“La paz en Colombia no puede ser víctima de la pandemia”: Carlos Ruiz Massieu

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el jefe de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz presentó el informe de la implementación y pidió a los actores armados que desistan de la violencia contra comunidades vulnerables como las indígenas y afrocolombianas.

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Foto: Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

“La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe, otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del Acuerdo de Paz”, dijo el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, durante el Consejo de Seguridad este 14 de abril, en el que se presentó el informe de verificación al Acuerdo de Paz entre el 27 de diciembre de 2019 y el 26 de marzo de este año.

En dicho documento, la Misión de Verificación de ONU en Colombia plantea que los retos para el país durante la pandemia serán más grandes, pues los asesinatos de líderes sociales y excombatientes continúan creciendo. Por ello se refieren a grandes retos, como “la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes”; insta a que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reúna con regularidad para que avance “en la adopción de una política pública para desmantelar efectivamente las organizaciones criminales, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por las organizaciones de la sociedad civil.”

Las muertes de exguerrilleros

En el informe presentado ante el Consejo de Seguridad, Carlos Ruiz Massieu expuso que desde la firma del Acuerdo de Paz en el país asesinaron a 195 exguerrilleros, 16 en los últimos tres meses. A esto se le suma el intento de asesinato de 39 personas y la desaparición de 13 más.

“Aproximadamente el 73 % de los asesinatos de excombatientes se han producido en zonas rurales caracterizadas por una presencia limitada del Estado, pobreza, economías ilícitas y la proliferación de organizaciones criminales. Los ataques siguen concentrándose en los departamentos del Cauca (36), Nariño (25), Antioquia (22), Caquetá (20), Norte de Santander (16), el Meta (13), Putumayo (13) y el Valle del Cauca (12)”, dice el informe.

Uno de los casos que más preocupa es el desplazamiento de los excombatientes del ETCR Santa Lucía en Ituango y de Buenos Aires en el Cauca. En el municipio de Antioquia, la Misión confirmó 11 asesinados, 2 intentos de asesinato y 1 desaparición. Las garantías de seguridad están afectando a los exmiembros de la guerrilla de las Farc, pues en el país hoy existen más de 400 solicitudes de esquemas de protección pendientes por “la escasez de personal”. En esta espera, tres personas ya fueron asesinadas.

A estas muertes se suman las de líderes sociales. Entre enero y el 24 de marzo, el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia había recibido la denuncia de 56 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y esto no ha parado durante la pandemia del Covid-19, frente a lo cual Ruiz Massieu manifestó en el Consejo de Seguridad: “Ante el Covid-19 tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la implementación del Acuerdo de Paz. La paz en Colombia no puede ser una víctima de la pandemia”. Y añadió: “Momento en que esfuerzos deben centrarse en lucha contra pandemia, instamos a todos los grupos armados ilegales de Colombia a que desistan de seguir perpetrando actos de violencia contra comunidades vulnerables, incluidas comunidades indígenas y afrocolombianas.»

Ver también: En Santa Lucía hay incertidumbre por el desplazamiento de exguerrilleros

La reincorporación

En la actualidad hay 49 proyectos colectivos aprobados que benefician a 2.156 excombatientes y 1.225 proyectos individuales aprobados que benefician a 1.440 personas. Según el informe, “los excombatientes han constituido legalmente 139 cooperativas y otras organizaciones productivas, de las que 18 están lideradas por mujeres y 9 están integradas exclusivamente por mujeres. Estas organizaciones económicas son claves para la sostenibilidad de los proyectos productivos colectivos. Muchas de ellas requieren asistencia técnica y apoyo, en particular sobre cuestiones jurídicas, administrativas y de comercialización, pero hasta la fecha solo han recibido asistencia técnica un tercio de ellas.”

Según Ruiz Massieu, es “importante fortalecer las bases de la reincorporación a largo plazo y asegurar que los beneficios lleguen a excombatientes, independientemente del lugar en que viven. Apoyar los proyectos colectivos pueden ayudar a reactivar las economías locales.

Por otro lado, 5.224 excombatientes están en programas educativos de enseñanza primaria y secundaria, mientras que 1.768 están en formación profesional con el SENA.

La reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos

Según el Gobierno, se han concluido y entregado 862 obras de infraestructura, 323 están en ejecución y siete en fase de planificación. “Cabe destacar que 162 municipios y 15 departamentos han adoptado medidas jurídicas para incluir los programas de desarrollo con enfoque territorial en sus instrumentos de planificación territorial”, agrega el informe.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) asegura que el 96% de los campesinos vinculados al PNIS han cumplido su compromiso de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, equivalentes a 60.087 hectáreas de coca por 99.097 familias. De estas, “un total de 46.611 familias han recibido su año completo de pagos provisionales, 61.183 familias han recibido asistencia técnica y 58.846 familias han recibido apoyo para fines de seguridad alimentaria”, indica el informe, el cual resalta que en el Vichada 251 familias concluyeron su participación en el programa.

Ver también: Erradicación forzada en tiempos de coronavirus

Sistema integral

Destaca el informe que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene siete casos abiertos, para las cuales se han acreditado 265 mil víctimas; ha recibido versiones de 291 exguerrilleros, 232 de miembros de fuerza pública y 7 de agentes estatales no combatientes y terceras partes.

Además, que la JEP está examinando 941 peticiones de los denominados terceros civiles, de los cuales aceptaron 13 y rechazaron a 258, pues sus crímenes no tienen relación con el conflicto armado.

Con relación a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), esta ha identificado 599 personas desaparecidas y ya recibió información sobre la ubicación de 34 desaparecidos.

La Comisión de la Verdad, por su parte, hizo 11.700 entrevistas, individuales y colectivas, a víctimas, excombatientes y otros actores.

En medio de todo este contexto, dice la ONU, el brote del Covid-19 le planteará retos importantes al país para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, sobre todo en una época en la que continúan los asesinatos de líderes sociales y excombatientes. Un llamado similar hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de abril, al señalar que es “indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, así como se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos, con el objeto de ir evaluando su conformidad con los instrumentos y estándares interamericanos, así como sus consecuencias en las personas”.

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