‘Para avanzar en la sustitución de cultivos hay que legalizar la tierra’: Luis Fernando Suárez

En entrevista con la Agencia de Prensa IPC, el Secretario de Gobierno de Antioquia asegura que son amigos del Acuerdo de Paz. Explica cómo se debe abordar el problema de la coca en regiones como Bajo Cauca, la formalización de los pequeños mineros y el impulso a los Consejos Territoriales de Paz.

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Luis Fernando Suárez fue gerente del Hospital Mental de Antioquia y jefe de la Dirección de Seguridad Social de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Mientras funcionó el programa Antioquia libre de coca se erradicaron cerca de 40 mil hectáreas en el departamento, la misma cantidad que sustituyeron campesinos vinculados al Pnis en el país. Que hubiera una resiembra superior al 100% en el primero es uno de los factores por los cuales Luis Fernando Suárez, secretario de gobierno de Antioquia, asegura que se trataba de un programa sin una mirada integral sobre el problema de las drogas. Para solucionarlo, dice, hay que empezar con la formalización y titulación de la tierra.

En esta entrevista hace su balance de uno de los programas bandera del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, de la militarización de 64 centros poblados en Antioquia, la legalización de la tierra, la formalización de los pequeños mineros, la protección de los líderes sociales, el fortalecimiento de la Dirección de Derechos Humanos y la articulación con agencias y programas para implementar el Acuerdo de Paz.

IPC. ¿Cuál es el balance que hace del programa Antioquia libre de coca?

L.F.S. Lo primero es que encontramos una política pública aprobada en la Asamblea. No tenemos duda de la importancia de la erradicación y sustitución de los cultivos, pero si se hace de una manera integral. Creemos que, aunque la ordenanza da algunos instrumentos y herramientas, se queda corta en una mirada integral.

Hay una preocupación que tenemos y es que hay una oferta inmensa de agencias, organismos, ministerios del orden nacional que traen su oferta de proyectos al territorio y que no lo están haciendo de manera coordinada y articulada. Un ejemplo es el Pnis, que está en Antioquia, focalizado en el Bajo Cauca, pero el gobierno tiene dentro del Pnis una serie de actividades y estrategias de inversiones que, a nuestro juicio, no van a resolver el problema de fondo.

Un tema estructural, de vital importancia para avanzar en la sustitución de cultivos, es la legalización de la tierra. Si eso no se hace, estoy seguro que esa estrategia del gobierno nacional no va a dar las soluciones y respuestas a la comunidad beneficiada. De hecho, en las cifras que tenemos, el Gobierno nacional tenía un presupuesto para el Pnis cercano a los dos billones de pesos este año y solo tienen asegurados 700 mil millones de pesos. Eso quiere decir que desde este programa el Gobierno nacional posiblemente va a incumplir algunos de los compromisos y eso va a generar que, por lo menos, los cultivadores de coca salgan a la vía a hacer protestas y a hacer paros, porque no se está dando una respuesta integral.

Una de las cosas en las que hemos estado integrados es cómo fortalecer la coordinación entre las agencias y programas con la mirada que nosotros tenemos del departamento. Celebramos que el Bajo Cauca esté declarada como una Zona futuro dentro de los municipios Pdet de Antioquia. Pero le estamos diciendo al Comisionado de Paz que queremos coordinar esa oferta desde los recursos que tiene el Comisionado de paz, para que con el análisis del territorio definamos las respuestas articuladas: qué hará el Gobierno nacional, qué hará el departamento, cuáles son los proyectos que vamos a definir conjuntamente.

Y el otro tema que no funcionó bien con Antioquia libre de coca era que dentro del nivel de la Secretaría de Gobierno es un nivel director. ¿Un director tiene la capacidad de coordinar al secretario de minas, de medio ambiente, de agricultura, de salud? Creo que ahí falta en la jerarquía darle un mayor nivel al tema.

Claramente vamos a trabajar de manera integral de la mano con el Gobierno nacional para la sustitución de cultivos. Vamos a trabajar los temas de minería ancestral, pero vamos a combatir con toda la fuerza la minería ilegal, las rentas ilícitas de la minería, la cadena completa del narcotráfico, tiene que ser con toda la capacidad de la fuerza pública. Pero entrando después con un abordaje integral del territorio. A nosotros nos gusta el enfoque de seguridad humana que es el más retador, que obliga a que la presencia del aparato estatal esté en el territorio, fortaleciendo capacidades en los municipios y las personas.

IPC. Cuando dice que Antioquia libre de coca no se hizo de manera integral, ¿se refiere a la diferencia entre la erradicación y los otros puntos como construcción de vías y proyectos productivos?

L.F.S.  Cuando el objetivo central de la política es erradicar los cultivos en Antioquia, la pregunta que me hago es: ¿esto es un fin o un medio? ¿Qué no está funcionando? Por eso le doy tanta importancia a la titulación o legalización, porque si yo estoy sembrando coca en un terreno baldío, que no es mío, qué me puede pasar si me la encuentran. La tumban. Si no va primero la titulación, este proyecto va a fracasar. Ahora, le legalizo la tierra, lo acompaño con un proyecto productivo, le doy asistencia técnica, es muy importante el encadenamiento, cómo le aseguro a esa persona que le voy a comprar los productos.

Si aseguramos proyectos productivos en tierra propia, con acompañamiento, asistencia técnica y quién compre el producto, eso sí puede ser exitoso. Detrás de eso: mejoramiento de vivienda, educación para sus hijos, generación de ingresos. Si no se hace eso nos quedamos en la mitad del camino.

IPC. De acuerdo con ese balance, ¿ustedes seguirían con Antioquia libre de coca?

L.F.S. Ahí hay un tema desde el ámbito formal-legal y es que es ordenanza y yo la tengo que cumplir. Le he pedido a mi equipo: cómo cumplimos la ordenanza sin que el programa o el proyecto sea un fin sino un medio. Esa es una reflexión. Lo que pretendemos es que en la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia y el Plan de Derechos Humanos queden cubiertas las líneas de Antioquia libre de coca.

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IPC. Usted habla de una mirada integral, ¿cuál es la propuesta de la Gobernación de Antioquia?

L.F.S. En la mirada, hoy, del departamento, las grandes prioridades nuestras son el Bajo Cauca, Nordeste, Urabá y, por la concentración de población, el Área Metropolitana. Si uno mira las cinco líneas del Plan de desarrollo, Aníbal Gaviria dice que si no se avanza en la gran desigualdad social y territorial, esto no va a cambiar. En esa mirada: línea uno, todo lo que tiene que ver con educación, cultura, deporte, seguridad alimentaria, diversidad sexual; dos, la economía, cómo desarrollar proyectos productivos, la cuarta revolución ambiental, el tema minero, el tema agro; tres, nuestro planeta, cómo hacemos generación de energía sostenible; línea cuatro, nuestra vida, está todo lo que tiene que ver con paz, no violencia, reconciliación, derechos humanos. Ahí están expresados los Acuerdos de La Habana. Nosotros somos amigos de la paz, somos amigos de la reconciliación, este país tiene que dar el paso de pasar esa página de seguirnos asesinando; cuatro, el respeto por la vida. Un departamento con tasas de homicidio de 30, 32, 34 por cien mil habitantes, está muy lejos de ese anhelo del respeto por la vida; y cinco, nuestra gobernanza, la transparencia, la eficiencia en el manejo de los recursos públicos y el ataque a la corrupción.

Si logramos con esas líneas una mirada integral del territorio, creemos que el tema debe cambiar. Hoy, la tragedia humanitaria del Bajo Cauca no se resuelve exclusivamente con fuerza pública. Si logramos un abordaje integral, creemos que esa situación del Bajo Cauca tiene que cambiar.

IPC. Sin embargo, el comandante de la Séptima División del Ejército, el Mayor General Ramírez, anunció que ocuparán 64 centros poblados del departamento…

L.F.S. Hay una reflexión que nosotros hacemos sobre el tema del Bajo Cauca. Cuando hicimos el consejo de seguridad el tres de enero, nos presentan todo el despliegue con la fuerza pública que hay allá, y nos hablan de más de cinco mil hombres con el grupo de tarea Aquiles, y nosotros decimos: “¿Y entonces por qué las estructuras criminales caminan a sus anchas por el territorio y hacen masacres?” Algo no está funcionando. En la reunión que hubo con el presidente de la república se tomaron unas decisiones orientadas a ocupar los centros poblados como El Guáimaro, donde las estructuras criminales se pasean como Pedro por su casa o hacen presencia en esos sitios, a su libre albedrío, ¿entonces dónde están los cinco mil hombres haciendo presencia? La decisión que se tomó fue ocupar esos centros poblados y hacer presencia territorial y, ojalá, avanzar en la captura de estos criminales.

IPC. ¿Cómo avanzarían en la legalización de la tierra?

L.F.S. Está claramente establecido en los Acuerdos. Hay que instar al Gobierno nacional, a través de los entes competentes, para que realmente hagamos un trabajo.

IPC. ¿Cuál es el plan para proteger a los líderes sociales y ex combatientes?

L.F.S. Antioquia tiene preocupaciones. Está en el programa de gobierno un programa especial que se llama Protectorado de líderes sociales. Para nosotros es muy complejo el último asesinato de un exintegrante de las Farc. Tenemos una política pública bien formulada. Encontramos una Dirección de Derechos Humanos muy frágil para este departamento. De manera obsesiva y clara es un tema que vamos a fortalecer, un equipo técnico, ojalá, con presencia en el territorio, unos gestores que estén generando diálogo social, que estén activos.

Creemos que hay mucho actor y algunos no hacen lo que deben hacer. A la UNP le hace falta fortalecer su capacidad. Es un tema al que le vamos a dar mucha importancia con la base del respeto por la vida.

IPC. ¿Por qué habla de una Dirección de Derechos humanos frágil?

L.F.S. Porque en la planta de cargos de la Secretaría de Gobierno hay cuatro personas. Y tenemos que recurrir a un convenio con un tercero para tener un equipo técnico que responda a un tema de fundamental importancia para nosotros.

Además, existió el Sistema de información para la seguridad y la convivencia. Hoy no existe y queremos apuntarle a un observatorio de derechos humanos en Antioquia. El reto que nos pusimos es que en tres meses tengamos un primer abordaje, pero le vamos a apuntar a tener un observatorio de derechos humanos.

IPC. Y con relación a la minería, cómo se avanzaría en la formalización de esos mineros

L.F.S. El abordaje tiene que ser integral. A la minería ilegal hay que atacarla con toda la fuerza. Eso no es tan fácil, pero hay que hacerlo. Nosotros somos de la línea de que al minero ancestral hay que acompañarlo y formalizarlo. Hoy la tarea del Secretario de Minas es definir la ruta para la legalización y acompañamiento de los mineros ancestrales y pequeños. Es formalización, medios de vida legales. A mí no me queda duda de que eso implica un gran despliegue del gobierno departamental.

IPC. ¿Esta Gobernación impulsará el Consejo Departamental de Paz e impulsará los municipales?

L.F.S. Es uno de los temas que conversamos con Miguel Ceballos. Creemos que es una herramienta importante de conversación, diálogo y punto de encuentro. Una de las reflexiones que viene haciendo Aníbal Gaviria es cómo en la diferencia nos unimos, cómo acabamos con tanta polarización.

Se presentó un proyecto de ordenanza para crearlo. La Asamblea le hace un cambio y saca a los exintegrantes de las Farc del Consejo. El gobernador objetó la ordenanza. Hoy eso está en un limbo en la Asamblea, que tiene que darle un trámite y, posiblemente, lo hundan. Lo volvemos a presentar. Hago una reflexión de tipo práctico: ¿necesito ordenanza de la Asamblea para crearlo y ponerlo a rodar? Yo creo que no. Es la decisión política del gobernante de crear los mecanismos e instancias de conversación. Creemos en ese mecanismo y creemos que es una ruta que vamos a estimular desde las alcaldías y la Gobernación.

IPC. ¿Por qué celebra que Bajo Cauca sea una Zona Futuro?

L.F.S. Eso indica que el gobierno nacional tiene una estrategia para acelerar la implementación de los Pdet. Yo participé en la formulación del Pdet en Urabá. Una preocupación es cómo hacer que tengan recursos y asegurar que todas esas iniciativas aseguren los recursos. Zonas futuro es un mecanismo para, y me parece que eso está bien, porque de manera clara el Gobierno nacional identifica al Bajo Cauca y el sur de Córdoba como Zonas futuro eso asegura recursos para poder sacar adelante las iniciativas de los proyectos.

IPC. ¿No cree que es una sustitución del Pdet la creación de las Zona futuro?

L.F.S. Yo lo veo como un mecanismo para acelerar y así lo dice de manera categórica el consejero Ceballos: las Zonas futuro son un mecanismo para implementar los Pdet.

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