A los Embera y Senú les siguen reclutando sus jóvenes

En Urabá y Bajo Cauca, las AGC, Caparros y guerrillas continúan vinculando menores de edad a sus grupos. Las cifras oficiales se quedan cortas ante el subregistro que organizaciones como el IPC han hecho con habitantes de estas regiones.

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Mural del Parque Educativo de Tarazá. Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

La guerra aparece en las mangas vacías, escribió el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, al recordar la Segunda Guerra Mundial y las personas que perdieron un brazo, una pierna. Aunque también advirtió: “Quien quiera saber qué precio hay que pagar para ganar una guerra como la nuestra, que se dé una vuelta por nuestros cementerios”.

Luis Javier camina en muletas, solo tiene una pierna. Una de las mangas de su pantalón se mueve como veleta con el viento. Está cerca de los cuarenta y ahora esculpe figuras en mármol. Dice que sus armas son el destornillador y el martillo, pero hace más de una década lo suyo era el fusil y el camuflado, hasta que pisó una mina en los límites entre Antioquia y Caldas. Salió de la guerra, se desmovilizó con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), se enamoró y tuvo un hijo. Al verlo crecer, supo que no quería que su pequeño viera las armas, que no le tocara lo que a él: siendo menor de edad, ese grupo paramilitar lo reclutó.

No fue lo mismo que le sucedió a Carlos, un muchacho arriero y asmático que sirvió de guía a las ACMM en Puerto Triunfo, San Francisco y Sonsón, en Antioquia. Era menor de edad cuando ya lo utilizaba el grupo, era menor de edad cuando lo sorprendieron robando en la autopista Medellín-Bogotá, era menor de edad cuando el jefe paramilitar de la zona ordenó su muerte. Le dispararon al lado del río Magdalena y luego arrojaron su cuerpo a las aguas. Su familia aún lo reza y lo llora. Sobre todo, lo espera.

Tampoco fue igual lo que le sucedió a Dorbey, un muchacho de Urabá que estuvo diez años en las Farc. Cuando los enfrentamientos entre las AUC, Ejército y Farc se incrementaron en San José de Apartadó, cuando su familia salió desplazada de la vereda, cuando ya no había un empleo, cuando ya se vio encerrado, enojado y desprotegido, se fue para la guerrilla. Con el Acuerdo de paz dejó la guerra y se enamoró de nuevo y empezó a estudiar: aprendió a escribir, aprendió a leer. Era menor de edad cuando se fue para el monte.

Ahora no son niños. Si los que murieron estuvieran vivos, tampoco serían niños. En el informe Una guerra sin edad, se habla de 16.879 menores de edad reclutados o utilizados por los actores armados en las últimas cinco décadas en Colombia. Mientras que en el informe “¡Alto a la guerra contra la niñez!” de la organización Save the Children, se refieren a 400.000 menores reclutados o utilizados para la guerra entre 1985 y 2018.

Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas dice que han asistido a “8.090 niños, niñas y adolescentes víctimas de vinculación a grupos armados ilegales en el territorio, de los cuales hemos indemnizado cerca del 40 % con una inversión superior a 56.000 millones de pesos”. El 55% de los casos ocurrieron entre 2000 y 2012, mientras que desde ese año hasta 2019, según cifras oficiales, hubo una reducción del 83% de las víctimas.

A pesar que desde 2002 entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en los que se prohíbe reclutar o utilizar a menores de 18 años, esta práctica continúa en el país. El 12 de febrero es el Día de las manos rojas, en contra del reclutamiento y la utilización de menores de edad para la guerra en el mundo.

Incluso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 007, sobre reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado, el cual estudiará hechos ocurridos entre el 1° de enero de 1971 y el 1° de diciembre de 2016.

“De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta entidad ha abierto 4.219 investigaciones sobre estos hechos. De estas, 1.291 se encuentran activas, 1.001 inactivas y 1.927 no registran estado. La totalidad de estos casos corresponden a conductas cometidas presuntamente por miembros de las Farc-EP y arrojan un total de 5.252 víctimas y 5.043 procesados. Este fenómeno cuenta con un elevado nivel de impunidad en el país con apenas diez sentencias condenatorias en la justicia ordinaria”, según la JEP.

Los embera en Urabá

Al hablar de lo que sucede en Antioquia, varios indígenas coinciden en que la guerra no los abandona, en que esta continúa y enumeran varios hechos que los embera en Urabá y Occidente o los zenú en Bajo Cauca están viviendo. Que las Farc hayan abandonado las montañas no significó una disminución del conflicto, pues fueron ocupadas por otros actores armados a los que denominan “de izquierda” o “de derecha”.

Ellos piden ocultar sus nombres, pero nombran que en el triángulo que conforma los municipios Dabeiba, Frontino y Murindó, “hay más de 70 indígenas al lado de la izquierda y más de 50 al lado derecho”, refiriéndose a las guerrillas y a los grupos paramilitares, además, “con el Ejército hay más de 70 emberas pagando servicio militar, que es otro actor que está llevando de manera forzada”.

Sin embargo, llama la atención que finalizando 2019 conocieron el caso de varias familias que habían sido reclutadas de manera forzosa en esos municipios del Urabá y Occidente de Antioquia. Se refieren a seis familias, con menores de edad y mayores de edad.

Solo en Frontino hay 6.500 indígenas embera. Relatan que parte de la estrategia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o de las guerrillas, es que están entregando celulares a los jóvenes para que estos sirvan de informantes, en algunos casos de forma amenazante.

“La gente tiene mucho temor y mucho más en este momento. Por otro lado, con la conversada de algunos líderes hace dos semanas se evidenció una situación manifiesta psicológica muy brava porque a raíz de cualquier comentario, la gente está empezando a salir y es una sensación de que todo mundo amenaza a unos y otros, es una situación muy compleja”, dice una líder.

Lo mismo denuncian habitantes del corregimiento de San José de Apartadó, preocupados por el reclutamiento y vinculación de jóvenes a las AGC, quienes denuncian que ya los están internando para entrenarlos, lo cual preocupa porque, además de la estigmatización que ha tenido este corregimiento, hay una alerta de que la guerra se recrudezca.  Así mismo les preocupa los desplazamientos y asesinatos que puedan ocurrir por proteger a sus hijos.

Los senú en Bajo Cauca

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Victimas, entre 2016 y 2019 se registraron 49 casos relativos a la vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades de los grupos armados en Antioquia.


Fuente: Unidad de Víctimas

Sin embargo, la realidad parece distinta de lo que señalan las cifras oficiales. En el Informe anual de Derechos Humanos el Instituto Popular de Capacitación, con base en los testimonios de pobladores del Bajo Cauca, identificó unos 30 casos de reclutamiento de menores de edad del pueblo indígena senú en Cáceres, cuya responsabilidad corresponde a las AGC y los Caparrapos o Caparros, mientras que en Tarazá registraron alrededor de 40 casos.

Agrega el informe que “en El Bagre, la Asociación de Víctimas Agroambiental de Puerto Claver (ASOVIAM-CLA) registró una serie de hechos violentos contra niños, niñas y adolescentes, entre es-tos, amenazas contra 10 niñas quienes tuvieron que abandonar su lugar de residencia (Puerto Claver) porque se negaron a hacer parte de grupos al margen de la ley que operan en el territorio”, además de que entre el 25 y 30 de agosto del año pasado, asesinaron a dos menores que se resistieron al reclutamiento.

El testimonio de un padre que se desplazó con su familia desde agosto muestra parte de la situación: “Fueron varios los motivos para que tuviera que irme de mi comunidad. Primero, porque los grupos al margen de la ley me reclutaron una hija menor de edad, de 14 años. Ella fue reclutada el 7 de mayo por grupos al margen de la ley. Salió para clase y no volvió. Fue reclutada forzadamente. Para nadie es un secreto que actualmente en el Bajo Cauca hay dos grupos disputándose su dominio: Caparrapos y Clan del Golfo o AGC.” Este hombre señala que “los Caparrapos, dieron a entender que habían sido quienes habían reclutado a mi hija. Por lo que tuve que quedarme callado y dejar las cosas así.”

Esta persona no denunció, “hubiera sido entregar mi hija a la muerte porque ese grupo tomaría represarías contra ella y luego contra mí. Me quedé en silencio”, dijo.

Entre 2018 y 2019, la Defensoría del pueblo emitió 63 alertas tempranas relacionadas con el reclutamiento y utilización de menores de edad en Antioquia, Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Córdoba, Casanare y Putumayo. Una realidad que no ha desaparecido en la confrontación armada del país.

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