A finales de 2011, pocos meses después de que se aprobara en el Senado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el expresidente Juan Manuel Santos dijo en un evento en Urabá que esta Ley la haría efectiva contra viento y marea y que en cuatro años iba a restituir 3.5 millones de hectáreas despojadas en el país.

Sin embargo, en casi una década esta Ley y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no han avanzado como prometió el expresidente Santos. Solo han sido restituidas más de 375 mil hectáreas en todo el país y la URT ha rechazado más del 65% de las solicitudes presentadas. A esto se le suma iniciativas como la que lideró la senadora María Fernanda Cabal, quien impulsó en el Congreso de la República el proyecto de Ley 20 de 2019 para modificar la Ley de Víctimas, pues consideraba que en la práctica esta “ha tendido a convertirse en un instrumento de despojo de la tierra” o que “ha resultado ser la gestora de nuevas víctimas del actuar del mismo Estado.” Esta propuesta luego se cayó en el Congreso. Pero también hay posiciones controversiales como la del actual director de la URT, Andrés Augusto Castro, que le dijo el 10 de octubre del año pasado a la Corte Constitucional que no era necesario prorrogar esta Ley por una década más, a pesar del lento avance en la restitución de la tierra en el país.

Si bien la restitución de tierras tiene enemigos y defensores, esta ha permitido que en Antioquia 4.932 personas hayan recuperado su tierra, gracias a 938 sentencias proferidas por jueces y magistrados. La URT hoy se enfrenta a múltiples dificultades para avanzar en la restitución. Por un lado, está la posición política de su director nacional y del actual gobierno, los cuales no reconocen el conflicto armado, y por el otro los problemas de seguridad en el departamento, que en algunos casos ha sido una excusa para avanzar, y que impiden que los funcionarios vayan a algunos territorios a cumplir su labor; los ejércitos antirrestitución que han asesinado a policías que garantizaban la seguridad de funcionarios y víctimas y por las represalias contra los reclamantes de tierras. Solo en Urabá, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) documentó el asesinato de 25 reclamantes de tierras asesinados desde 2008.

Despojo y abandono de tierras en Antioquia

Antioquia está conformada por 125 municipios y solo dos (Hispania y Sabaneta) no tienen solicitudes de restitución. Para atender el departamento hay tres oficinas territoriales: una central ubicada en Medellín, otra en Apartadó (Urabá) y otra en Córdoba, que atiende el Bajo Cauca.

Eliana Jaramillo, Directora Territorial de Antioquia, asegura que en los 102 municipios que atienden “lo que se puede observar es que el fenómeno que prevalece es el de abandono (desplazamiento forzado) a raíz de las confrontaciones entre diferentes actores armados. Las regiones con mayor afectación han sido el Oriente, Suroeste (subregiones de Cartama y Penderisco), Nordeste y Magdalena Medio.” En el Oriente, por ejemplo, y según el Centro Nacional de Memoria Histórica, fueron desplazadas más de 125 mil personas entre finales de los noventa y comienzos de los dos mil. San Carlos fue uno de los más afectados por el desplazamiento y el abandono de las tierras.

Con relación al Urabá, la directora territorial de esa región, Dayra Reina, asegura que allí hubo dos picos de violencia en los que se presentó la mayor cantidad de despojos de territorios colectivos en 1996 y 2002. El despojo, dice, se dio “en su mayoría a través de ventas forzadas coaccionadas con o sin asesinato de residentes de la zona, aunque la presión de compraventa se dio de manera generalizada mediante presión ejercida por testaferros para comprar a los pobladores originarios a precios muy bajos.”

En el informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región de Urabá, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Fundación Forjando Futuros, la Corporación Jurídica Libertad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, aseguran que la disputa por la tierra en esa región “ha dado lugar a estrategias de violencia como el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado, las Convivir y el paramilitarismo, que favorecen el desarrollo e implementación de proyectos económicos en la región en medio de violaciones masivas de derechos humanos a las comunidades rurales: asesinatos, desapariciones, violencia sexual, desplazamiento forzado, y exterminio de la disidencia política y de las expresiones sindicales.”

El conflicto armado

En Antioquia, en los municipios de Necoclí, Turbo, Amalfi, Briceño, Ituango, Remedios, Segovia, Anorí, Valdivia, El Bagre, Zaragoza y Tarazá aún no es posible avanzar en la restitución, estos hacen parte del 20% de municipios del país en los que aún no inicia la restitución, entre otras razones, según la URT, por la presencia de actores armados.

No obstante, hay casos emblemáticos. Asegura Eliana Jaramillo que San Carlos, Granada, Montebello y San Roque son algunos de los municipios con más avances en Antioquia, “en términos de sentencias de restitución de tierras se resaltan algunas emblemáticas como las de El Jordán (San Carlos), La Alondra (Maceo), San Antonio y Cristales (San Roque), y recientemente La Galleta (Montebello)”, en donde el Tribunal Superior de Antioquia reconoció a 12 exmiembros de la Corriente de Renovación Socialista como víctimas de homicidio, desaparición y desplazamiento forzado por miembros de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia.

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En El bajo Cauca, Diana Montalvo, directora territorial de Córdoba, asegura que uno de los casos más significativos fue la restitución de 6.233 metros cuadrados a la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tigre 1, en zona rural de Caucasia. Resalta, además, que en marzo del año pasado “18 familias víctimas de las bandas criminales recibieron la sentencia que les devuelve 297 hectáreas del predio de mayor extensión llamado El Alba, ubicado en la vereda Anará del municipio de Cáceres.”

En cuanto a Urabá, la directora territorial Dayra Reina asegura que los principales logros se han dado en San Pedro y Turbo, “marcadas por el abandono y despojo de tierras, ya que fueron zonas de concentración y entrenamiento paramilitar”. Uno de los casos más significativos sucedió el pasado 12 de marzo, cuando el Tribunal Superior de Antioquia ordenó la restitución de doce predios, pero compulsó copias del expediente a la Fiscalía, por la posible ocurrencia de delitos de los empresarios Rosalba Zapata y Felipe Echeverri Zapata, dado que, “presuntamente, crearon la trama del despojo que resultó favoreciendo a Bananeras de Urabá S.A., empresa que entró a ocupar y explotar indebidamente las tierras”, pero también se pidió investigar la posible “financiación voluntaria a grupos paramilitares” por parte de empresarios de Bananeras de Urabá S.A., Banacol y Uniban.

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En un informe reciente, el IPC, Forjando Futuros, la Corporación Jurídica Libertad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz aseguran que en las 5.611 sentencias de restitución de tierras en el país, se encontró que 66 empresas, entre multinacionales, agroindustrias, mineras y bancos, fueron condenadas a devolver las tierras a campesinos y comunidades étnicas. Algunas de ellas algunas bananeras, palmeras y ganaderas del Urabá.

Si bien se trata de casos emblemáticos, dice Dayra Reina, aún se enfrentan “a la problemática de orden público y a pesar del respaldo de la Fuerza Pública al proceso de restitución, no se puede desconocer que esto ha llevado a que varias diligencias judiciales sean aplazadas por largos espacios de tiempo, lo cual dificulta el avance de esta política de Estado en el Urabá”.

Seguir restituyendo

El 5 de diciembre de 2019, la Corte Constitucional decidió ampliar por una década más la Ley de Víctimas, que finalizaba en 2021, hasta el 7 de agosto de 2030, a no ser que el Congreso decida extenderla por más tiempo. Mientras la URT dice que fueron abandonadas o despojadas más de 3.5 millones de hectáreas, organizaciones como Forjando Futuros aseguran que se trata de 6.5 millones.

En el país se han presentado más de 125 mil solicitudes en nueve años, de las cuales 21.699 corresponden a Antioquia. Dice la URT que 3.752 están en trámite y que 4.070 demandas ya fueron presentadas ante jueces y magistrados especializados. La representante a la Cámara Juanita Goebertus asegura que a este ritmo la restitución de tierras y la indemnización de las víctimas del conflicto tomará más de sesenta años, mucho más de la década que le queda a la Ley.

Un nuevo inconveniente es la emergencia ocasionada por el COVID-19, que implicó la suspensión de los procedimientos administrativos de la URT, aunque esperan radicar cerca de 200 demandas en Antioquia.

Por otro lado, el Congreso rechazó la amenaza que implicaba el proyecto de Ley 20 con el cual el partido Centro Democrático esperaba modificar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Entre las propuestas estaba que los campesinos fueran los encargados de demostrar el despojo, por lo que se invertiría la carga de la prueba. Para algunos sectores políticos y de Derechos Humanos era desdibujar la actual Ley.

Aun así, y pese a las dificultades, la restitución de tierras continúa avanzando en Antioquia a un ritmo inferior del que se prometió el expresidente Santos cuando dijo que implementaría la Ley “contra viento y marea”.

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