsiguiente desplazamiento de 27 familias en ese municipio.
“Para 2020 la misión es ocupar centros poblados que estaban sin autoridad y que aprovechaban los grupos armados para abastecerse y hacer reclutamiento forzado”, dice, y agrega que será común ver soldados en veredas y corregimientos del Bajo Cauca (27 corregimientos o caseríos), Nordeste y Magdalena Medio (13), Occidente y Suroeste (18) y Urabá (12), aunque no reveló los lugares por razones de seguridad.
Esta decisión se da días después de la visita del presidente Duque al Bajo Cauca y de las sucesivas noticias desplazamientos y reclutamientos forzados, así como de asesinatos selectivos en una región que produce la mayoría del oro del departamento y en donde se concentran los cultivos de coca. En entrevista con la Agencia de Prensa IPC, el Mayor General Ramírez habló del conflicto en el Bajo Cauca, los actores armados y las rentas ilegales.
IPC. ¿Por qué a pesar de la salida de las Farc del Bajo Cauca, en esta región se recrudeció el conflicto?
M.G.R. El Bajo Cauca es un área de interés criminal, porque es un área que tiene producción de rentas ilícitas: hay sembrados de coca, por lo tanto, se genera toda la cadena del narcotráfico como el semillero, la siembra, la recolección y el primer comercio que es la pasta de coca; a la vez, hay minería o extracción ilícita de yacimientos mineros. Esas dos rentas ilícitas les genera un interés, porque los grupos armados tienen que sostenerse y lo hacen con la ilegalidad.
Mientras en el Bajo Cauca haya sembrados de coca, donde el año pasado la fuerza pública erradicó más de diez mil hectáreas, ¡y todavía hay hectáreas de coca! Municipios donde no se ha erradicado, y todavía hay extracción de yacimientos mineros… Mientras eso esté, habrá violencia y confrontación con grupos armados. Eso no es coyuntural, eso es estructural. Si nos devolvemos más de 30 años, el Bajo Cauca siempre ha sido una zona de interés criminal. Primero lo fue para el EPL, luego para las AUC, luego fue de interés para las Farc, para los Rastrojos, los Paisas, el Bloque Minero, para bandidos como Macaco y Cuco Vanoy.
Hoy son otros grupos armados organizados, pero no es que sean otros, son los mismos, pero con diferentes nombres: Caparros o Caparrapos, Clan del Golfo o Gaitanistas, residual del 18 y del 36 de las Farc, y ELN. Y todos luchando por tener ese control. En la medida que no logremos romper esas rentas ilícitas y, por eso, el gobierno nacional tiene su proyecto de Zonas futuro, que busca sacar nuestra población civil y romper culturas de ilegalidad que están en el Bajo Cauca.
IPC. ¿Cuántas personas conforman los actores armados ilegales que están en el Bajo Cauca?
M.G.R. El ELN tiene alrededor de unos 80 hombres armados, no contamos la gente que los auxilia por voluntad u obligación; los Caparros o Caparrapos tienen unos 90 hombres; los Gaitanistas o Clan del Golfo tiene alrededor de unos 150 hombres; la estructura del frente 18 de las Farc, otros cien hombres; y el frente 36 de las Farc, unos 50 hombres. En total son 500 o 600 hombres, bandidos todos, que están en alianzas unos contra otros. Pero todo es por tener control del corredor de las rentas ilícitas que está entre Valdivia, Tarazá y Cáceres.
IPC Usted anunció que el Ejército y la Policía se ubicarán en 64 centros poblados de Antioquia, ¿no es reactivo tomar el control de estos puntos luego de lo que viene sucediendo en Tarazá?
M.G.R. No, porque todo hace parte de un proceso, de una estrategia que está focalizada desde el año pasado y que tiene unas etapas. La primera etapa no era quedarnos quietos, sino avanzar en profundidad para expulsar los bandidos del territorio, y romper el lazo que había entre la estructura armada y los que los podían auxiliar. Por eso, el año pasado la Séptima División del Ejército incrementó las operaciones militares en esas áreas, atendiendo las recomendaciones del Ejército, que generó el aumento de los combates. Y este segundo año, ocupar.
IPC. El río Nechí es un sitio complejo, por el control que distintos actores tienen entre Nechí y Zaragoza. Uno de los lugares más complejos es el corregimiento Puerto Claver, en El Bagre, en donde hay retenes y algunos pobladores no pueden cruzar…
M.G.R. Puerto Claver es de esos centros poblados que, entre comillas, llamamos sin Dios y sin ley. No hay una autoridad religiosa para que haya temor a Dios, pero tampoco hay una autoridad que imponga el orden. Por eso habrá Ejército y Policía en esos sitios, para proteger a nuestra población civil y quitarle esos puntos a los Grupos Armados Organizados.
IPC. ¿Hay un aproximado de hombres que ocuparán los centros poblados?
M.G.R. Cada punto tiene una complejidad. Vamos a hacer operaciones de control militar y policial y vamos a seguir haciendo operaciones en profundidad contra esas áreas bases que son transitorias o fijas de los grupos armados.
IPC. Ustedes han acompañado el proceso de erradicación forzada de cultivos ilícitos. Sin embargo, la resiembra fue superior al 100%, según datos de la última Gobernación de Antioquia. ¿Continuará con la nueva administración?
M.G.R. Siempre ha sido una línea de trabajo, hacer la erradicación de cultivos ilícitos. Hay que desestimular la siembra de cultivos ilícitos, y por eso vienen las Zonas Futuro para el Bajo Cauca y el sur de Córdoba.
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