El 12 de marzo pasado un juez de Urabá le restituyó a Marta Cecilia Julio un predio de casi tres hectáreas sembrado de puro banano en la vereda California, del corregimiento Nueva Colonia, en el municipio de Turbo.

Ese mismo día, el Tribunal Superior de Antioquia falló a favor de once campesinos más de esa vereda, quienes reclamaban un predio llamado “La niña”, que habían ocupado desde 1984 y dividido en pequeñas parcelas, pero luego fueron desplazados y debieron venderlos de manera forzada, intimidados y amenazados por empresarios bananeros, paramilitares e integrantes de la Convivir Papagayo.

Cuando Marta Cecilia firmó el documento que la hacía de nuevo propietaria del predio “Niña Luz”, otros campesinos estaban esperando la notificación de que la tierra volvería a ser suya. La sentencia del Tribunal Superior de Antioquia abre de nuevo el debate sobre la financiación a los grupos paramilitares por parte de un sector del gremio bananero en Urabá. De esta alianza poco se ha avanzado judicialmente, a excepción de la condena a Chiquita Brands en Estados Unidos, que aceptó ante el Tribunal de Columbia que financió con 1.7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

En esta ocasión, el Tribunal les restituyó la tierra a once familias y además compulsó copias del expediente a la Fiscalía, por la posible ocurrencia de delitos de Rosalba Zapata y Felipe Echeverri Zapata, pues, “presuntamente, crearon la trama del despojo que resultó favoreciendo a Bananeras de Urabá S.A., empresa que entró a ocupar y explotar indebidamente las tierras”, pero también se pide investigar la posible “financiación voluntaria a grupos paramilitares” por parte de empresarios de Bananeras de Urabá S.A., Banacol y Uniban.

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El engaño

En el 2001, según la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, el empresario bananero Felipe Echeverri Zapata, en compañía de Antonio Arboleda y Rafael García, alias El Viejo, jefes del Bloque Bananero de las AUC, citaron en la vereda La Teca, de Turbo, a los campesinos de la vereda California para decirles que la tierra que ocupaban le pertenecía al comandante Raúl Emilio Hasbún.

Lo que desconocían los campesinos es que ese predio no era propiedad de la sociedad Emilio Hasbún y Cia, sino que era un baldío de la nación, pues el 22 de junio de 1999 se había declarado la extinción de dominio de esas tierras, como se ve en la siguiente imagen.

Fuente: Tribunal Superior de Antioquia.

Como no sabían de lo anterior, Echeverri les exigió a los campesinos pagar 4 millones de pesos por hectáreas. Según la sentencia, “el pago debía hacerse por cuotas a Banacol, con quien los campesinos comercializaban el banano. A los campesinos les descontaban la plata cada mes y este dinero iba a las cuentas de la familia del comandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún. Llegó un momento que no pudieron seguir pagando, y con la presión ejercida por Felipe Echeverri y los grupos paramilitares, los campesinos se vieron forzados a vender las mejoras y salir de los predios.”

Los testimonios de los campesinos coinciden en el protagonismo de Felipe Echeverri, como enviado del paramilitar Raúl Emilio Hasbún o ‘Pedro Bonito’. Estos son los testimonios de algunas de las víctimas, quienes esperan que un juez les haga la entrega material de sus tierras. Ocultamos sus nombres por seguridad:

Campesino 1: “Vi a Felipe Echeverri en una reunión cuando me tocó firmarle un pagaré […] según él, era el representante del dueño de esas tierras y que había que pagarle. A mí me tocaba pagar $10 millones, yo solo pude pagar 5 millones.”

Campesino 2: “el señor Felipe [Echeverri] Zapata empezó a presionar para que le vendieran esas tierras, sí, él quería esas tierras […] él hizo reuniones con un señor El Viejo, ellos hicieron reuniones a la parte de Coquitos y fueron con gente armada, le dijeron a la gente que vendiera, que tenían que vender, a mí eso me dio miedo, hicieron reuniones en la propia parcela con armas”.

Campesino 3: “iba [Felipe Echeverri] a que negociáramos o legalizáramos esas tierras. Luego de ahí nosotros nos reunimos y sacamos una comisión de 7 u 8 personas, no me recuerdo bien, y fueron a la vereda La Teca, allí se acuerda un pago por el pago de las tierras o él devolvía una plata por las mejoras que teníamos. Ahí hay una presencia de paramilitares, está el señor Rafael García, uno de apellido Camacho y sus escoltas que lo acompañaban, eso lo considero como una amenaza.”

Campesino 4: “le pagamos a Felipe Echeverri por ese predio, yo no sé si será amenaza o no será, pero cuando fueron allá a que uno firmara, ellos llegaron con unas armas, llevaron unos señores armados”.

Campesino 5: “Felipe Echeverri tiene una gente armada, porque si la negociación se va hacer para discutir precios, por qué el señor Rafael García, conocido ampliamente como paramilitar en la zona, se va a presentar a la negociación, quienes estaban armados. Nosotros sabíamos que esta gente andaba armada porque un señor que está ya muerto, a quien le decían Camacho, ayudó en la negociación. Este hombre intimidaba a que debíamos pagar, y por miedo tuvimos que pagar la plata a alguien que no era dueño de esto.”

La defensa

Como opositor de nueve de las once solicitudes de restitución, Bananeras de Urabá S.A. centró su argumento en que actuaron de buena fe exenta de culpa, que su comportamiento fue honesto y razonable y que las negociaciones se dieron en un “clima de buena vecindad, apoyo mutuo, cercanía, independencia y entendimiento entre las partes, en un ejercicio libre de oferta y demanda, en el cual quienes vendieron las mejoras escogieron la mejor oferta, entre varias que había en ese momento.” Añadieron que los reclamantes no sufrieron ninguna situación de violencia y que no tenían derecho a la restitución, pues nunca fueron obligados a vender.

Aristóbulo Vinicio Cabrales, opositor en uno de los casos, aseguró que nunca hubo presión de grupos armados ilegales ni amenaza ni obligación de vender las tierras.

Por su parte, para la empresa Agrícola Sara Palma S.A., filial de Unibán que administra 27 predios que suman 3.634 hectáreas en Urabá y opositora en otro caso, la persona reclamante no fue víctima de desplazamiento, despojo, abandono o venta forzada.

Fuente: Tribunal Superior de Antioquia.

Si bien los opositores aseguran que nunca hubo violencia en contra de los reclamantes, la sentencia del Tribunal asegura que sí había un contexto de violencia, pues el corregimiento Nueva Colonia, en donde está la vereda California, fue “dominando por el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las AUC, entre 1995 y 2004”, además de que allí también operó la Convivir Papagayo, la que “colaboró activamente con las AUC para lograr el control militar de la zona y facilitar el despojo de tierras a campesinos que explotaban los predios.”

En sentencia del 30 de octubre de 2013, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá abordó la relación entre convivir, paramilitares y el gremio bananero. El jefe paramiltiar Hébert Veloza, alias HH, dijo que “las convivir en el Urabá antioqueño, desde su conformación estuvieron al servicio de las ACCU, siendo encargado Raúl Hasbún, quien las creó para legalizar dineros que entraban a las autodefensas por los aportes de sectores de la economía legal de la región. Es así como las Convivir fueron el motor para el sostenimiento y crecimiento de las autodefensas.”

Un modelo de despojo

El 2 de diciembre de 2019, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Fundación Forjando Futuros (FFF) entregaron a la Comisión de la Verdad el informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá. En este documento aseguran que entre 1995 y 1997 hubo un desplazamiento masivo de campesinos en Urabá a manos de los paramilitares, que solo en 1997 hubo 116.972 desplazados, 1079 personas desaparecidas y 104 víctimas de masacres. “Las acciones violentas desarrolladas […] tuvieron como fin consolidar un proyecto económico y político de control social y territorial que permitiera expulsar a las comunidades campesinas, originarias y negras para acumular tierras, implementar modelos de producción agroindustrial de palma y banano y de ganadería extensiva, construir megaproyectos como la Carretera Panamericana  y los tres puertos en Urabá (Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, en Turbo, y Darién International Port, en Necoclí) y llevar a cabo proyectos de extracción minera en el Bajo Atrato (Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica) y petrolera en la Larga Tumaradó”, dice el informe.

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Para el Tribunal Superior de Antioquia, “con facilidad se puede otear que fue una práctica sistemática para Bananeras de Urabá S.A. la compra de mejoras de parceleros que ocupaban terrenos en el predio de mayor extensión conocido como «La Niña», alcanzando una alta concentración de hectáreas”. Y que la compra de las mejoras en varios de los predios afectados en un contexto de conflicto armado, “demuestra actividades o comportamientos repetidos a pesar del escenario vivido, de lo cual puede deducirse el aprovechamiento masivo de la situación de violencia; el carácter repetido y el esquema de compras da lugar a la posibilidad de una planeación que otorga a sus comportamientos un atributo de patrón de sistematicidad.”

Con todo esto, el Tribunal también concluye que Bananeros de Urabá aprovechó a Felipe Echeverri y a los paramilitares para obtener un pago injustificado por unos predios que le pertenecían a la Nación, lo cual dio paso al despojo. “Con tal imposición condujeron a los parceleros a la pérdida de su proyecto de vida y el de sus familias, deteriorando su estabilidad socioeconómica, socavando de manera directa sus ingresos, ya que a través de la relación que mantenían con Banacol fueron presionados y obligados a unas deducciones de lo que percibían, lo que causó que a través de la intimidación y el temor causados por la violencia se desprendieran de sus terrenos, aniquilando la expectativa de adjudicación que en ellos yacía.”

Por todo esto, la sentencia ordena la restitución a Ester Lucía Torres Novoa, Benicia del Carmen Dilson Aparicio, Inés María Lagares Solano, Lusenid Barón Beltrán, Luz Mary Calderón Mendoza, Juan Benito Llanes Hernández, Dagoberto Negrete Martínez, Jhon Jairo Pérez Negrete, Luis Felipe Martínez Ballesta, Juan Manuel Ballesta Espitia y Ricardo Enrique Morales Hernández, de los predios  Lucerito (2.1 ha), Nápoles (3.9 ha), La Barquereña (2.1 ha), La Campesina (1.9), El Golfo (2.8 ha), No te afanes (1.9 ha), Lorica (0.9 ha), Amores nuevos (1.3 ha), Tigrillo (2.3), Lisfaneris (2.6 ha), La Mejorana (1.7 ha).

Fuente: Tribunal Superior de Antioquia.

También ordena que se les garantice cobertura en asistencia en salud a las  víctimas; a las secretarías de educación de Antioquia y Turbo, para que haya estrategias de permanencia escolar para los hijos de los solicitantes y que puedan acceder al Sena; a la fuerza pública, que brinde vigilancia y seguridad a las víctimas y que garantice de manera sostenible la restitución; a la Agencia Nacional de Tierras, para que priorice el acceso a programas y proyectos de subsidio familiar de vivienda.

No obstante, también se compulsan copias a la Fiscalía para que investigue a empresarios de Bananeras de Urabá, Uniban y Banacol; a Felipe Echeverri y a su madre Rosalba Zapata, representante legal de Bananeras de Urabá y quien, según la sentencia, había declarado: «A las Convivir sí aportamos todos los bananeros, eran legítimamente constituidas, aportábamos a través de la compañía (…) se aportaba por caja exportada, por descuento por Uniban.» 

Para Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, la que representó a nueve campesinos, “este tipo de procesos son los que deberían ir a la Corte Penal Internacional, para que no haya más impunidad. Aún no se han entregado los predios por las circunstancias de la pandemia. Estamos a la espera de que se levanten las restricciones para hacer la entrega material.”

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