Los daños de la minería legal en el Bajo Cauca

Una investigación del Instituto Popular de Capacitación, presentada en el Tribunal Internacional de Opinión, da cuenta de las violaciones a los derechos humanos y ambientales ocasionados por la empresa Mineros S.A. Dicho documento fue entregado a la Comisión de la Verdad.

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Caño El Pital, donde se rompió un jarillón de Mineros S.A. en 2018.

Hay una especie de contradicción en los discursos públicos que hace la empresa Mineros S.A. sobre la protección de la naturaleza, la mitigación de los daños ocasionados por la minería y la prevención de los mismos, pues en la práctica, y en distintos recorridos por el río Nechí, investigadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y pescadores de esta región han alertado sobre las afectaciones a los derechos humanos y de la naturaleza. Esta es una de las conclusiones que el Observatorio de Derechos Humanos del IPC hizo en el artículo “Crímenes contra la naturaleza. El caso de la empresa Mineros S.A.”

Dicho documento fue presentado el 21 de noviembre durante el Tribunal Internacional de Opinión, organizado por la Corporación Jurídica Libertad. La investigación del IPC hace parte de la sentencia que se le entregó el 21 de febrero a la Comisión de la Verdad y a autoridades departamentales, ambientales y al Pnis.

Tres grandes conclusiones se desprenden de la investigación del IPC, según Nathaly Tobar, coordinadora del Observatorio: “Primero, problematizar el modelo de desarrollo extractivista y cómo este impacta en las formas de vida humanas y no humanas; segundo, problematizar las relaciones de poder que emergen en los conflictos ambientales; y tercero, muchas veces lo perdemos de vista, las representaciones que tienen de la naturaleza las personas que habitan  en el territorio.”

El modelo extractivista

Entrega de la sentencia a Max Yuri Gil (izq.) coordinador de la Comisión de la Verdad en la macrorregión Antioquia-Eje cafetero.

Según la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conaminercol), el 80% de la población del Bajo Cauca antioqueño depende de la explotación del oro. Mineros S.A. explota el río Nechí y sus alrededores, con un título de Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP) compuesto por 36.700 hectáreas, es decir, dicha empresa puede explotar a perpetuidad el suelo y el subsuelo. La grande y pequeña minería de Antioquia produce el 47% del oro del país.

Según el documento, la explotación en el Bajo Cauca permitió la expansión de Mineros a Nicaragua, a través de su filial Hemco, en el 2013; además, desde 2018 realiza operaciones en Argentina y Chile. Ahora, “pretende continuar con su actividad de explotación aurífera hasta aproximadamente el año 2026”.

A la par que Mineros S.A. crece, también hay poblaciones afectadas por la explotación minera, como los pescadores. La investigadora Tobar asegura que los pescadores “no han sido compensados porque no se ha valorado el daño ambiental. Hay una complicidad por parte de las autoridades departamentales encargadas del control de los asuntos ambientales, más cuando se trata de la empresa Mineros S.A. La autoridad ambiental encargada de otorgar las licencias ambientales también tiene un grado de complicidad en el conflicto, dado que no ha hecho acciones tendientes a prevenir el daño ambiental.”

El documento asegura que Mineros S.A. es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, pues sus acciones son contrarias a los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2011. Lo anterior, porque Mineros impuso un modelo de desarrollo que afecta los derechos humanos de los pobladores y de la naturaleza. A causa de que la empresa omite los principios de prevención y precaución ambiental, como lo dice el informe, “el río Nechí, los humedales, las ciénagas y las especies de flora y fauna que hacen parte de estos ecosistemas están siendo seriamente afectados”.

Las principales violaciones

Máquina trabajando cerca del río Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

El Bajo Cauca es una región con irregularidades en la titulación de la tierra. Indígenas, campesinos y afrodescendientes no tienen títulos de sus propiedades, por lo que Mineros S.A. solo se ha hecho cargo de las mejoras. Esta es una responsabilidad de la Agencia Nacional de Tierras, que poco ha avanzado en la región, por lo que los investigadores hablan de la vulneración de estas comunidades por omisión del Estado y acción de la empresa.

A esto se le suman las vulneraciones al derecho a la consulta previa, una normativa que ratificó el Estado colombiano a partir del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Representantes de estas comunidades étnicas reconocen que, desde el inicio de sus operaciones, Mineros S.A. no ha realizado ninguna consulta y tampoco ha obtenido el consentimiento de las comunidades”, dice el informe, el cual se refiere a la vulneración del derecho a la tierra.

En diálogo con pescadores y habitantes de municipios como Nechí y El Bagre, los investigadores del IPC identifican varias violaciones a los derechos de la naturaleza. Señalan la disminución del caudal del río Nechí, la contaminación por sedimentación y cercamiento de los humedales, los cuales son los más afectados por la actividad minera. “Del total de humedales, se calcula que queda aproximadamente el 10%. Se ha presentado una pérdida total de humedales como Puerto Corozo, Puerto Gaitán y Bijagual”, señalan.

Por otro lado, “entre las especies vegetales afectadas destacan: el mangle, el cativo y el cucharo. Tanto el mangle como el cativo son esenciales para mantener la vitalidad de los humedales y las ciénagas”, señala el documento.

Los pescadores señalan la disminución de la pesca desde el 2008. De los 1.785 pescadores registrados en Nechí, 800 están perjudicados por Mineros S.A.

Para los investigadores, la vulneración “se configura en cuanto las comunidades que habitan los municipios Nechí y El Bagre no han participado de decisiones relativas a la explotación aurífera en sus territorios.” Frente al Estado, señalan que este no ha garantizado el derecho al medio ambiente sano.

Corantioquia, en la resolución 508 de 2017, se refirió a las afectaciones a las ciénagas Sapo y Hoyo grande: “se ha evidenciado que las comunidades de aves, reptiles y mamíferos terrestres y acuáticos, así como las comunidades hidrobiológicas, han disminuido significativamente sus poblaciones”, y agrega que la caza de subsistencia y la minería de aluvión se constituyeron e las principales amenazas de la zona. Esta última, “por la cantidad de sedimentos aportados a los cuerpos de agua. Especies como el manatí y la danta se encontraban en la región y han desaparecido completamente del complejo cenagoso”, además de que cada vez son menos comunes especies como el paujil.

Por estas razones, los investigadores del IPC concluyen que el impacto ocasionado por la minería sobre el río Nechí, en manos de Mineros S.A., “no se ha prevenido, tampoco mitigado y /o compensado”, a pesar de que la empresa se adhirió al Pacto Global de las Naciones Unidas, “un marco de acción que facilita la legitimación social de los negocios y los mercados. Con este pacto, se supone se compromete a fomentar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente, aspectos que claramente no se materializan en sus acciones”.

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