Situación de derechos humanos en Urabá preocupa a Comisión Asturiana

Luego de escuchar el testimonio de 38 habitantes de esa región, la Delegación Internacional Asturiana de Derechos Humanos encontró que las comunidades están en un total olvido por parte del gobierno y en gran peligro de revictimización.

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Vísta aérea de la vereda California en Turbo. Fotografía: Cortesía Forjando Futuros.

“La investigación no llegaba a nada y ni a las familias ni a nadie nos dieron una respuesta. Solamente por ser homosexual. Es triste que un homosexual no tenga el derecho a la igualdad”, contó Elvis Zuluaga Machado, vicepresidente de la Mesa Diversa de Apartadó y asistente a la Audiencia sobre garantías y estado de los Derechos Humanos en Colombia convocada por la Delegación Internacional Asturiana de Derechos Humanos y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

El evento, que se desarrolló el sábado 7 de marzo, convocó a 38 habitantes de la región del Urabá antioqueño, quienes narraron ante cuatro comisionados asturianos las diferentes violaciones a los Derechos Humanos que se vienen cometiendo en sus territorios en relación con los procesos fallidos de restitución de tierras, la discriminación a integrantes de la comunidad LGBTI, la difícil situación que vive el corregimiento de San José de Apartadó, el desplazamiento forzado y la falta de garantías de no repetición .

Cuenta Elvis que en el municipio de Apartadó, durante 2019, se repartieron panfletos en los que se anunciaba que iban a acabar y a asesinar a las personas homosexuales que estuvieran en el territorio, “todavía estamos en una región y una ciudad como Apartadó en donde hay una mente cerrada, esa mente que de pronto mira con homofobia a la población”.

Según el informe Sin Violencia, de la organización Colombia Diversa, entre 1993 y 2018, en Colombia 1263 personas fueron víctimas de actos violentos debido a su orientación sexual. Antioquia reportó 409 víctimas, el departamento con el número más alto de casos, seguido por el Valle del Cauca, con 228. Ahora, de esas 409 víctimas, siete de ellas fueron en los municipios de Apartadó, Chigorodó y Turbo, municipios pertenecientes a la región del Urabá antioqueño. Apartadó representó la cifra más alta: cuatro de los siete casos le corresponden y dos de ellos también están relacionados por sus liderazgos en las comunidades.

Esta es la décimo sexta visita de verificación que tiene el programa de Asturias de Derechos Humanos en Colombia. Según Noemi Rodríguez, coordinadora de ONGs en Asturias y quien acompañó la jornada de escucha de las víctimas, “nos interesaba reunirnos con la población civil para que nos contaran cómo se sentían y cómo están viviendo ese Acuerdo de Paz, cómo sigue la situación, si ven que se ha empezado con el proceso de restitución de tierras, etc. Un poco conocer la visión de ellos para luego presentarla de forma anónima a las instituciones con las que nos vamos a reunir”.

El proceso de restitución de tierras en Colombia está amparado en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual tenía, inicialmente, una vigencia de 10 años y que fueron prorrogados diez años más en el 2019. Durante estos ocho años, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha recibido 123 mil solicitudes de restitución de las 360 mil solicitudes que se tenían proyectadas recibir en los 10 años de gestión, según Consejo Nacional de Política Económica y Social. Y del total de los casos, solo se ha restituido el 7%.

Según la información de Datos abiertos de la URT, desde 2013 ha habido una disminución de las solicitudes de restitución de tierras por año, pues en 2013 se pasó de 28.793 solicitudes en el año a solo 2.682 en 2019.

Durante el evento con la Comisión Asturiana, los campesinos fueron enfáticos en el abandono en el que se encuentran por parte del gobierno nacional, pues sienten que sus peticiones y reclamos no están siendo escuchados. “En la subregión de Urabá están pasando muchas cosas, sobre todo con nosotros los líderes y reclamantes de tierras, nos están asesinando. Y mire lo que pasó con los nueve compañeros que tenemos detenidos en la casa. Ahí se nos están violando nuestros derechos”, narró Ayineth Pérez, reclamante de tierras de la vereda Las Tulapas del municipio de Turbo.

Ayineth, además de ser reclamante, es presidenta de la Tierra y Paz, desde la cual asesoran a otros campesinos de la región sobre el proceso de restitución de tierras: qué deben hacer, a dónde pueden acudir y cuál es la ruta para hacer valer sus derechos. Según ella, hay procesos de restitución de tierras que llevan 13, 14 y 15 años en proceso y que están detenidos porque, según el gobierno, no hay un concepto de seguridad: “ellos siempre hablan del concepto de seguridad pero para ellos. Ellos no llegan allá y por lo tanto el proceso tampoco avanza”.

Para Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación, entidad que organizó y acompañó el evento, el propósito de esta jornada era que la Comisión Asturiana identificara y escuchara la voz de los campesinos en materia de Derechos Humanos y, sobre todo, después de la implementación del Acuerdo de Paz, pues se esperaba que en esta transición mejorarían las garantías de Derechos Humanos en la región.

“Lo que vemos es que realmente no hay garantías para el ejercicio de la labor, tampoco hay protección para las comunidades en los territorios. Nos queda claro que las comunidades están haciendo un llamado a las entidades nacionales responsables de la protección de Derechos Humanos, pero también un llamado a la comunidad internacional a ayudar a visibilizar la situación de estos territorios. Hay un clamor de que se visibilice y de que se les ayude a garantizar la protección para estar en los territorios, para ejercer la labor y para hacer liderazgo en materia de derechos humanos”, explicó Nely.

Con lo escuchado en aquella audiencia, la Comisión Asturiana espera realizar un informe en el que plasmarán, de manera anónima, los testimonios emitidos por los campesinos, y que será presentado ante la Organización de Naciones Unidas, los gobiernos de España, Asturias y Colombia, ante la embajada y el Ministerio del Interior en Colombia.

“La comisión ha planteado tener algunas reuniones con algunas entidades nacionales. Esperamos que esta comisión pueda ser escuchada y se haga un panorama más completo. Esperamos que las entidades garantes de proteger los Derechos Humanos sean receptivos y escuchen a esta comisión”, comentó la presidenta del IPC.

Así mismo, víctimas como Ayineth y Elvis, reconocen la importancia de que organizaciones internacionales de Derechos Humanos visiten sus territorios y se dediquen a escuchar a las decenas de personas que hoy, según ellos, el gobierno nacional ignora y olvida en sus territorios. “Para nosotros como comunidad, como reclamantes de tierras que somos, es de gran importancia que estas organizaciones nacionales e internacionales lleguen hacia nosotros para que nos escuchen, para que escuchen nuestra versión. A nosotros nos están violando nuestros derechos y el gobierno no nos está reconociendo”, dijo Ayineth.

Finalmente, la comisionada asturiana Noemí Rodríguez destacó, con preocupación, el estado de decepción en el que ellos encontraron a las comunidades, “unas comunidades que están dando un ejemplo de superación” y de lucha pese al abandono en el que se encuentran por parte del gobierno, dijo Noemí. Además, afirmó que se debe trabajar en procesos de sensibilización que permitan que los otros reconozcan, a nivel nacional e internacional, lo que realmente está ocurriendo en la región del Urabá.