Ramón Isaza repitió en múltiples ocasiones la historia de Los Escopeteros en el Magdalena Medio, un grupo pequeño de hombres armados de escopetas precarias con las que se enfrentaron al Frente IX de las Farc, entre 1977 y 1978, como reacción a las extorsiones por parte de la guerrilla de las Farc.
Este grupo habría sido creado en septiembre de 1977 “con el apoyo económico de un millón de pesos de Evelio Monsalve, Ignacio Ríos, Jhon Yepes y Carlos Salazar, ganaderos y madereros de la región. Con esa suma habrían comprado ocho escopetas”, dice el informe El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y en el cual se refieren a los orígenes del paramilitarismo en el Magdalena Medio, desde los primeros grupos de escopeteros hasta la expansión a distintas regiones del país y su desmovilización.
Pero cuando se refieren a Los Escopeteros de Ramón Isaza, el informe aclara que los escopeteros no existieron como sujeto o nombre propio, sino que fue el término utilizado por los paramilitares para referirse a las bases de campesinos armados que se encargaron de hacer labores de vigilancia, registro, control e información que debían entregar a los líderes de la organización.
Ramón Isaza se refirió en 2014 a sus inicios en este grupo de autodefensas, luego de regresar de prestar su servicio militar: “Vea, yo trabajaba como escopetero como tal (…) Me metí en eso obligatoriamente, porque esos ganaderos me hicieron meter a la brava, pero a mí no me gustaba eso. Y ya después de que uno se chamusca, después de que ya uno se quema, ya tiene que echar para adelante, para atrás ni para coger impulso. Entonces, eran los ganaderos los que se comprometieron esa vez a darnos la comida.”
A la par de que Isaza creó su creó su grupo en el corregimiento Las Mercedes, hoy perteneciente a Puerto Triunfo, hubo otro grupo similar de escopeteros que creó Celín Londoño, conocido como el Mono Celín en el corregimiento La Danta, perteneciente a Sonsón y ubicado en el Magdalena Medio. El del Mono Celín también surgió como respuesta a una incursión de las Farc el 23 de octubre de 1981.
Según el relato de varios habitantes de La Danta, incluido en el libro Con el miedo esculpido en la piel, ese día llegó un grupo de las Farc y reunió a todos los pobladores en el centro del caserío, en donde hoy está el parque. Ese día asesinaron a Manuel Gómez y a Luis Carlos Cañas, el inspector de policía y a seis personas más en la retirada. Dice el informe que a la par que crecían y se expandían los frentes guerrilleros, también surgían grupos locales de escopeteros “como formas de autodefensa, y la evolución de estos o la creación de otros, dan lugar a la configuración propiamente de las estructuras paramilitares”. Las guerrillas asesinaban a los inspectores de policía porque estos eran la figura del Estado contra el cual se habían alzado en armas.
Camilo Villamizar Hernández, relator principal del informe, asegura que “esta primera generación paramilitar en el país tiene su génesis en el Magdalena Medio, en Puerto Boyacá, en Cimitarra, Puerto Triunfo, en estos lugares donde se origina esa primera generación, desde donde se expande ese modelo a otros lugares del país. Esta investigación habla de los orígenes y factores que permitieron que surgieran allí el paramilitarismo”.
Los orígenes del paramilitarismo en Puerto Boyacá
Para el Centro Nacional de Memoria Histórica, el paramilitarismo en el Magdalena Medio surgió con pequeños grupos que se expandieron, fortalecieron y luego se unieron, “por disposiciones legales y decisiones tomadas desde altas esferas del gobierno Central”, facilitado por el Decreto 3398 de 1965, el cual encomendó a los ciudadanos a realizar “actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. A la anterior se le sumó la Ley 48 de 1966, con la que se respaldó institucionalmente la creación y apoyo a los grupos de autodefensa.
El investigador Mauricio Barón, autor de la investigación Apogeo y caída de las autodefensas de Puerto Boyacá: Del paramilitarismo a los señores de la guerra en el Magdalena Medio, habla de cuatro factores explicarían el surgimiento de estos grupos paramilitares: “1) la mediación entre sociedad y Estado fue ocupada por los movimientos disidentes al bipartidismo o por las guerrillas; 2) una débil presencia estatal representada solo por militares y policías; 3) la inoperancia de las instituciones encargadas de las soluciones agrarias y, 4) la presencia endémica de actores armados en la región.”
También hay otras razones que permitieron la creación del paramilitarismo en esa región. “La radicalización antisubversiva de las organizaciones criminales”, “la promoción de grupos de autodefensa por parte de las Fuerzas militares”, “la organización de los ganaderos a través de Acdegam” y “el fortalecimiento económico a partir de la alianza con el narcotráfico.”
El investigador Camilo Villamizar Hernández también se refiere a la existencia de un contexto internacional de Guerra Fría, de ahí surgen las guerrillas de tipo comunista y los Estados Unidos venden la idea del enemigo interno y exportan la doctrina de seguridad nacional. Es decir, Colombia no era ajena a ese contexto. Agrega que el paramilitarismo era legal en Colombia, había un marco legal que lo permitía. Sumado a esto, se refiere a un estado débil, con poca presencia en las regiones.
Por eso a finales de los setenta e inicios de los ochenta, cobra relevancia la figura de los escopeteros como forma de organización campesina, para enfrentarse a diversos problemas y actuar como grupos legítimos de autodefensa. “No obstante, los grupos constituidos por los Pérez, los Isaza o los Carreño, que dieron uso a la figura de escopeteros en su estrategia contrainsurgente, no pueden ser considerados como autodefensas sino como paramilitares, pues desde su creación contaron con el apoyo, promoción, armamento y entrenamiento del Ejército nacional, y dicha estrategia estaba considerada en los manuales de instrucción militar, decretos y una ley.”
Una de las primeras expresiones de paramilitarismo en el Magdalena Medio se dio en Cimitarra, Santander, en 1976, en donde miembros del Ejército y autodefensas amenazaban a habitantes de la región de colaborar con la subversión. Un año después apareció el grupo de Ramón Isaza. Él es la figura más importante de lo que fue esa expresión del paramilitarismo, aunque no el personaje principal en esa época. De aquellos años el informe también se refiere a Don Chepe, en La Dorada, Caldas; a Don Pedro y a Rigoberto Quintero, alias Braulio, en Yacopí, Cundinamarca; y al Mono Celín en La Danta, hoy Sonsón. Fueron estos grupos, según los relatos justificativos acopiados por los investigadores del CNMH, una reacción inevitable y espontánea de ganaderos y campesinos acorralados por la extorsión y secuestro de la guerrilla.
Luego estos escopeteros fueron conocidos como los masetos o miembros del MAS (Muerte a Secuestradores). El informe insiste en que el MAS se convirtió en sinónimo de paramilitarismo en varias zonas del país desde 1982, como una manera de ocultar las acciones encubiertas realizadas por el Ejército, acompañadas a menudo por grupos de civiles armados.
En cuanto a las autodefensas de Puerto Boyacá, la investigación se refiere a una reunión a mediados de 1982 que se dio entre los Pérez (Gonzalo, Marcelo, Henry y Heriberto) con los comandantes del Batallón Bárbula, creado en 1979, y ganaderos de la región. Dicha reunión la lideró el oficial Óscar Echandía, entonces alcalde militar de Puerto Boyacá. Desde entonces, ese grupo emprendería acciones contra personas consideradas guerrilleras o colaboradoras de estos grupos.
El Estado usurpado
La debilidad del Estado o la ausencia de este en el Magdalena medio permitió que en los ochenta el paramilitarismo “reemplazara o sustituyera de facto al Estado en algunas funciones tales como: la administración de “justicia”; el suministro de “seguridad”; la construcción de centros de salud, su dotación y atención; la construcción de escuelas, su dotación y el pago de maestros; y la instalación de tiendas cooperativas que a su vez servían como impedimento para la consecución de víveres de las guerrillas.”
Agrega el informe que entre 1994 y 2005, el Estado recuperó algunas de sus funciones, sin embargo, “en las comunidades rurales el paramilitarismo continuó siendo para una parte importante de la población, el único agente existente para la regulación de conflictos, la provisión de seguridad, la adecuación de vías terciarias y hasta la construcción de un barrio en Puerto Boyacá.”
El investigador Camilo Villamizar se refiere a que la característica más importante de un Estado es el monopolio de la fuerza, pero el Estado colombiano la delegó, y cuando ve que al delegar la fuerza en los grupos paramiltiares, este se convierte en un monstruo que ilegaliza en 1989, “pero con tan mala memoria histórica, las reactiva en 1994 a través de las Convivir”.
El proyecto paramilitar se consolidó con la creación de Acdegam en 1983, como fachada legal para el movimiento antisubversivo, financiado con ayuda indirecta de los gobiernos locales de Puerto Boyacá, así como por ganaderos, algunos de ellos que habían comprado tierras en la región con dineros del narcotráfico. Con Acdegam se canalizaron los recursos para los paramiltiares en logístico, armas, pago de sueldos. Henry Pérez se convirtió en la figura principal de esa organización, que luego recaudó impuestos y vacunas extorsivas a habitantes de la región, como lo hacían las guerrillas.
A finales de los ochenta vino la expansión de Acdegam y el modelo paramilitar, como modelo “exitoso de estructura armada y control social” hacia Meta, Caquetá, Putumayo, Bajo Cauca, Córdoba y Urabá, a donde llegaron por una relación entre Fidel Castaño y Henry Pérez. Dice el informe que “la labor antisubversiva de estos grupos armados enviados desde Puerto Boyacá a estas zonas, además del envío de ejércitos privados ligados al narcotráfico y otros intereses, se basó en el exterminio de opositores de izquierda y de líderes sociales y civiles que consideraban que apoyaban a la guerrilla.”
El informe del CNMH, según Camilo Villamizar, muestra cómo durante 25 años, los grupos paramilitares en el Magdalena Medio impusieron un orden violento, “periodo en el cual se disputaron la institucionalidad en esta parte del país; se enriquecieron a partir del narcotráfico, el hurto de combustibles y las extorsiones; y perpetraron torturas, homicidios, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados, violencia sexual y reclutamiento ilegal.”
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