En Santa Lucía hay incertidumbre por el desplazamiento de exguerrilleros

A pesar de que la salida de los excombatientes de las Farc, que están en el ETCR Román Ruiz, es inminente, la comunidad que habita la zona hace un llamado al gobierno para que les garantice seguridad, educación y vivienda.

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Asamblea en Ituango para abrazar el Acuerdo de Paz. Foto: Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Durante la Asamblea que se realizó el sábado 14 de marzo en el marco de la Caravana Humanitaria, en Ituango, Efraín Chaverra, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Lucía, dijo que la comunidad se abstiene de alzar su voz porque “el temor reside en la vigilancia, control y violencia que ejercen los grupos armados contra la población civil”.

Las palabras de Efraín fueron una respuesta frente a la ausencia de la comunidad en un espacio que congregó a más de 80 personas de la sociedad civil y líderes del ETCR, y del cual no hicieron parte los habitantes del sector, pues, agregó el líder, los campesinos y la comunidad sienten temor de participar en este tipo de actividades.

La intención de esta Asamblea y de la presencia de organizaciones sociales, universidades, periodistas y defensores de Derechos Humanos que viajaron desde Medellín, era acompañar y hacer una agenda de garantías con las comunidades de Santa Lucía y los excombatientes de la antigua guerrilla Farc frente a la vulneración de Derechos Humanos que se viene presentando en la zona, el asesinato de 12 exguerrilleros y el posible desplazamiento de alrededor de 60 familias.

“Nosotros le apostamos a la paz en el momento en el que en el país se empezó a escuchar el clamor de la sociedad civil. Le apostamos a una paz que le devolviera a la sociedad colombiana la posibilidad de vivir y le garantizara al pueblo sus derechos: educación, salud, garantías para pensar sin el peligro de ser encarcelados, desplazados o asesinados. Desafortunadamente, el Estado colombiano no ha garantizado proteger la vida de quienes optamos por la paz”, expresó Omar de Jesús Restrepo, representante a la Cámara por el partido Farc y el único congresista de la Comisión de Paz que estuvo presente en el evento, pues a los demás el Ministerio del Interior no les garantizó el traslado desde Medellín.

“Con la salida de ellos no estamos de acuerdo porque yo creo que esa no es la solución. Respetamos su voluntad, pero no creemos que sea la más idónea. Al contrario, debemos rodearnos más y que nos juntemos todos para defender el Acuerdo de Paz, pero si ellos se van, ¿qué va a pasar acá? ¿qué va a pasar con el territorio?”, comentó Edilberto Gómez, líder de la Asociación Campesina de Ituango.

Otros líderes expresaron su preocupación frente a la salida de los excombatientes de la vereda Santa Lucía, pues la presencia del Estado aún no llega de manera efectiva y otros actores armados están copando los espacios que la antigua guerrilla de las Farc había dejado, pues esta región representa un corredor estratégico para la minería ilegal, los cultivos de coca y el transporte de drogas.

“Al ellos llegar [los excombatientes], nosotros creímos que las cosas iban a ser mejor para ellos y para nosotros, que íbamos a tener una vida mejor, y no fue así”, agregó Efraín Chaverra, quien señaló que le preocupa que desaparezca la poca presencia de Ejército y Policía cuando los excombatientes abandonen el territorio, y le pide al Gobierno seguridad, educación, tierra y vivienda digna, “esperamos que el Gobierno no mire solo porque había un ETCR sino que se enfoque en que todos hemos sudado, que nos mire a todos”.

Para Juan de Dios Quintero, excombatiente y líder de la Junta Administrativa del ETCR, irse del territorio significa abandonar a esta comunidad que los recibió con los brazos abiertos pues, según él, la intención de estar allí era también una estrategia para que el Estado llegara y, al mismo tiempo, ellos pudieran hacer un proceso de reconciliación con la gente. “Sabemos que los Acuerdos no fueron solamente para los excombatientes, los Acuerdos también fueron para priorizar las comunidades más afectadas por el conflicto interno y Santa Lucía y la región de Ituango fueron una de las partes más afectadas”, dijo Juan de Dios.

Los riesgos para los habitantes de Santa Lucía

Y es que la población de Ituango viene presentando diferentes riesgos de vulneración a los Derechos Humanos, tal y como se evidenció en la Alerta Temprana  No.029-18 emitida el 24 de enero de 2020 por la Defensoría del Pueblo para los municipios de Ituango y Briceño, debido a la expansión de grupos paramilitares, guerrilleros y disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc, lo que “conforma un escenario de riesgo mucho más complejo con el cual podría recrudecerse la violencia en sus formas de actuación y aumentar la capacidad de intimidación contra la población civil”.

A esto se le suma que el 23 de febrero de este año, 863 personas, de 12 veredas de Ituango, decidieron desplazarse de sus hogares hacia la cabecera del municipio por amenazas de las disidencias del Frente 18 de las Farc y grupos paramilitares, tal y como lo expresaron algunas organizaciones sociales en un comunicado emitido el 22 de febrero de 2020. Tres días después, las familias retornaron a sus hogares luego de que en un Comité de Justicia Transicional se expusiera un pliego de peticiones por parte de la comunidad desplazada.

Para Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización impulsora de la Caravana Humanitaria, “una de las mayores preocupaciones de este desplazamiento es el abandono en el que se encuentran las comunidades de Ituango, y en especial las veredas aledañas a la ETCR de Santa Lucía, sin garantías para quedarse”.   

Agrega que desde las organizaciones defensoras de Derechos Humanos se hace un llamado al Gobierno “porque si bien se va dar el desplazamiento de gran parte de los reincorporados de las Farc, que hacen presencia en este ETCR, es responsabilidad del Gobierno generar todas las condiciones para que allí se dé realmente la construcción de un territorio de paz. Por tanto, no puede ser solo inversión en efectivos militares, sino que esta debe ser en gran medida inversión social, que garantice el restablecimiento de derechos de estas comunidades”. En el territorio se quedarían alrededor de cinco familias que continuarán trabajando con los tres proyectos productivos que están desarrollando en la zona, dos de ellos financiados por la ARN: el de ganadería multipropósito y el proyecto de fibra óptica. El objetivo de quienes se quedan es invitar a la comunidad a que hagan parte del ETCR y evitar que el espacio desaparezca o sea cooptado por otras personas.

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