En lo que va corrido del 2020, alrededor de 24 líderes y lideresas sociales, campesinas, indígenas y de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Seis de ellos han muerto durante la cuarentena en la que se encuentra el país por el Covid-19. Una cifra que enciende las alarmas en diferentes sectores políticos y sociales, por lo que exigen de nuevo al Gobierno que cumpla el Acuerdo de Paz.
Según Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), “el asesinato sistemático que se viene presentando con líderes, defensores y reincorporados de las FARC, es responsabilidad del Gobierno Nacional, quien debe garantizar las condiciones para que estos hechos no se presenten; por el contrario se continua en la política de estigmatización del trabajo y defensa de los Derechos Humanos y de quienes defienden los procesos de paz, a tal punto que hoy además de la tragedia que se vive a razón del Covid-19, se le suma el tener que estar defendiendo la vida”.
De otro lado afirma que “es necesario una política decidida para avanzar en el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, como se estableció en el Acuerdo de Paz, así como de generar condiciones para un debate nacional sobre la legalización de la droga, esta no puede seguir siendo la excusa para que siga corriendo sangre en los territorios, donde las poblaciones más afectadas son las comunidades campesinas y étnicas que están defendiendo los territorios”.
A pesar de que gran parte de la población se encuentra confinada en sus casas por el Covid-19, los asesinatos de líderes sociales no han cesado. Para los senadores Roy Barrera e Iván Cepeda, quienes también hacen parte de la Comisión de Paz del Senado , el Gobierno debe hacerse responsable de las diferentes acciones de hostigamiento que hasta el momento han dejado alrededor de 800 líderes asesinados desde la firma del Acuerdo. Para Barrera, el Estado es quien debe garantizar la vida de los líderes y lideresas a pesar del aislamiento obligatorio.
Según Cepeda, la crisis de salud pública que vive Colombia y el resto del mundo no debe ser una excusa para relegar la obligación del Gobierno de salvaguardar la vida, “los poderes criminales que están actuando contra los líderes sociales en los territorios están utilizando la atención de la opinión pública, concentrada en la grave crisis que ha provocado la pandemia, para continuar su acción sistemática contra líderes. Es evidente que en este momento se requiere una acción decidida para controlar y erradicar esta pandemia, pero esto no significa que no se pueda ni se deba seguir atendiendo con rigurosidad el asesinato de los líderes sociales”, afirmó el senador.
A raíz de estos homicidios, la Comisión de la Verdad emitió el 27 de marzo un comunicado en el que hace un llamado a las organizaciones armadas a cesar las amenazas, secuestros, desaparición forzada, confinamientos, hostigamientos, desplazamiento forzado y asesinatos. “Mientras esta epidemia va teniendo consecuencias cada vez más devastadoras, en distintas regiones del país los líderes sociales siguen siendo asesinados y muchas comunidades se encuentran en medio de la confrontación armada, sometidas mediante la intimidación de las armas, al miedo y al terror”, dice el comunicado.
A este llamado se unió Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia, quien el 28 de marzo emitió un comunicado en el que llamaba al diálogo, a la reconciliación y al cese al fuego desde todos los sectores para reducir el riesgo en el que se encuentran comunidades y líderes sociales del país, a pesar de las medidas de aislamiento obligatorias.
Según Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores, el papel del Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior es totalmente criticable, condenable y repudiable. Además, señala, se debe sumar la postura del Ministerio de Defensa quien, durante la cuarentena, continúa la erradicación forzada de cultivos ilícitos en los territorios.
“El Gobierno ha activado una política con la que no estamos de acuerdo y que creemos que en esta etapa no se debería estar haciendo, que es la erradicación forzada. Esto ha hecho que en diferentes territorios como el Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Catatumbo, la Policía esté llegando con los erradicadores forzados a las comunidades a erradicar los cultivos de uso ilícito aprovechando que la gente está maniatada”, expresó Sánchez.
Desde la CIDH se ha rechazado en reiteradas ocasiones la negligencia del Estado colombiano frente a los crímenes de los líderes sociales para llevar a cabo las investigaciones y esclarecimientos pertinentes. En este mismo sentido, el 26 de febrero del 2020, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) documentó que en 2019 hubo 108 asesinatos contra defensores de derechos humanos.
“El 75% ocurrió en zonas rurales; el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional; el 91% en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica; y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales. El 55% de estos casos ocurrieron en cuatro departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá”, se lee en el documento.
Para Astrid Torres Restrepo, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, esta situación es responsabilidad del Gobierno y es una de las consecuencias más graves que ha dejado el no cumplimiento del Acuerdo de Paz. Para ella, se trata de “una connivencia entre paramilitares y Ejército”, pues algunos de estos líderes sociales hacen parte de programas como el PNIS y el PDET, y fueron asesinados en territorios con alta presencia de fuerza militar.
“Siempre hemos expuesto la necesidad de que la comunidad internacional respalde la labor de defensores, como lo ha venido haciendo, pero también exige al Gobierno que cumpla con el Acuerdo de Paz, que desmonte las estructuras paramilitares”, agregó Torres.
Los líderes asesinados
El 18 de marzo, durante la primera semana de confinamiento, se reportó la muerte de Ivo Humberto Bracamonte, exconcejal de Puerto Santander, en Norte de Santander, y quien dirigía el noticiero comunitario virtual NP”; el 19 de marzo fue la muerte de Ángel Ovidio Quintero, presidente del concejo municipal de San Francisco, en Antioquia, y presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de la localidad; también fue asesinado Marco Rivadeneira, importante líder campesino, Coordinador Nacional Agrario (CNA), y defensor de los Derechos Humanos en el Putumayo.
Luego, el 24 de marzo, en las horas del día se reportó el asesinato de Carlota Salinas, lideresa social de San Pablo, Sur de Bolívar, uno de los municipios priorizados en el país para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En las horas de la noche de ese mismo día, se reportó la muerte de Omar Guasiruma y Ernesto Guasiruma, líderes indígenas de la comunidad Embera.
“La nación Embera y la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca ORIVAC, rechazamos rotundamente sobre los hechos ocurridos en el día de ayer en contra de la familia de la nación Embera y denunciamos enérgicamente por los hechos ocurridos y el vil crimen cometidos en contra de las personas indefensos, hoy como son las comunidades indígenas que son las más vulnerables por toda situación que se presenta en sus territorios”, dice el comunicado emitido por las Autoridades de la Nación Embera y la Orivac, el 27 de marzo.
Según el informe del 26 de febrero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 65% de los 108 asesinatos ocurridos durante 2019 fue contra aquellos líderes que trabajan por los derechos de las comunidades y los grupos étnicos. Una cifra que mantiene una tendencia desde el 2016. Además, los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018.
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