‘¡No dejen que me maten!’: Luis Ernesto Olave

Este líder afro, uno de los representantes del Comité del Paro Cívico del Chocó, abandonó su departamento hace una semana luego de una seguidilla de amenazas. A pesar de que la CIDH le dictó medidas cautelares en 2016, su vida continúa en peligro.

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Luis Ernesto Olave, movilizándose en mototaxi en Quibdó, sin esquema de seguridad. Foto: Cortesía.

Un tuit de Luis Ernesto Olave fue como un grito: “¡No dejen que me maten!”. Al otro lado del teléfono dice que las amenazas que recibió en el último año son “crónica de una muerte anunciada.” Hace una semana este líder afro de Chocó tuvo que huir a Bogotá con su familia ante las amenazas del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

“La actividad [las amenazas] se ha acrecentado desde hace un año, con la manifestación del Paro Cívico y los incumplimientos de este nuevo gobierno y la problemática que hay en Bojayá. El territorio se ha llenado de paramilitares y del bloque occidental del ELN, que no hace parte de la estructura nacional. Esta gente está suelta y hacen lo que quieren”, dice.

Luis Ernesto es un politólogo de 45 años, un líder ambientalista que ha denunciado la minería en el Chocó y las afectaciones por el puerto de Tribugá y la vía al mar. “Me llaman, me amenazan, me dicen que me tienen en su lista. Y el ELN me manda correos, que el comandante Uriel se quiere reunir conmigo, que vaya a un territorio”, agrega. El correo es de diciembre de 2017. Como no asistió, “enviaron personalmente al cabecilla del frente urbano ELN en Quibdó para advertirme que tenía asuntos pendientes con el Comandante Uriel y que debía ir a la zona. Lo mismo ocurrió a principio de este año, que me llamaron el 9 de enero para darme el mismo mensaje.”

Las amenazas no son de ahora. Desde hace cuatro años, Luis Ernesto, asegura, ha hecho siete denuncias sobre las amenazas que ha recibido, “por situaciones que si se hubieran investigado, no estaría en el riesgo en que me encuentro ahora.” Sin embargo, “hace dos años la Fiscalía archivó mi caso porque no hubo investigación y ahora sí me buscan”. A raíz de sus gritos en redes sociales su caso tomó visibilidad.

Pero tampoco es la primera vez que sale del Chocó. En 2016 tuvo que salir del país. Fue el primero de noviembre de ese año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares, pues consideraban que su vida y la de su familia se encontraban en situación de riesgo, para ello se le solicitó al Estado colombiano que adoptara medidas para proteger su vida, para que pudiera desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos, sin embargo, más de tres años después, Luis Ernesto asegura que “me han puesto un esquema de seguridad, pero cuando voy a zonas de alto riesgo me quitan el esquema.” Este es uno de los chats con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo González.

Dijo la CIDH que Luis Ernesto presentó “numerosas denuncias contra integrantes de partidos políticos y grupos paramilitares por casos de corrupción y pagos ilegales, así como por adjudicación de curules a personas que no eran afrocolombianas,” y que de ahí vinieron las amenazas de muerte, seguimientos y un intento de asesinato desde el 2014.

La situación sigue siendo difícil. Para él, en el Chocó el Estado no pasa de Quibdó y son los actores armados ilegales quienes controlan el departamento. En Generación Paz escribió que denuncia “constantemente la forma en que este grupo [AGC] se financia poniendo en riesgo a las comunidades Afro e Indígenas del Choco. Y he denunciado y evidenciado en públicamente cómo las autoridades de Policía y Ejército no hacen nada al respecto. Por este motivo, he recibido varias amenazas por Twitter de cuentas falsas que las eliminan para no dejar rastro, las cuales he puesto en conocimiento de la Fiscalía de Colombia, quienes informan que no tienen cómo hacer seguimiento a estos mensajes.”

Lo más preocupante fue la amenaza del 27 de enero cuando lo llamaron y le dijeron que era un Petrista comunista y que estaba en lista para morir. Luis Ernesto ya había sido candidato al Senado y al Concejo de Bogotá en las pasadas elecciones. “Por todas esas denuncias que hago como activista y líder del territorio estoy en mitad de los dos bandos”, advierte.

Los liderazgos sociales continúan amenazados en el país, con más fuerza desde la firma del Acuerdo de Paz. Según Indepaz, en lo que va de 2020 fueron asesinados treinta líderes, uno de ellos en Nóvita, Chocó (Federico Peñalosa, líder campesino en la junta de acción comunal de Taimaná, asesinado el 15 de enero). Pero el contexto actual también es hostil para los ex guerrilleros de las Farc.  En este año ya fueron asesinados siete, uno de ellos en Quibdó.

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