Durante la administración de Federico Gutiérrez, Medellín estuvo bajo un modelo de seguridad tradicional que se enfocó en el desmantelamiento de bandas criminales, la captura de cabecillas y una apuesta por el fortalecimiento de la videovigilancia. En el 2018, Gutiérrez afirmó que la fuerza era más que necesaria para capturar delincuentes. “A estos criminales los vamos atendiendo uno a uno”, dijo en un consejo de seguridad ese año.

Ese modelo de seguridad también fue adoptado por el antiguo gobernador de Antioquia Luis Pérez, quien durante su administración aumentó la presencia de pie de fuerza en regiones como el Bajo Cauca, donde, para finales de 2019, dijo, había 4.761 soldados.

En entrevista con la Agencia de Prensa del IPC, el Secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció que, para combatir las rentas ilícitas de la minería, la minería ilegal y el narcotráfico en Antioquia, se debía hacer con “toda la capacidad de la fuerza pública. Pero entrando después con un abordaje integral del territorio. A nosotros nos gusta el enfoque de seguridad humana que es el más retador”.

¿Qué es el enfoque de seguridad humana? ¿Por qué es más retador para los gobernantes que el enfoque de seguridad tradicional? ¿Qué implica que una ciudad como Medellín y un departamento como Antioquia implementen este enfoque en sus planes de desarrollo?

“El enfoque de seguridad humana fue creado para criticar esa visión securitaria que restringía la seguridad a la defensa del Estado o solo a la defensa de la vida, llamando la atención a que los seres humanos tienen múltiples dimensiones y en ese sentido eso es lo que debe tomar una seguridad. Podría decirse que es sinónimo de seguridad integral porque se refiere no solo a la anatomía del ser humano, sino que apunta a factores que tienen que ver con la alimentación, la salud, el medio ambiente”, expresa Pablo Angarita, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo, e investigador del libro Re-pensando la seguridad. Percepciones y representaciones en torno a la seguridad humana en Medellín, publicado en 2010 por el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Según un informe sobre el Desarrollo Humano, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1994, esta seguridad se encarga de velar por el respeto y cumplimiento de siete dimensiones del ser humano: económica, alimentaria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política. Para María Teresa Aya, doctora en Estudios Políticos y autora del artículo Seguridad humana en Colombia: donde no hay bienestar no puede haber paz, publicado en 2005, el concepto de seguridad humana “se define en tres palabras: vivir sin miedo. Uno habla de seguridad en la práctica y están pensando en las fuerzas armadas, en la fuerza pública; no se está pensando que seguridad también viene del sistema público, de las universidades y colegios”.

Generar confianza en la gente e identificar las causas de esas inseguridades son los principales objetivos de la seguridad humana, pues al tener definidas estas dos características, se pueden atacar los procesos de inseguridad que aquejan a la ciudadanía.

Un observatorio para la seguridad de Medellín

El concepto de seguridad humana no es nuevo. Desde 1994 las Naciones Unidas vienen implementando esta metodología en países como Canadá, China y Chile. En el 2008 se comenzó a indagar sobre este concepto en Medellín y luego se creó el Observatorio de Seguridad Humana, un grupo conformado por investigadores del IPC, la Personería de Medellín y el Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia.

El Observatorio se creó como un discurso alternativo y crítico que pretendía cuestionar el discurso y las medidas de seguridad democrática que el presidente del momento, Álvaro Uribe Vélez, estaba implementando en el territorio nacional. “Inicialmente tiene esa vocación crítica de ese otro discurso de la seguridad democrática que era de corte militarista y trata de plantear otros referentes para explicar los problemas de seguridad”, comenta Julián Muñoz, líder del grupo de investigación Conflicto, violencia y seguridad humana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, en el cual se encuentra ahora alojado el Observatorio de Seguridad Humana.

Entonces, en el 2009, los investigadores del Observatorio hicieron una prueba piloto y visitaron distintos barrios de Medellín y a través de talleres intentaron indagar cuáles de esas dimensiones que planteaba el PNUD son más importantes para la comunidad y generan inseguridad en sus dinámicas de vida. “Y emerge la dimensión más relevante: la económica. O sea, la preocupación más jodida para la gente era ‘yo cómo voy a conseguir plata para hacer mercado’. Esa era la amenaza que los hacía sentir más inseguros”, cuenta Muñoz.

Seguridad Humana: un reto para el gobierno

De izquierda a derecha, el exsecretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, y el exalcalde, Federico Gutiérrez.

Según Angarita, quien participó en la creación del Observatorio en 2008, el principal problema que tiene la seguridad humana es que es un concepto poco medible y del que sus resultados son notables a largo plazo. “La seguridad tradicional vía mediática es algo que se puede mostrar de manera inmediata, eso anestesia a la gente y eso les da aplauso y voto a los políticos. Ahí estamos en esa lógica perversa de lo que produce resultados inmediatos mientras que las acciones preventivas son un proceso más demorado y producen menos ruido que capturar a un muchacho que está delinquiendo”.

Por su parte, Jorge Giraldo Ramírez, investigador de la violencia urbana, derecho humanitario y derechos humanos, el concepto seguridad humana es un asunto meramente teórico y utópico. “En un concepto que todavía sigue siendo muy vago, no es un concepto que se haya convertido en un concepto operativo, medible, evaluable, tampoco es muy universal; es un concepto que no ha tenido esa fuerza, esa capacidad de movilización”.

Para Giraldo es importante reconocer las necesidades de la gente y que el Estado garantice el cumplimiento de los Derechos Humanos, pero que también ese Estado debe entregar resultados en cuestión de seguridad: disminución en el índice de homicidios, capturas, disminución en delitos de acto impacto, “eso tiene que ver con unos indicadores básicos que están relacionados con que la gente pueda desarrollar sus actividades libremente”, agrega.

A pesar de que ambos investigadores sostienen que debe haber una combinación entre la seguridad humana y la seguridad tradicional, cada uno continúa teniendo una visión muy diferente de cómo hacer esa asociación de seguridades.

Según Giraldo, el concepto de seguridad humana no solo debe ser un factor discursivo “para mostrar un giro en la política. Después de eso, los planes de desarrollo de los alcaldes y gobernadores tienen que ser más concretos en cuanto a sus metas respecto a la seguridad ciudadana”; mientras que para Angarita no solo debe ser un acto de palabra, esta seguridad debe implementarse a la par en que se continúa trabajando para atacar fenómenos de inseguridades: “la fórmula que se encontraron fue hablar de la seguridad humana, decir en los discursos que trabajamos por la seguridad integral, pero en la práctica seguirá siendo lo mismo”.

¿Y la alcaldía de Medellín?

Daniel Quintero. Foto: Alcaldía de Medellín.

En las últimas semanas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha tomado varias medidas que abrieron una discusión en el concejo de la ciudad. En el debate público citado el diez de febrero para analizar los protocolos de acción del Esmad, el concejal del partido verde, Daniel Duque, manifestó su inconformidad y sorpresa por el reciente pronunciamiento del alcalde frente al ingreso del Esmad a las instituciones universitarias públicas cada vez que hayan explosiones dentro de los campus.

“Alcalde, ¿quién lo eligió a usted? Hoy yo le quiero decir: este país está cambiando, no le apueste al miedo, no nos llene de militares las universidades. No estoy de acuerdo con las medidas, con violar la autonomía universitaria, si eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros rechazamos la violencia venga de donde venga, tenemos que manifestar todas las veces que sea necesario que no estamos de acuerdo con intervenir las universidades”, expresó Duque en el concejo.

Además de esto, el pasado 11 de febrero, el alcalde anunció la presencia de 80 hombres que reforzarán el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas de Ejército con el objetivo de desarrollar labores de inteligencia “que permitan contrarrestar y neutralizar los principales fenómenos de criminalidad en la capital antioqueña”.

Sin embargo, Angarita y Giraldo sostienen que es una medida coherente con el perfil del secretario de gobierno del alcalde Quintero: el general retirado José Gerardo Acevedo. Angarita manifiesta que a pesar de que Quintero ha sido el alcalde con la votación más alta en la historia de la ciudad y que ha mostrado el apoyo al proceso de paz, “pudiera tener una propuesta mucho más cercana a la seguridad humana, pero quien está en el puesto número uno de seguridad es un general de la Policía formado en esa tradición”.

Giraldo afirma que el actual alcalde puede acudir a “enarbolar” la bandera de la seguridad humana para “cambiar el discurso frente a la administración anterior”, pero que, desde el inicio, su discurso ha sido insistente en las recompensas por capturas y en inversión en la tecnología de videovigilancia para controlar la delincuencia.

“Yo creo que para eso puede servir, para marcar una diferencia. Los administradores regionales tienen más posibilidades de hacer cosas en temas de convivencia, tejido social, de participación, en temas de justicia cercana al ciudadano. En eso sí creo que tiene más sentido porque desde que los alcaldes y gobernadores estén queriendo aparecer como si fueran comandantes de la Policía o del Ejército… Es posible que eso [la seguridad humana] los pueda ayudar a enfocarse un poco más en lo que sí pueden hacer”, afirma Giraldo.

Como decía la investigadora María Teresa Aya, la seguridad humana es vivir sin miedo. Y para que la ciudadanía viva sin miedo, debe haber confianza en el Estado y en sus políticas de seguridad. “Yo creo que en Colombia sí hemos perdido mucho la confianza”, argumenta Aya. Está por verse si en Medellín y Antioquia se implementa este modelo de seguridad y si tiene mayor impacto que el implementado por los últimos mandatarios locales y regionales.

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