Foto tomada de: Transición en la Montaña.

“El problema ya es la vida, ya hay otra condición de por medio y primero es salvar la vida. Dijimos que en Ituango el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. El Ejército dice que garantiza esa seguridad al interior de los ETCR, pero, hay que decirlo, los muertos no han sucedido al interior, han sucedido en el transcurso del ETCR”, expresó Jesús Mario Arenas, responsable del partido Farc en el Área Metropolitana, líder del partido en Antioquia y quien estuvo presente en la Asamblea que realizó el partido el pasado 31 de enero en Medellín.

La falta de seguridad en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) sigue siendo uno de los temas que más preocupa a los excombatientes que hoy ocupan los cuatro espacios oficiales que hay en Antioquia y los siete Nuevos Puntos de Reincorporación (NPR) que se han creado en el departamento.

En lo que va la implementación del Acuerdo de paz, son 12 los excombatientes asesinados solamente en Ituango. Según el informe de la Misión de Verificación de la ONU, publicado el 26 de diciembre de 2019, ese año cerró con una cifra de 77 excombatientes asesinados, el año más violento y con la cifra más alta de homicidios desde la implementación del Acuerdo, frente a los 65 y 31 de 2018 y 2017.

Para Gustavo López, alias “Agustín”, líder del ETCR de Santa Lucía, a pesar de la presencia del Ejército y la Policía en los dos anillos de seguridad que hay en el espacio, la violencia persiste en la zona y en todo el municipio de Ituango: “es que seguridad no hay. Han asesinado compañeros, otros han tenido que salir del territorio y eso está pasando en todo el país, pero acá sí se ha sentido más esa situación”. A la fecha, son 12 los excombatientes asesinados en cercanías del espacio y 178 a nivel nacional desde la implementación del Acuerdo de paz.

Según la Alerta temprana N°4 del 24 de enero del 2020, en los municipios de Ituango y Briceño hay “una dinámica de conflicto armado en la que el riesgo para la población civil […] se ha exacerbado”. Este documento emitido por la Defensoría del Pueblo afirma que, aunque las cifras de homicidio disminuyeron entre 2018 y 2019, “la dinámica de expansión, confrontación interna entre estructuras armadas y las disputas entre diferentes grupos armados ilegales por lograr el control territorial y social en ambos municipios, conforma un escenario de riesgo mucho más complejo”.

Garantías de seguridad para los ex guerrilleros

Para Andrés Stapper, director de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), se está trabajando con el Ejército y la Policía para fortalecer programas especiales que ayuden a tener las garantías sobre seguridad y prevención en la población excombatiente. “En razón de los diferentes mecanismos de seguridad que se definieron en el acuerdo, se han fortalecido todos los componentes de seguridad, los componentes de judicialización, los temas de esquemas de protección colectiva e individuales y todo lo que tiene que ver con los temas de prevención de violencia contra la población”, cuenta Stapper.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación emitió el 3 de febrero de 2020 la Directiva N°001 en la cual recomienda al Ministerio de Defensa Nacional, a la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación y a la ARN que adopten estrategias de seguridad que permitan la protección y el control de riesgo de los excombatientes, así como fortalecer las estrategias de seguridad. 

Y es que luego del asesinato de César Darío Herrera Gómez, excombatiente de las Farc, en el corregimiento Bajo Inglés del municipio de Ituango, alrededor de 62 personas y 45 familias se desplazarían del ETCR de Santa Lucía debido a la falta de garantías de seguridad en las que se encuentran.

En la Asamblea que realizaron el pasado 31 de enero líderes del partido Farc y habitantes del ETCR de Ituango, los excombatientes informaron que necesitan un plazo de dos meses para desarrollar una ruta de salida que les permita continuar el proceso de reincorporación con todas las garantías de bienestar y seguridad.

“Nosotros no vamos a hacer nada de lo que viene sucediendo: un desgrane de gente que se viene individualmente. Queremos es que se visibilice el problema, que se saque a toda una comunidad y que el Estado tome algunas medidas reales, porque es que nosotros no pasamos de comunicados y ya eso es muy complejo”, afirma Jesús Mario Arenas.

Al respecto, Andrés Stapper expresa que están dispuestos a garantizar todas las condiciones de seguridad que sean necesarias para que el traslado de los excombatientes se haga de manera efectiva: “en la reunión previa que tuvimos con Pastor Alape acordamos hacer un tema de verificación de predios de la sociedad de activos especiales, predios que ya se pusieron a disposición de estas cooperativas y vamos a ir con parte del equipo productivo y de transformación de cada uno de estos territorios”.

Pero a pesar de todo esto, Jesús Mario Arenas dice que es la falta de voluntad política la que ha causado estos desaciertos en la implementación del Acuerdo de paz: “Eso es una cosa de voluntad política y de ejercer el control en el territorio, eso es estrategia de alto nivel. Ese corredor de Ituango es un territorio en disputa, hay narcotráfico, hay minería, está el interés de Hidroituango, entonces se conjugan varias cosas. Por eso habría que preguntarle a la estrategia militar cómo ven eso”.

Actualmente en este corredor que menciona Jesús Mario, se encuentran grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Caparrapos o Caparros y disidencias de los bloques 18 y 36 de las Farc que operaron durante muchos años en la zona. Para el líder del partido Farc, uno de los grandes desaciertos que se ha tenido en la implementación del Acuerdo de paz es que el Estado no ocupó efectiva y rápidamente los espacios dejados por la antigua guerrilla. 

Por eso, al hablar sobre una posible militarización en la zona, Arenas afirma que ya “son medidas tardías. Nosotros pedimos eso desde diciembre, pero tiene que ocurrir otro hecho para que haya respuesta institucional. Y la gente quiere una salida diferente porque lo real es que en el territorio no hay control y eso lo demuestra el último asesinato. Al muchacho lo matan a 400 metros de una patrulla del Ejército y no se hizo nada”.

Y no solo se trata del tema de seguridad en cuanto a la preservación de la vida. El desplazamiento de estas 62 personas involucra también la posible movilidad de los dos proyectos productivos que a la fecha han sido aprobados en el ETCR de Santa Lucía: el primero, un proyecto de fibra óptica, con un costo de 192 millones, que se está desarrollando desde la cabecera municipal; y el segundo, un proyecto de ganadería que cuenta con 91 cabezas de ganado y un costo de mil millones de pesos. 

Frente a eso, “Agustín” afirma que por el momento hay 20 excombatientes que piensan quedarse en el territorio pero que, de ser efectivo el desplazamiento y asentamiento en otro territorio del departamento, la solución más viable sería vender el ganado y comenzar nuevamente, algo que retrasaría significativamente la labor que ya se viene desarrollando en Ituango.

Un plan para trasladarlos

El jueves 6 de febrero se realizó un encuentro entre la ARN, la Misión de Verificación de la ONU, la Policía, el Ejército, la alcaldía de Ituango y los líderes de las Farc en ese municipio, con el fin de concretar un traslado efectivo de los excombatientes del ETCR de Santa Lucía. El encuentro dejó como resultado un plan de trabajo a corto tiempo que garantice el traslado efectivo y seguro, tanto de los excombatientes como de los proyectos productivos que allí se venían desarrollando.

“Llegamos a tres compromisos fundamentales: primero, identificar unos predios para saber a dónde podemos organizar este traslado; segundo, un censo de los proyectos productivos y ver las ocupaciones que se están realizando para ver qué va a pasar con esos proyectos desembolsados; y tercero, establecer un censo de las personas que se quieren quedar y de las que se quieren trasladar para tener un cronograma específico de cuáles son las actividades que se van a hacer”, afirmó Andrés Stapper luego de la reunión.

A pesar de que los excombatientes anunciaron un tiempo estimado de dos meses para desplazarse del ETCR, Stapper afirma que todo depende de lo que defina en los cronogramas de trabajo, en la información que suministren los excombatientes y en la gestión de las tierras. 

Para “Agustín” y Jesús Mario, la solución frente a esta falta de garantías de seguridad es sí o sí desplazarse de Ituango y buscar tierras en otra parte del departamento de Antioquia, ellos plantean unos terrenos en el Oriente y el Suroeste antioqueños, que les permita continuar con su proceso de reincorporación. “Solo pedimos que se garantice la estabilidad donde quiera que uno esté –dice “Agustín”- y con el acompañamiento más que todo de organizaciones sociales y campesinas, para que entre todos se haga el esfuerzo por protegernos, porque no vemos otra forma”. 

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