No hay voluntad para hacer justicia en casos de violencia sexual contra mujeres indígenas: Lejandrina Pastor

La Guajira, Chocó, Atlántico, Bolívar y Guaviare, son los departamentos donde las mujeres indígenas sufren más violencia sexual, según la Organización Nacional Indígena de Colombia.

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Ilustración: Didier Pulgarín

*Texto publicado en Hacemos Memoria

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, 118 mujeres indígenas fueron víctimas de violencia sexual en Colombia según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal. La cifra se conoció luego de que en los medios de comunicación se difundiera la denuncia sobre la violación a una niña Emberá Chamí por siete soldados del Batallón San Mateo, adscrito a la Octava Brigada del Ejército, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, el pasado 21 de junio. Ver: investigan 118 casos de violencia sexual contra mujeres de comunidades indígenas

De acuerdo con Lejandrina Pastor Gil, integrante del pueblo Wiwa y consejera de mujer, familia y generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), este es solo un caso de cientos, la mayoría de ellos silenciados por falta de garantías institucionales.

Hacemos Memoria habló con Lejandrina con el fin de conocer cuál es el panorama de la violencia sexual contra los pueblos ancestrales de Colombia. En la entrevista, la lideresa reveló que cuando las comunidades y organizaciones indígenas buscan justicia en casos de abuso sexual que involucran a militares o sacerdotes, encuentran complicaciones.

¿Cuáles son las dificultades que encuentran ustedes para el trato de casos de abuso sexual en mujeres indígenas?

Yo llevo tres años de estar en la consejería de la ONIC. Cuando entré encontré algunos trabajos sobre violencia contra las mujeres. Luego hubo una resolución emanada por las autoridades de la organización que daba cuenta de que, desde el 2015, se pedía abordar este tópico con mucha seriedad y profundidad. Sin embargo me preocupó algo, y es que el tema de las mujeres indígenas estaba traspapelado en todas las instituciones del Estado, sin unidad ni orden. Por ejemplo, recuerdo que nos dirigimos a Medicina Legal a coordinar trabajo y encontramos que no tenían la variable indígena bien categorizada. Luego le preguntamos a la Fiscalía cuál de los 115 pueblos ancestrales tenía el mayor índice de violencia contra las mujeres, niños y niñas indígenas, y encontramos no contaban con esa información; tenían casos, pero no había claridad sobre a qué pueblo pertenecían, incluso, estábamos revueltos con los casos de las comunidades afro.

Sobre lo que quiero hacer hincapié es que si no estamos bien categorizadas en las instituciones del Estado, entonces no hay voluntad para hallar justicia y nunca conoceremos las cifras exactas de violencia sexual. Esta es la principal debilidad que queremos superar. Tanto así que, para el eje de mujer, familia y generación del Plan Nacional de Desarrollo, exigimos consultas en los territorios para, de manera concertada, diseñar e implementar campañas orientadas a reducir la violencia contra las mujeres. Mire por dónde vamos y no hemos iniciado ese trabajo esperando respuesta del Estado. Entonces cree uno que no hay voluntad. Solo hasta este año nos dijeron las autoridades que la Guajira es el departamento con mayores casos de mujeres maltratadas. Por eso mismo ahora estamos mirando cuáles estrategias tomar. Es muy difícil, pero ahí vamos a pesar de las dificultades que trajo la pandemia.

Si bien la Fiscalía tiene cifra, es comprensible que no estén todos los índices, porque existen pueblos muy apartados y porque los funcionarios afirman que es que las mujeres indígenas no denuncian, cuando lo que pasa es que al momento de una mujer pone una denuncia, debe luego ir otro día, luego otro y luego otro, y esto es imposible porque muchas deben recorrer grandes distancias, incluso de días, para llegar a donde puedan instaurar la denuncia. Tenemos casos de mujeres abusadas hace 11 años, hace 15 años, sin que haya una respuesta contundente por parte de las autoridades que investigan. Entonces los altos funcionarios dicen que es que nosotras aportamos a la impunidad, sin tener en cuenta que hay muchas mujeres que deben coger un carro, una lancha o una bestia y andar por horas, muchas veces sin plata, porque no hay comisarías de familia en todas partes.

Ahora, cuando un hecho de violencia sexual, o cualquier otro tipo de violencia, ocurre dentro del pueblo, es decir, cuando quien comete la falta es un miembro de la comunidad, se ejerce un castigo, se aplica nuestra justicia. Pero si quien cometió el delito es alguien de afuera, hay que esperar tres, cuatro, cinco, nueve años para que los procesos judiciales avancen.

¿No existe una comisión en el gobierno que trate los casos de violencia contra las mujeres indígenas con el fin de facilitar este tipo de casos?

En una de las últimas reuniones que tuvimos con el Ministerio de Interior, otros ministerios y la Alta Consejería para los Derechos Humanos, nos pusimos en la tarea de concertar una comisión para las mujeres indígenas y nadie se quiso hacer cargo. Para el tema de la salud había un encargado, para el tema de educación también, pero nadie quería meterse con las mujeres. Luego de tres horas de discusión todo el mundo se paró de la mesa. Esta fue una forma de vulnerarnos y violentarnos aún más.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por este tipo de violencia?

Este año se ha disparado la violencia contra las mujeres. Los departamentos con los índices más altos son La Guajira, Chocó, Atlántico, Bolívar y Guaviare. Yo creo que fue por eso que se visibilizó en redes sociales el tema de la supuesta venta de mujeres Wayúu en La Guajira que desde la ONIC rechazamos y pedimos investigar. Lo peor es que muchos no vieron esa actitud como violenta ni reprochable. Entonces nos preguntamos ¿Cómo se llama eso? Por otra parte, en el Chocó los pueblos indígenas que más han sufrido son los Emberá por lo complejo del conflicto en el territorio. Y en el Guaviare se prendieron las alarmas por las mujeres Nukak, quienes por años han sufrido el conflicto armado. Allí se conocen casos de menores de edad violadas y explotadas por militares.

Esto no podemos desvincularlo de la falta de educación que hay dentro de los pueblos indígenas. No hay conectividad a internet ni escuelas dignas, es decir, nuestros niños y niñas no tienen esas herramientas que hacen que se apropien de los mecanismos con que cuenta el Estado, y eso genera una ignorancia que golpea fuerte a las mujeres. A esto se suma que la información que nosotros generamos no llega a los pueblos más apartados. Y lo peor ahora es que todos los programas del gobierno terminaron cayéndose con la llegada del coronavirus: los controles de embarazo, de planificación, todo eso. Esa también es una forma de violencia.

¿Cuentan ustedes con mecanismos para divulgar información preventiva sobre violencia contra las mujeres?

Ya que no tenemos un apoyo fuerte del Estado, nosotros contamos con nuestros propios mecanismos, aunque algo precarios. Cuando queremos divulgar información sobre el tema de violencia contra las mujeres, les pedimos a compañeros que tienen medios de comunicación cerca de nuestros territorios que difundan nuestras campañas. Y es que todos estos temas relacionados con abuso son difíciles de transmitir, entre otras cosas por la lengua.

Y cuando queremos difundir casos de abuso sexual y hay militares involucrados es más difícil aún. De hecho, cuando hablamos de este tema en la mesa de concertación con el gobierno colombiano, el año pasado, las consejeras mujeres dijimos que queríamos dar a conocer casos con militares, con sacerdotes, pero nada.

El tema de los medios es otra cosa, un asunto al que hay que sacarle un capítulo ya que, algunos de ellos no quieren tocar temas puntuales con las mujeres indígenas. Antes decían que los indígenas violaban y así por mucho tiempo el país quedó con esa imagen, y cuando queríamos dar a conocer casos en los que participaban personas por fuera de la comunidad no les interesaba.

Nosotros tenemos cero tolerancia ante hechos de violencia contra las mujeres y los niños de nuestros pueblos, por eso hemos fortalecido los procesos de justicia propia y, en lo posible, hacemos acompañamiento espiritual y cultural a aquellas mujeres a quienes se les fueron vulnerados sus derechos.