Los nueve campesinos de la vereda Guacamayas, de Turbo y Mutatá, regresarán con sus familias y saldrán de la cárcel. Desde allí podrán continuar el proceso. De acuerdo con uno de los abogados defensores, le plantearon al Juzgado que los reclamantes no eran un peligro para las supuestas víctimas, además, que no van a atentar contra la prueba reina de la Fiscalía, que se trata de un video que ya circuló por redes y medios de comunicación; sumado a esto, algunos son adultos mayores como Saulo David Úsuga, Edilberto Úsuga y Rosember Ibañez, quienes tienen problemas de salud; además, porque se evidenció que varios de ellos tenían hijos a cargo menores de edad, como la pareja Sandra Medrano y Omar Quintana.
La medida de casa por cárcel se hará efectiva en los próximos días y cobijará a los reclamantes Saulo David Úsuga, Víctor Manuel Correa, Rosember Ibañez, Fredy Correa, Tito David Gómez, Omar Quintana, Sandra Medrano, Julio César Correa y Edilberto Úsuga.
Para Wilson David, hijo de Saulo David, “nos sentimos bien con esta noticia, que ha sido un logro que han tenido las personas que están inocentes en la cárcel, aunque lo que queremos es demostrar su inocencia”. Desde 2014, Wilson David hizo denuncias en la Fiscalía sobre las amenazas y atentados contra sus vidas por parte de quienes hoy son los denunciantes. “Hay impunidad para nosotros los pobres y las víctimas, porque nosotros denunciamos y no nos prestan atención. No sé qué pasa en Urabá, si es que la plata es la que manda, no pasa nada con todas las denuncias, ni siquiera caminan los procesos de restitución. Ahora último no nos han podido matar, por eso están metiendo la plata los empresarios. Después de víctimas ya somos victimarios”, agrega.
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Por su parte, Teresa del Carmen Causil, esposa de Víctor Manuel Correa, dice que “queríamos que les dieran la libertad del todo. Algo es algo. Ya siquiera le dieron casa por cárcel. Hay que seguir esperando a ver qué pasa”. Teresa lleva más de 25 años con su esposo, con quien retornó a la vereda Guacamayas en 2011. Dice que le preparará un sancocho de gallina y un arroz con coco, lo que más le gusta, cuando regrese a su casa.
La defensa de los reclamantes de tierras la asumieron la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC). Para uno de los abogados, “ya podemos concentrarnos en el juicio, en recolectar las pruebas para el proceso. Lo que sigue es competencia de los jueces especializados de Antioquia.”
De este caso es llamativa la captura de Rosember Ibañez, el único de los reclamantes a quien le fue restituida su tierra gracias a una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 10 de diciembre de 2018. Además, los campesinos de Guacamayas ya habían sido cobijados por el Auto 00181 del Juez de Restitución de Tierras de Quibdó, el 12 de diciembre de 2014, pues habían retornado sin acompañamiento institucional, a la espera de que la justicia les devolviera sus tierras.
Urabá, la tierra en disputa
Desde 2008, en el Urabá fueron asesinados 25 reclamantes de tierras, en una región donde han sido conocidos los atentados contra los campesinos que la recuperan por orden judicial. A diferencia de otras zonas del departamento en donde se avanza en la restitución, pues hay condiciones de seguridad favorables para hacerlo, el de Urabá es un caso complejo, pues allí están presentes las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes, de acuerdo con varios campesinos de Apartadó, tomaron las zonas que dejaron las Farc.
Para Eliana Jaramillo, directora regional de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Antioquia, “hay que garantizar que los territorios estén con condiciones de seguridad para tener esa garantía de no repetición, porque si llegan a territorios seguros podrán quedarse allí y no volver a sufrir un caso victimizante”. Sin embargo, Jaramillo es consciente de las dificultades para restituir en Urabá, una región donde ya fue jueza, pues cree que “hay otros factores de inseguridad. Y si no hay condiciones de seguridad es muy difícil”.
La Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) elaboraron dos informes que fueron entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2018y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en 2019. En el primero, “Van por nuestras tierras a sangre y fuego”, se refieren a cuatro fases del despojo de tierras en el Urabá antioqueño: el desplazamiento forzado entre 1995 y 1997, cuando fueron expulsadas de sus tierras más de 168 mil personas en Urabá y Bajo Atrato; la segunda fue “la limpieza de los territorios”, en donde terminaron de expulsar a los campesinos, entre 1998 y 2002, cuando se relacionaron la Brigada XVII del Ejército, comandada por Rito Alejo del Río, y los bloques Élmer Cárdenas y Arlex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por Hébert Veloza, Raúl Emilio Hasbún y Fredy Rendón Herrera; la tercera fue la “consolidación empresarial” de las tierras que luego fueron legalizadas gracias a redes falsas de testigos y opositores; la última, entre 2006 y la actualidad, cuando grupos herederos de los paramilitares, como las AGC, toman el control de la zona.
El segundo informe, “Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá”, se refiere al uso de la violencia por parte del Estado, las Convivir y el paramilitarismo para desplazar a los campesinos, apoderarse de la tierra y luego implementar un modelo agroexportador e inmobiliario, denominado “acumulación por desposesión”.
En medio de ese contexto, los nueve reclamantes de tierras regresarán con sus familias y esperan demostrar su inocencia, que no son victimarios, como los acusan hoy, sino víctimas de desplazamiento forzado, del despojo de sus tierras y de un conflicto que parece no tener fin en el Urabá.
