Acciones del Esmad durante disturbios abre discusión sobre políticas de seguridad en Medellín

Los concejales Daniel Duque y Dora Saldarriaga cuestionaron las acciones cometidas por el Esmad durante la marcha del 21 de enero y mostraron su preocupación frente a las medidas de seguridad con las que el alcalde Daniel Quintero pretende gobernar durante el periodo 2020-2024.

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Debate de control público en el Concejo de Medellín. Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

En el debate citado por Daniel Duque y Dora Saldarriaga el pasado 11 de enero, los concejales presentaron un balance y unas conclusiones de por qué el Esmad no habría actuado de manera legítima y según los protocolos de seguridad. Allí estuvieron presentes José Gerardo Acevedo, secretario de seguridad de Medellín; el general Eliecer Camacho Jiménez; Alexandra Viviescas, delegada de la Personería municipal; concejales de la ciudad y organizaciones y plataformas de derechos humanos, quienes dieron su balance de lo ocurrido aquel 21 de enero.

Para la delegada de la Personería, Alexandra Viviescas, desde su dependencia “se realizó acompañamiento permanente en territorio, procurando la protección a la vida, integridad personal y la libertad de expresión, tratando de establecer contacto con los actores involucrados en la protesta social”. Y que así mismo, se verificaron los protocolos de seguridad y procedimiento por parte del Esmad y su presencia permanente durante la manifestación.

A pesar de que, según Viviescas, se realizaron esos protocolos de verificación basados en los protocolos internacionales, la funcionaria manifestó que “por parte de algunos agentes del Esmad se hizo caso omiso a nuestras recomendaciones” y las acciones represivas comenzaron cuando unos manifestantes lanzaron varios insultos y palabras ofensivas a agentes del Esmad, que inmediatamente reaccionaron con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras contra los asistentes.

Es por eso por lo que Duque y Saldarriaga llegaron a la conclusión de que las fuerzas militares, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y la Procuraduría, no tienen claro cuáles son esos protocolos y procedimientos que deben seguir los agentes del Esmad cuando en las manifestaciones se presentan disturbios.

Para Duque, “se debería discutir ese protocolo y nos deberían explicar cuáles son los pasos para, finalmente, hacer uso de la fuerza legítima del Estado. En el derecho de petición que le hicimos a la Secretaría de Seguridad se remitieron a la resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, que establece unos pasos muy claros”.

Esta resolución plantea adoptar un protocolo “para la coordinación para las acciones de respeto y garantía de la protesta pacífica”. En este protocolo se priorizan cuatro enfoques: de derechos, preventivo, diferencial, pro mujer y de respeto. Así mismo, se establecen tres instancias de coordinación que deben actuar antes, durante y después de la protesta: Mesa de seguimiento al respeto y garantías de la protesta pacífica y de los derechos de quienes no participan en ella; Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención de escenarios donde se llevan a cabo acciones asociadas a la protesta pacífica; y Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil.

Con toda esta metodología, Daniel Duque presentó cuatro puntos en los que demostraba que el protocolo allí establecido no se surtió durante la manifestación. “Primero, no es clara la atención a los lesionados; segundo el enfoque de género está ausente; tercero, hay incumplimiento del protocolo por parte del Esmad; y cuarto, debemos apostarle a un ejercicio de corresponsabilidad”, expresó Duque.

En aquella marcha convocada por la ciudadanía como continuidad del Paro Nacional, que había comenzado el 21 de noviembre de 2019, quedaron lesionadas cuatro personas civiles y dos agentes del Esmad, además hubo cuatro capturas y 48 traslados al Centro de Traslado por Protección (CTP). La marcha que había comenzado de forma pacífica en diferentes puntos de la ciudad (Parque de los Deseos y Calle 44 con Carrera 65), terminó con disturbios e intervención violenta del Esmad en el barrio Poblado y el sector Ciudad del Río.

Para el secretario de seguridad, José Gerardo Acevedo, las fuerzas militares y el Esmad tienen muy claro cuáles son los pasos y momentos en los cuales se debe comenzar a emplear la fuerza represiva contra los ciudadanos que generen disturbios durante las manifestaciones. Según Acevedo, uno de los compromisos que adquieren los organizadores de la marcha, es cooperar y conciliar cuando se presenten anomalías dentro del recorrido; si esto no funciona, Procuraduría y Defensoría del pueblo entran en un proceso de conciliación y control.

“Cuando no es posible conciliar, aparece la fuerza pública, inicialmente, a vigilar. Con el Esmad es algo similar: primero es la sola presencia del uniformado, después viene una conjugación de gases químicos y granadas de aturdimiento, y, finalmente, el tema de utilización de tanquetas”, expresó el Secretario durante el debate público, quien además añadió que la intención del Esmad no es generar daños a las personas, que se trata de hacer el menor daño posible y que “y si un policía se excede en el uso de sus facultades y sus fuerzas, igual va a ser investigado”.

Durante el debate de control político, estuvieron presentes organizaciones y defensoras de los Derechos Humanos, como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Corporación Jurídica Libertad, quienes hicieron un llamado durante el debate para que se garanticen las condiciones a la protesta social y se busquen salidas democráticas a las conflictividades que durante estas se puedan presentar.

Por parte del nodo de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, se presentaron cuatro puntos de conclusión y exigencias que permitan garantizar la protesta social: “primero, la necesidad del desmonte del Esmad; segundo, regular la actuación de la Policía Nacional; tercero, no más tratamiento militar ni de guerra a la protesta social; cuarto, exigirle a las autoridades civiles que bajo ninguna circunstancia se emplee al Ejército Nacional en casos de protesta social como lo pretende a veces el gobierno con las unidades militares que creó el año pasado”, afirmó la delegada de esta organización.

Presencia militar en la ciudad: la salida de Quintero

A la discusión sobre los hechos ocurridos el 21 de enero, se suman los últimos pronunciamientos del alcalde Daniel Quintero en relación con la intervención militar en las universidades públicas como medida de “reacción contra explosivos” dentro de las instituciones educativas.

“Es mi deber constitucional velar por la seguridad de todas y todos los ciudadanos y por eso he decidido que, ante el uso de explosivos al interior de recintos universitarios, superada toda posibilidad de acuerdo y previa orden de evacuación, que permita la salida de las personas que no estén involucradas, procederé a autorizar el ingreso de la fuerza pública con equipos antiexplosivos con el fin de recuperar el control y garantizar la tranquilidad de toda la comunidad universitaria”, dijo  Daniel Quintero por medio de un comunicado.

Para Daniel Duque, esta es una medida que va en contravía de las propuestas y los ideales que Daniel Quintero presentó durante su campaña. “Alcalde, ¿quién lo eligió a usted? Recuerde quiénes lo eligieron. A usted lo eligieron jóvenes, mujeres, personas que representan un nuevo país, un país que está cambiando, lo eligieron derrotando una propuesta de miedo”.

Además, el alcalde anunció que 80 hombres reforzarán el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas de Ejército con el objetivo de desarrollar labores de inteligencia “que permitan contrarrestar y neutralizar los principales fenómenos de criminalidad en la capital antioqueña”. Además de una inversión de 4 mil millones para dotación de tecnología en asistencia militar.

Estas medidas preocupan a los concejales Duque y Saldarriaga, pues el plan de desarrollo del alcalde aún está en construcción y temen que se establezcan unas políticas de seguridad represivas en la ciudad. “Queremos hacer una revisión y discusión a la política criminal de la ciudad, que va dirigida a cómo se hacen las intervenciones del Esmad. Ad portas del plan de desarrollo, la discusión profunda es cuál es el enfoque de seguridad que le vamos a dar a esta ciudad, si estas actuaciones son vías de hecho, vías de derecho y si tiene o no unas consecuencias políticas”, argumentó Dora Saldarriaga.

Los concejales hicieron un llamado a la no militarización de las universidades, de las comunas y de las calles de la ciudad, además, invitaron al diálogo y al rechazo de la violencia, “venga de donde venga. Tenemos que manifestar todas las veces que sea necesario que no estamos de acuerdo con intervenir las universidades”.

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